Pueblos olvidados
Los lencas de Honduras víctimas de la guerra salvadoreña, exigen ser un municipio
En esta quinta entrega del especial Pueblos Olvidados visitamos Nahuaterique, un territorio donde en 1992 sus pobladores lencas se durmieron siendo salvadoreños y se despertaron hondureños. Hoy esta comunidad le exige al Estado de Honduras que los reconozcan como un municipio.
Por: Ariel Torres Funes
Fotos: Horacio Lorca
«A mí, de sufrir que nadie me cuente». Con esta frase, Gumercindo Hernández resume el sentir del pueblo lenca de Nahuaterique, víctima de la guerra civil de El Salvador y olvidado por el Estado hondureño, desde que en los noventa lo integrara a su territorio tras una larga disputa con el país vecino.
A Gumercindo, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) —la fracción guerrillera más influyente de El Salvador en los ochenta— le asesinó a un hijo, lo secuestró durante cien días y lo reclutó de forma forzada durante seis años. Ni él mismo sabe bien cómo sobrevivió.
«Yo nunca entendí qué es lo que buscaba la guerrilla, porque esas cosas no las hablaban con uno. A mí me tocaba cargar por las noches a los muertos en el lomo», recuerda este campesino de 83 años, quien durante la guerra utilizó el sobrenombre de Óscar.
Con trece años de conflicto armado en su memoria (1979—1992), seis de ellos enfilado, Gumercindo confiesa que hoy en día aún tiene pesadillas. «Cuando me acuerdo no puedo dormir, con frecuencia sueño cómo mataban a la gente, cómo los degollaban, cómo se cometían masacres», relata.
«Acá el pueblo lenca sufrió mucho durante el conflicto armado, familias enteras fueron asesinadas y desaparecidas. Todas sus muertes quedaron impunes», agrega Pedro Amaya, ahora coordinador general del Autogobierno Indígena Lenca de Nahuaterique, la mayor representación de esta comunidad.
Hace cuatro décadas, este pueblo fue un bastión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), conformado en 1980 por cinco grupos armados. «Aquí estuvo la Radio Venceremos, había cuarteles importantes de la guerrilla», recuerda con cierto orgullo Amaya.
Al ser una de las bases de la insurgencia, en este exbolsón, tanto la guerrilla como la Guardia Nacional de El Salvador y el ejército hondureño operaron a costa de su población, calculada en seis mil habitantes en 1992 cuando se selló la paz. Ahora supera los diez mil pobladores.
«Después de firmarse el alto al fuego, pasamos al territorio de Honduras. Eso fue un nuevo capítulo para nosotros, pero nos insertaron en una sociedad dónde no éramos bien vistos por las autoridades ni por los militares, al tildarnos de guerrilleros», explica Amaya, capturado y torturado por el ejército salvadoreño en 1980, también interrogado por el hondureño años después.
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Pasado guerrillero, pero todos víctimas
En realidad, muchos de los pobladores de Nahuaterique sí tienen un pasado guerrillero. Pero orillada, obligada o secuestrada, probablemente la mayoría no se armó por decisión propia. El caso de Gumercindo es un ejemplo. Aunque otros entraron por su militancia política, como Pedro Amaya.
«Mi incorporación al movimiento social fue desde la iglesia católica. Trabajé en el área social desde el inicio de la guerra, pero en 1988 me llamaron para ser parte de los frentes armados del ERP», narra Pedro, quien tenía 32 años cuando se sumó a la lucha armada.
«Al ver la injusticia, cómo desaparecían, cómo torturaban, comencé a trabajar con un librito que se llama la Carta de los Derechos Humanos de 1948, donde dice que aún en las guerras la vida es un derecho», añade.
La historia familiar de Jesús Chicas, el secretario del autogobierno lenca, es similar a la de Pedro. Con menos de treinta años, él nació después de la guerra, pero los relatos están presentes en su casa, «mi papá fue un líder importante de la guerrilla, es un amante de la lucha, de la memoria histórica, siempre recuerda a todos los caídos», comparte.
Otras personas como Victoria Hernández emigraron a raíz del conflicto. Como ella, se estima que 20% de la población salvadoreña se desplazó o se refugió en otros países. «Me fui porque me querían reclutar, en ese momento yo tenía claro que no quería morir, sino vivir. Mi hermano se quedó y murió», recuerda.
Apenas se indaga aparece el pasado de los habitantes de Nahuaterique. No hay familia sin historia, sin tragedia ligada al conflicto. Los victimarios son los que se confunden en sus relatos. En algunos casos mencionan a la misma guerrilla, al ejército salvadoreño o al hondureño.
«Los ejércitos hacían maniobras conjuntas, todos los días ametrallaban, disparaban morteros que venían a caer a Nahuaterique, aquí en esta plaza estuvo el ejército hondureño en 1981, comandando la zona», señala Amaya. Su relato contradice al Estado de Honduras, quien siempre negó que sus Fuerzas Armadas se involucraron directamente en la guerra vecina.
Enrolados o no en los grupos armados, los testimonios coinciden en que todos fueron víctimas de un conflicto que dejó heridas aún no sanadas, si es que es posible hacerlo. No es para menos, se estima que en la guerra fallecieron unas 75 mil personas, en aquella década, el 2% de la población salvadoreña, la mayoría civiles (80%). Nahuaterique fue de las regiones más abatidas.
«Acá murieron personas totalmente indefensas, que no pertenecían a ningún gremio político», añade Pedro Amaya, quien también por «milagro» sobrevivió a los innumerables combates que enfrentó.
Pero al finalizar la guerra, un giro inesperado les esperaba a los pobladores de Nahuaterique, cuando sin previo aviso, seis meses después de los Acuerdos de Paz, un fallo en la Haya los convirtió en hondureños. «Nos dormimos siendo salvadoreños y nos levantamos como hondureños», resume Gumercindo.
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Un recibimiento armado
Nahuaterique tiene 142.9 kilómetros cuadrados. Es llamado un exbolsón por su disputa entre El Salvador y Honduras. Con una baja densidad poblacional, pero rico en recursos naturales, sus tierras tienen tres aldeas: Nahuaterique Centro, Carrizal y El Zancudo; compuestas por 37 comunidades, aldeas o caseríos.
La riña territorial no era nueva para Nahuaterique, peleada desde el siglo XIX entre ambos países. Pero el 11 de septiembre de 1992 un Fallo de la Corte Internacional de Justicia resolvió en La Haya a favor de Honduras, a pesar de que este territorio perteneció al El Salvador durante 160 años.
«Ese día fue bien raro porque nosotros nos sentíamos más salvadoreños que hondureños», comenta Victoria Hernández, una mujer de 59 años, de la aldea del Borbollón, a unos treinta minutos a pie del centro de Nahuaterique.
Miguel Argueta era un adolescente cuando le cambiaron la nacionalidad. «Fue difícil, porque teníamos que adaptarnos a las nuevas leyes, diferentes a las de El Salvador», comenta a Criterio.hn este pequeño caficultor.
Tras la decisión tomada a nueve mil kilómetros de distancia, en los Países Bajos, Nahuaterique quedó en el limbo. Cercano a los municipios salvadoreños de Arambala y Perquín, y a los hondureños de Santa Elena, Yarula, Marcala y Cabañas, sus pobladores no sabían a quién avocarse. Aún no lo tienen claro.
La noticia la recibieron por la radio. Ningún alcalde se presentó a acoger a los nuevos ciudadanos, quienes ese día despertaron en un territorio militarizado, cuando la guerra había terminado. «El recibimiento lo dio el décimo batallón de infantería con su artillería pesada, nosotros no los queríamos a ellos, porque habían asesinado gente indefensa de este pueblo», señala Amaya.
Más que recibirlos, los militares hondureños buscaban exguerrilleros, como si la guerra fría no terminara. «Nos consideraban una amenaza. Recuerdo que el comandante me preguntó si yo había combatido, yo le respondí que estaba orgulloso de haber participado en el proceso revolucionario», comenta Ayala.
El militar que interrogó a Pedro era Luis Alonso Cordón, señalado en 1993 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser miembro de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), acusado de participar en casos de secuestros y torturas en los ochenta.
Seis años después de incorporar Nahuaterique a Honduras, el Estado ratificó la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos, permitiendo la doble nacionalidad y comprometiéndose a desarrollar su territorio. Pero fue hasta 2009 que recibieron sus cédulas de identidad hondureña.
Fue también en 2009 cuando la comunidad comenzó formalmente su proceso para solicitar ser un municipio hondureño, conformando un autogobierno lenca, tras una consulta donde se definieron como parte de esta etnia.
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Olvidados por Honduras
«Honduras peleó la tierra, no su gente», opina a este medio Brayan Paz, de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (Asonog), la única entidad con presencia en Nahuaterique.
La tierra que menciona Brayan es de vocación forestal, agrícola y ganadera, con una altura que oscila entre los 1500 y 1800 metros sobre el nivel del mar, idónea para el cultivo de café, el principal rubro productivo de sus pobladores. Pero, sobre todo, el mayor interés del Estado hondureño en este territorio es controlar la aduana de La Concordia.
«Desde el 1992 fuimos abandonados por completo. No somos de nadie, no somos nada para el Estado hondureño», reitera Victoria, quien como la mayoría de las mujeres de Nahuaterique, viajó a El Salvador a dar a luz a sus doce hijos, «porque allá dan una mejor atención». Tres de ellos murieron jóvenes.
El gobierno de Honduras tiene tres centros de salud en la zona, con apenas un médico, cinco enfermeras y una promotora social. «Además aquí no hay medicamentos, por eso la gente se va a El Salvador para ser atendidos», señala Amaya. Una prueba es que el país vecino envía cada año tres brigadas médicas en las áreas de salud sexual y reproductiva.
En 1998 ambos países acordaron velar por la población de este pueblo, «pero hasta hoy, el lado salvadoreño se preocupa un poco más por nosotros», dice Amaya. A su costado cuelgan afiches de políticos hondureños y salvadoreños, conscientes que acá los habitantes votan en los dos países.
Debido al abandono hondureño, los pobladores de Nahuaterique buscan a las municipalidades aledañas de El Salvador para que apoyen sus proyectos, no solamente sanitarios. «La alcaldía de Arambala arregló nuestra carretera, porque las hondureñas nunca respondieron», sostiene Miguel Argueta.
Las municipalidades de Santa Elena, Yarula, Marcala y Cabañas comparten la administración de Nahuaterique para manejar su aduana, «ese es su verdadero interés, porque lo demás está olvidado, acá tenemos escuelas que tienen más de tres décadas sin ser reparadas», agrega Pedro.
En Honduras una aduana fronteriza es más un problema que una oportunidad de desarrollo. Para los indígenas, como sucede con los misquiitos en Gracias a Dios, o con los chortís en los departamentos de Copán y Ocotepeque, vivir en la frontera es una amenaza que los deja a expensas del tráfico ilegal.
«Este es un corredor del narcotráfico, la droga pasa entre ambos países, es una ruta de paso, aunque por su posición geográfica podemos decir que todavía no es un punto de referencia para ellos, como es la frontera con Guatemala», explica el representante de Asonog.
Así, la inseguridad empieza a ser otro problema, sobre todo después de las políticas antipandillas del gobierno salvadoreño. «No sale en las noticias, pero hemos tenido asesinatos brutales. Hace unos meses llegaron unos mareros y le cortaron la cabeza a un señor que ordeñaba sus vacas, ese fue un mensaje como para decir “aquí estamos y traemos terror”», comenta Paz.
El aumento de la inseguridad es otra consecuencia del abandono del Estado hondureño en Nahuaterique, donde las postas policiales más cercanas están en Cabañas y Santa Elena, sumando en total seis agentes.
A raíz de esta larga lista de problemas, los pobladores exigen ser un municipio. «Si nos convertimos en un municipio nuestro pueblo será diferente, vamos a recibir ayudas. Ya no habrá que moverse tanto para poner denuncias o para ir a un hospital», comenta Victoria, desanimada con el gobierno de la mandataria Xiomara Castro, a quien apoyó durante su campaña política.
Un nuevo municipio
La Constitución hondureña no contempla a los autogobiernos. Sin embargo, el Autogobierno Indígena Lenca de Nahuaterique es la vía de los pobladores para ser tomados en cuenta. Su principal exigencia es ser un municipio.
«El autogobierno no tiene una validez jurídica, pero les permite hacer algunas gestiones para suplir sus necesidades», explica Brayan Paz, abogado del Asonog, quien hace un llamado a La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) para que se pronuncie sobre esta petición ciudadana.
La demanda es compleja. La Ley de Municipalidades establece algunos requisitos: tener una población mayor a 30 mil habitantes, garantizar un ingreso anual igual al 50% de su municipio y tener un territorio no menor a 40 kilómetros. El último municipio creado en Honduras es el de Nueva Frontera, en Santa Bárbara. Eso fue en 1997.
«Pero los artículos 15 y 16 de la Ley hablan de la creación de municipios por especialidad, por interés estratégico. Es el Legislativo quien lo decide», explica Amaya, presidente del autogobierno. A su favor, el fallo de La Haya nombró a Nahuaterique como un «territorio especial».
Los habitantes creen que como municipio superarían el limbo administrativo que enfrentan. «La inversión va a venir directamente acá, ya no queremos que nos sigan utilizando como escalera», asegura Julia López, una pobladora de la aldea La Quebrada.
Brayan Paz explica a Criterio.hn el contexto. «A los cuatro municipios cercanos (Santa Elena, Yarula, Marcala y Cabañas) no les interesa que esta comunidad obtenga independencia, por lo que implica en términos de recursos naturales y financieros, comenzando porque es un territorio fronterizo donde controlan muchas cosas».
La explotación de los recursos naturales en estos municipios se aceleró en los últimos años, a pesar de que Nahuaterique se encuentra en el corredor seco de Honduras, afectado por las sequías y el cambio climático. «La instalación de hidroeléctricas y la tala despiadada de los bosques son luchas que libramos, con líderes desplazados y amenazados por oponerse a los proyectos», señala.
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Una zona en conflicto
A nivel nacional, en los territorios lencas existen diez proyectos en explotación y once solicitudes mineras, además de seis hidroeléctricas (y nueve en suspenso), siendo la etnia más afectada por el modelo extractivista en el país. El caso de Berta Cáceres y su oposición a la construcción de la represa Agua Zarca es representativa para conocer lo que enfrentan decenas de comunidades lencas.
En el municipio de San José, a unos kilómetros de Nahuaterique, en el 2010 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) concedió un permiso de operación a la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V. por un período de 30 años para construir la represa La Aurora I.
El proyecto Aurora I, propiedad de la exdiputada nacionalista Gladis Aurora López, señalada por Estados Unidos en la lista Engel y acusada por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), ha generado múltiples problemas sociales y ambientales.
«Este proyecto causa daño a la población lenca, porque lo instalaron en la parte alta del río, entre los municipios de San José y Cabañas, donde recogen el agua y por tubería la mandan directo a la hidroeléctrica. Entonces la gente ya no puede irrigar sus cultivos y consumir de esa agua», explica Brayan Paz.
Nahuaterique es uno de los principales abastecedores de agua en la zona. Por esta razón, sus pobladores se oponen a estas concesiones, «nosotros le damos agua a Santa Elena, Yarula, Colomoncagua, incluso a Perquín y a Arambala en El Salvador», dice Amaya, considerado un defensor ambientalista.
Brayan Paz también resalta la tala ilegal de madera en la zona, que se realiza con el permiso y a espaldas de los Planes de Manejo que concede el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
«Con el nuevo gobierno el ICF no ha cambiado. Su discurso ahora es bonito, alentador, pero en la práctica siguen siendo los mismos de antes. El problema es que en puestos claves metieron activistas», opina Brayan.
Oponerse a los proyectos extractivistas es un riesgo que enfrentan los pobladores. «Los defensores son criminalizados, desplazados o asesinados por estar en contra de estos proyectos», señala el representante de Asonog.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en Honduras, solamente durante el primer semestre de 2023, se reportan 532 agresiones contra defensores, 74% se dio por defender sus tierras y territorios.
Pedro Amaya es uno de estos defensores amenazados, para protegerse, en 2016 tuvo que salir de su comunidad. Sin embargo, a su regreso la situación no ha cambiado.
Antes de dirigir una asamblea del autogobierno, Criterio.hn le consulta a Pedro sobre su sentido de pertenencia. Este exguerrillero reflexiona unos segundos. «Primero soy lenca, luego soy hondureño. Pero, sobre todo, soy orgullosamente de Nahuaterique», responde.
