Especulación de precios por emergencia sanitaria  

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Además de la zozobra por la presencia del Covid-19, los hondureños se enfrentan a otra dura realidad: el alza y la especulación de precios de los productos de primera necesidad.

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Las horas pasan y los precios van en alza, sin que hasta el momento aparezca la Fiscalía Especial del Consumidor, que argumenta su inmovilidad a la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).

Ante la desidia del Estado y el agiotaje de los empresarios y comerciantes, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica en Honduras (Adecabah), Adalid Irías, dijo que la protección al consumidor pasa por una verdadera voluntad política apegada a soluciones tangibles y reales en momentos de una emergencia sanitaria.

En el marco de la emergencia, la Dirección de Protección al Consumidor, adscrita a la secretaría de Desarrollo Económico habilitó desde el 18 de marzo la línea 115, para que los consumidores denuncien los abusos.

Para el defensor de los consumidores habilitar una línea telefónica para la denuncia, no evitará la especulación en los precios de la canasta básica y productos de primera necesidad. “Estamos en un contexto de sobrevivencia y si la gente tiene el dinero para comprar, va a comprar aún y cuando sea consciente que está pagando cinco, diez o cien veces más que su precio”, consideró.

El presidente de la Adecabah, dijo además que no solamente se trata de alimentación y productos de primera necesidad, ya que en la mayoría de los hogares “la cuarentena se sobrepasa gracias a la tecnología, el internet y las telefonías son básicas, y en muchos de los casos el servicio es costoso y de muy mala calidad y sin ningún tipo de sanciones”.

El 18 de marzo la secretaría de Desarrollo Económico anunció el inicio de operativos para evitar la especulación en los precios de la canasta básica y productos de primera necesidad, en las principales ciudades de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Santa Rosa de Copán

El gobierno decretó además un “congelamiento de precios absoluto”, a fin de garantizar que no se cometan abusos contra la población. Sin embargo, la medida solo ha quedado en el papel de un comunicado gubernamental.

Desalojos y privilegios

El 23 de marzo se produjo el primer desalojo violento por parte de la Policía Nacional y Militar a locatarios y compradores del Mercado Zonal Belén de Comayagüela, bajo el argumento del cumplimiento del toque de queda.

Ese mismo día, en horas de la noche, la secretaria de Seguridad instruyó el cierre y militarización de todos los mercados con la finalidad de evitar la aglomeración y evitar el contagio por el Covid-19.

Los desalojos por parte de los policías y militares continuaron el marte 24 de marzo en los mercados de las ciudades de San Pedro Sula, en la zona norte y en Comayagüela, en la capital del país.

Ante el desalojo de los mercados, las autoridades señalaron que el suministro de productos a la población queda habilitado por medio mercaditos, abarrotes y pulperías, en cada una de las comunidades

Mientras los mercados son cerrados y militarizados, cadenas de supermercados realizan ventas a través de aplicaciones en línea que llevan los productos hasta la comodidad de los hogares de los compradores.

“Las compras en línea son una estafa y uno debe estar consciente de esto, pues ellos se están aprovechando. Por GLOVO, hice una compra de alimentos y en la factura final ponen un precio que no es el mismo que el que aparece en la etiqueta del producto, aparte del pago por la entrega y que uno debe recibir lo que le entregan sin derecho a cambio”, denunció a CRITERIO, un usuario de glovoapp.com.

Este medio también tuvo acceso a denuncias sobre la apertura exclusiva de Supermercados La Colonia de la colonia La Torres de Comayagüela a clientes selectos. El lunes 23 se atendió solamente a empleados del Ministerio Público, el martes 24 la atención fue para empleados y allegados al Comité Permanente de Contingencias (Copeco).

especulación de precios
Por disposición del gobierno los supermercados deben permanecer cerrados para la atención al público y autoriza sus actividades solamente en línea. Sin embargo, la imagen demuestra que los portones están siendo abiertos a «clientes selectos».

La denuncia retrata y confirma la corrupción que impera en Honduras y refleja que, aún en medio de la crisis sanitaria los privilegios persisten, mientras los pobres de la periferia son desalojados de manera violenta por los policías y militares cuando acuden a los mercados en busca de alimentos.

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