Privilegios fiscales: el entreguismo de la economía hondureña
El pasado 15 de septiembre se conmemoraron los 200 años de la independencia de Honduras. Lejos de celebrar, la desigualdad, el modelo extractivista, la violencia y la concesión del territorio nacional, son algunas de las problemáticas que cuestionan los avances logrados por el país en los últimos dos siglos.
Bajo este contexto, Criterio.hn presenta el especial «Honduras en Venta», con el cual investigamos el trasfondo y las consecuencias de las políticas extractivistas y entreguistas impulsadas en nuestro país. En esta primera publicación analizamos los privilegios fiscales que reciben miles de personas y empresas en Honduras, sacrificando la economía nacional.
Tegucigalpa. –Honduras no sale de la precariedad de su economía. Los números rojos prevalecen. Solamente en los últimos cuatro años, se estima que el gobierno de Juan Hernández dejó de ingresar 172.7 mil millones de lempiras en pago de impuestos, bajo la excusa de atraer inversiones, generar empleos o evitar conflictos sociales.
La suma no es poca. Para dar una idea, 172 mil millones de lempiras ajustaría para mejorar la condición de los 123 mil centros educativos y de los 29 hospitales públicos que existen a nivel nacional, o alcanzaría para emplear a más de siete mil médicos o a miles de maestros que aguardan una oportunidad. Pero esas realizaciones son un sueño y. mientras tanto, en la espera, millones de hondureños enfrentan las carencias de un sistema que les niega el acceso a los derechos fundamentales de vida, pero al que sostienen con el pago de sus impuestos.
Doña Orbelina Martínez es una de esas personas. Ella creció en una aldea cercana al municipio de Concepción de María, en el sureño departamento de Choluteca. De familia campesina no tuvo más educación formal que aprender a leer y escribir. Su definición de qué es un impuesto es muy clara: «lo que tengo que pagar para que no me cierren la truchita».
«Cuando vivía en Tegucigalpa me tocaba pagar dos impuestos: el de “guerra” para la “mara” y los de la alcaldía, ahora que me mudé a una aldea cerca de Valle de Ángeles donde me ahorro el de la “mara”, pero no el pago a la alcaldía», afirmó en tono resignado.
Su pulpería la atiende desde una pequeña ventana. Vende lo básico para los vecinos y con esa actividad obtiene ingresos modestos para apoyar la subsistencia de su familia. «A principios de cada año pago 500 lempiras a la alcaldía para renovar el permiso de operación y al final del año unos 2,500 lempiras como impuesto de ventas», explica.
¿Qué pasa si no los paga?, le preguntó Criterio.hn, y su respuesta fue tajante: «me lo cierran». Pero esos no son los únicos impuestos que doña Orbelina paga ya que «los vendedores que vienen para abastecerme también me cobran impuestos y a veces no, pero es que ya los tienen incorporados en el precio».
¿Quiénes sostienen la economía?
Sin ser economista, pero si consumidora de bienes, doña Orbelina abordó un tema de fondo y es que, en Honduras, similar al resto de Centroamérica, los ingresos tributarios dependen principalmente de impuestos indirectos, entre los que destacan los impuestos sobre ventas. A esa gran bolsa contribuyen fundamentalmente los sectores de menores ingresos
El Impuesto Sobre Ventas es el impuesto con mayor porcentaje de participación dentro del gasto tributario, casi 60 % del total, lo que en el 2020 representó 23,199 millones de lempiras.
Entrar en detalles estadísticos sobre quiénes pagan o no impuestos en Honduras es complejo. Para empezar, en los registros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) aparecen, en el presente año, al menos 23,603 personas o empresas a quienes se les privilegia en el pago de impuestos. Allí hay de todo; desde exenciones justas, como en el caso de los adultos mayores o los maestros, hasta las grandes empresas extractivistas.
Lo evidente es que la política entreguista o de renuncia a los recursos públicos, casi siempre otorgada por razones políticas que se excusan en argumentos económicos, sociales o reivindicativos, data de hace muchos años y amenaza a seguir vigente otros más.
Una historia de entreguismo
Desde la frustrada construcción de un ferrocarril que atravesase a Honduras de norte a sur en el siglo XIX hasta el actual proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Estado hondureño mantiene una dinámica similar, adaptada a cada circunstancia y época, prometiendo que a cambio del sacrificio fiscal habrá más empleos, exportaciones y desarrollo.
El expresidente Julio Lozano Díaz (1954-1956) describía, sin pudor, como era la dinámica: «Principia el Estado por conceder el dominio de una zona minera mediante el pago de un pequeño impuesto anual; luego, otorga al interesado una concesión por un determinado número de años, eximiéndolo del pago de todo impuesto establecido y por establecer sobre su capital, sobre sus rentas y sobre todas sus propiedades. Le otorga además el privilegio de importar al país, libre de todo gravamen, su maquinaria y materiales necesarios para el funcionamiento de su empresa y le concede la franquicia de extraer y exportar, libre también de todo impuesto».
«De esa forma favorece el Estado al capital que llega a Honduras a dedicarse a la industria minera», puntualizó el exdictador.
¿En qué ha cambiado desde entonces la visión de los gobernantes? En la práctica, esa política se mantiene sin mayores cambios. El artículo No.4 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) establece lo siguiente: “El régimen fiscal especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios períodos de gobierno”.
Como lo advierten los especialistas, el tema fiscal merece una mirada de fondo, no sólo de los protagonistas de la política sino de la propia ciudadanía y de las organizaciones sociales. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el tema tributario no suele ser atractivo para la opinión pública, pero es esencial para mejorar o empeorar las condiciones de vida de la población.
Renuncia fiscal
Cuando se hacen las cuentas fiscales es evidente que los hechos muestran una realidad diferente a la prometida. Resulta que el Estado con sus ofrecimientos fiscales da más de lo que recibe y, como consecuencia, termina sin los fondos requeridos para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Además, por si fuera poco, se agregan nuevas deudas que pagarán los contribuyentes con más cargas impositivas.
Este 2021, por ejemplo, el «gasto tributario» o la «renuncia fiscal» redondeará unos 47.2 mil millones de lempiras. La Secretaría de Finanzas, citando al Banco Central, precisa que “la perspectiva del Gasto Tributario para los años 2020-2021 refleja que para el año 2020 se mantendrá en un 7 % del PIB, y para el año 2021 posiblemente represente un 8 % del PIB, en virtud de las cifras macroeconómicas establecidas por el Banco Central de Honduras (BCH), considerando el marco legal y que los mismos se encuentren constantes en los años referidos”.
En un contexto nacional de calamidad humana, de emergencia nacional, de ausencia de recursos y gasto electoral, es censurable que el Estado condone tantos impuestos sin que el prometido bienestar económico llegue. Eso hace preguntar al Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) Si ¿no es este, un momento oportuno para reflexionar sobre la estructura fiscal del país?
El Fosdeh plantea un debate en el que intervenga toda la sociedad, pero como el enredado lenguaje técnico oscurece el entendimiento colectivo, conviene primero aclarar ¿qué se entiende por «gasto tributario» o «renuncia fiscal»?
La propia Sefin lo define «como aquella recaudación que el fisco deja de percibir en virtud de regímenes impositivos especiales, su finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía; también se suele llamar a esta variable “renuncia tributaria”, aludiendo al hecho de que por esta vía el fisco desiste parcial o totalmente de aplicar el régimen impositivo general, atendiendo a un objetivo superior de política económica o social».
En resumen, “por esta vía” lo comprobable es que el Estado hondureño dejará de ingresar 47.2 mil millones de lempiras en impuestos, por lo que la inversión en obras públicas necesarias será baja.
El impacto de la “renuncia fiscal” se aprecia mejor al tomar en cuenta que en el presupuesto actual del país se destinaron 32 mil millones de lempiras para la Educación, 18 mil millones para la Salud, dos mil millones para el Ministerio Público, tres mil millones para el Poder Judicial y 39.9 mil millones para el «servicio» de la deuda externa.
Primer lugar en «gasto fiscal»
Obed García, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) aclaró a Criterio.hn que la figura del «privilegio fiscal» no es de por sí buena o mala, sino que depende de los objetivos que se busquen, de las medidas que lo complementan y de la transparencia con que se manejan.
Allí está la razón, de acuerdo con Obed García, de que la inversión extranjera no llegue en la magnitud que las autoridades prometen, puesto que rebajan o exoneran impuestos, pero no surgen otras condiciones que requiere el capital para expandirse, como la seguridad jurídica o una buena gobernabilidad interna.
Frente a las promesas incumplidas, quien termina pagando las «platos rotos» es la mayoría de la sociedad hondureña que reclama el cumplimiento de sus derechos y de sus demandas, mientras las autoridades alegan no contar con el presupuesto adecuado para atenderlas.
De hecho, Honduras ocupa el primer lugar de América Latina en gasto fiscal, estando por encima de los niveles reflejados en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Sudamérica para el año 2019, según reconoce la propia Sefin, con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Obed García, economista del Fosdeh, considera que de poco o nada sirve que se fomente la inversión mediante los privilegios fiscales, si en Honduras no existe seguridad jurídica.
Consultado al respecto por Criterio.hn, el destacado economista Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central y actual candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), subrayó que el gasto fiscal hondureño «en efecto es el más alto de América Latina, tanto que aún organismos como el FMI consideran exagerado ese nivel de exoneraciones que no se justifican y que quitan espacio fiscal para el fortalecimiento de programas sociales».
Privilegios repartidos en cuchara
Noé Pino fue más allá al puntualizar que «en buena parte, esta situación es resultado de la influencia política de sectores económicos que se valen de ello para obtener las exoneraciones».
A propósito de lo expresado por Noé Pino, la actual congresista por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, dijo a este medio que, «usualmente las reformas o leyes para favorecer las exenciones fiscales vienen del Poder Ejecutivo y así como llegan, así son aprobadas».
«Lógicamente, esos proyectos nunca son conocidos a fondo porque solo los llevan a la Comisión de Dictamen, allí piden que un grupo de técnicos lo expliquen un poco y al día siguiente pasa a la sesión dispensándoles dos debates, sin saber cuáles son sus repercusiones en las finanzas públicas o si se van a cumplir o no», añadió Gutiérrez.
En el caso de las ZEDE, la diputada comentó que los privilegios, las grandes exenciones y exoneraciones se repartieron a «cucharadas», sin ningún informe o valoración de cuánto sería su impacto fiscal, legal o constitucional.
Lo primero a cuestionar es cómo en un año de pandemia, con crisis económica y social y a las puertas de elecciones generales el próximo 28 de noviembre, el gasto tributario para el cierre de 2021 aumente en lugar de disminuir, habiendo tantas necesidades insatisfechas.
Lo que ingresa no ajusta
Una regla económica básica para una familia, e igual para un Estado, es que los gastos deben estar acordes con los ingresos. Un límite razonable es el presupuesto nacional que establece topes generales por los cuales orientarse. Sin embargo, en Honduras eso no ocurre o, más bien, ocurre lo contrario: se gasta más de lo que ingresa.
En diciembre de 2021 el Congreso Nacional aprobó el proyecto de presupuesto para el presente año por una suma inicial de 288.3 mil millones de lempiras, sabiendo que apenas obtendría 94 mil millones de lempiras vía impuestos. En otras palabras, el país arrancó este año con la necesidad de conseguir 194 mil millones de lempiras adicionales para medio ajustar las cuentas.
¿Cómo hacen los gobernantes para salir del lío? En la práctica, el presupuesto, que siempre aumenta en el transcurso del año, se termina de financiar a través de donaciones, ingresos no tributarios y, fundamentalmente, por endeudamiento externo e interno, además de nuevos impuestos.
Un temor válido de los contribuyentes es que el próximo gobierno, cualquiera que sea su color político, estará más insolvente e impondrá un nuevo «paquetazo fiscal» alegando que recibe cuentas públicas en estado de calamidad. Así pasa cada cuatro años, como un ritual predecible de sacrificio.
En contraste, hasta ahora ningún gobernante ha decidido iniciar su período revisando unas 200 leyes vigentes en las que descansa la «renuncia fiscal» del Estado y que reducen tanto los ingresos públicos.
Lea aquí: Las principales leyes que promueven los privilegios fiscales en Honduras
¿Quiénes son los privilegiados?
Entrar en detalles estadísticos sobre el gasto tributario es muy complejo. Valga señalar, por ejemplo, que en los registros de la Sefin aparecen, en el presente año, al menos 23,603 «personas jurídicas» y también «personas naturales» beneficiarias de exenciones en su pago de impuestos.
Una «persona jurídica» es una organización que busca cumplir un fin concreto y puede estar constituida por una o más personas físicas que actúan de modo conjunto a través de una única personalidad jurídica, respondiendo de sus acciones como un ente propio. Mientras una «persona natural», está formada por una sola persona y, en términos empresariales, puede funcionar como empresa individual o microempresa familiar.
En ese sentido, no todos los que figuran en la lista de beneficiarios son empresas transnacionales o inversiones nacionales, también se anotan las organizaciones privadas de desarrollo, cooperativas o grupos poblacionales específicos, como los discapacitados, los adultos mayores o los maestros.
En algunos casos la exención llega a tener rango constitucional, como en el caso de las ZEDE que se reformaron los artículos 293, 303 y 329 de la Constitución de la República para otorgarles una autonomía que violenta postulados elementales relativos a la soberanía y forma de gobierno, así como principios claves relativos a la igualdad y al debido proceso, entre otros. Son reformas constitucionales que incluso se hacen sin contar con los votos necesarios de ley.
Tomando como referencia los últimos datos estadísticos correspondientes al 2019, el siguiente es un cuadro de sectores favorecidos y montos dispensados:
Los sectores favorecidos
La tendencia que se repite año con año es que el mayor peso del gasto tributario descansa en exenciones en el Impuesto Sobre Ventas (ISV), seguida por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y conexos, como el impuesto de Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) y lo que se denomina «Otros Impuestos Aduaneros».
Para que los lectores de Criterio.hn tengan una idea más aproximada del tema, la «renuncia fiscal» en concepto de ISV para el año 2019 ascendió a 24.2 mil millones de lempiras, encabezando el listado el sector comercial, seguido por las industrias manufactureras, el sistema asistencial privado de atención a la salud, transacciones inmobiliarias, el sector de agricultura y de generación de energía eléctrica, importaciones y compras locales de combustibles (búnker C y diésel) que realizan las empresas generadoras de energía térmica o las empresas acogidas a regímenes especiales de fomento a las exportaciones, como las maquilas o las franquicias autorizadas por la Secretaría de Finanzas.
En resumen, la mayoría de los incentivos tributarios a las empresas están orientados a determinadas zonas geográficas o actividades específicas, como el fomento de las energías renovables, ciertos sectores de la industria y agroindustria, el turismo, el sector forestal, la explotación petrolera y las hidroeléctricas.
Figuran también los hoteles y los restaurantes, sector dentro del cual se incluyen las franquicias de comida rápida, que tendrán en el presente año un descuento fiscal mínimo de 964 millones de lempiras.
¿Vale la pena?
La pregunta que surge es si ¿vale la pena que el Estado renuncie a los ingresos fiscales que le hacen falta para atender las necesidades de la mayoría de la población?
Quienes defienden las políticas aseguran que los «incentivos» son indispensables para favorecer la inversión extranjera directa, de tal manera que se aumente el ritmo de crecimiento económico, la creación de polos de desarrollo, mejorar las cadenas de valor en las exportaciones y la productividad del país a cambio de una renuncia de ingresos y, sobre todo, de generación de empleo.
Sin embargo, los resultados de los privilegios fiscales no han sido los esperados.
Valoraciones de la Sefin confirmaron que en el caso de unas 92 empresas que en 2019 declararon pertenecer a la Zona Libre de Puerto Cortés, el beneficio de exoneración es mayor que sus exportaciones. Igual ocurre con la relación gasto en empleo y gasto tributario, «indicativo que sus desembolsos por concepto de costos laborales son inferiores al beneficio fiscal que reciben».
«Esto además de contradecirse con el objetivo inicial del régimen provoca competencia desleal con las empresas nacionales que venden en el mercado interno y que sí están obligadas a pagar el ISR», puntualiza la Sefin.
Similar situación ocurre con el Régimen Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR) «donde se observa una relación negativa en cuanto al gasto tributario en salarios por empleo e inversión en infraestructura». Las empresas de esa zona inscritas en ZOLITUR recibieron en 2019 una exención fiscal de 928.7 millones de lempiras.
En general se estima que, a partir de 2010, cuando fue creciendo la oferta de incentivos fiscales, las inversiones acogidas generaron unos cien mil empleos directos, la mayoría con mano de obra femenina ligada a la industria de las maquilas. Usualmente son empleos para subsistir, reservándose los de «calidad» para un grupo de profesionales más reducido.
No se puede obviar, en la valoración de los economistas consultados por Criterio.hn, que en varios casos la fuerza de atracción laboral en ese tipo de inversiones inhibe la productividad y la competitividad del resto de la economía, como ocurre con la producción agrícola. Muchas regiones agrícolas del territorio nacional se han despoblado de su fuerza de trabajo luego de la migración de jóvenes en busca de otro tipo de empleos en las ciudades.
Como se subraya en este reportaje, los incentivos fiscales no son de por sí malos. De hecho, Honduras requiere una mayor movilización de recursos para poder mejorar su economía, pero el problema es su opacidad, la manipulación política de trasfondo, la falta de valoración de impacto y pensar que con sólo el «perdón fiscal» o la entrega de concesiones llegará la inversión deseada.
Para lograr los objetivos planteados se requiere generar internamente las condiciones y políticas adecuadas, pero eso no ocurre. Los inversionistas extranjeros saben que en el país la ingobernabilidad crónica no les garantiza la rentabilidad sostenible que esperan.
Impuestos para unos, para otros no
En términos de justicia tributaria, la evidencia muestra que Honduras ha creado una nueva desigualdad económica a través de impuestos, con sectores que pagan más, otros que pagan menos o que no pagan. La clase media incluso paga una mayor proporción de impuestos dependiendo de factores como el lugar donde vive o el tipo de servicio público o privado que adquiere, contradiciendo el principio de igualdad existente en la Constitución de la República.
En general, como lo señalan los expertos, si una nación se proclama como democrática, pero su sistema tributario está lleno de privilegios fiscales y mecanismos de impunidad, que perpetúan o acentúan las desigualdades sociales o económicas, entonces ese país no es democrático, sino una sociedad donde los favores y prebendas son para unos y no, proporcionalmente, para todos.
Así se explica, por ejemplo, que la estructura tributaria nacional tiene su mayor ingreso por la vía de los impuestos indirectos, los cuales no recaen sobre la persona sino sobre las transacciones que esta realiza, como consumos o compras, y que son calificadas como regresivas en la medida en que afectan con mayor proporción a las personas con menores ingresos.
Durante el presente gobierno los impuestos indirectos representan alrededor de 66% de la recaudación total, mientras que los impuestos directos, que gravan los ingresos o el patrimonio de los ciudadanos, representan un 34%.
Medidas a tomar
¿Se puede mejorar ese desequilibrio fiscal? Economistas de experiencia sostienen que sí, pero que demanda la voluntad política y técnica necesaria para adoptar tres decisiones centrales: la primera, es aprobar y ejecutar una reforma tributaria que incremente los ingresos fiscales de forma permanente, equitativa, eficiente y que no frene la inversión posible.
La otra, es que esa reforma, en lugar de regresiva, sea progresiva; una herramienta útil para promover desarrollo productivo y humano. Y, finalmente, se requiere un manejo eficiente de los recursos de que se disponga. De hecho, el problema central no es tanto que Honduras carezca de recursos, más bien es que el grueso de esos recursos termina en los bolsillos de unos pocos. De la misma manera que cualquier reforma fiscal es inviable mientras la corrupción desangre la economía hondureña.
«Ese es uno de los objetivos principales que tengo de llegar al Congreso Nacional, tratar de hacer la estructura tributaria equitativa en función de quién paga los impuestos, esto incluye reducir exoneraciones, combatir totalmente la defraudación fiscal y mejorar los aspectos administrativos en esta área», enfatizó el economista Hugo Noé Pino.
El propio Noé Pino advirtió, con franqueza, que «estamos conscientes que habrá sectores que se oponen a este tipo de políticas porque constituyen beneficios y mayores ganancias para ellos, pero si la correlación de fuerzas en el Congreso cambia, habrá mayores posibilidades de transformar el sistema impositivo hondureño, altamente regresivo y que pone la carga de los impuestos en la mayor parte de la población».
Alguien que sabe por experiencia propia lo difícil que será ese desafío es Doris Gutiérrez, a quien en múltiples oportunidades le correspondió encabezar luchas desde el Poder Legislativo en solitario. «El Congreso es un mercado persa, allí se vende de todo; votos, privilegios… de todo», lamentó la actual designada presidencial del candidato Salvador Nasralla.
Las ZEDE como culminación de un modelo
Con las ZEDE se promete que en pocos años el ingreso per cápita promedio de los trabajadores en esos paraísos fiscales sea de unos 20 mil dólares anuales y que en pleno funcionamiento generen 11% del empleo total del país.
De acuerdo con los promotores de las ZEDE, la ciudadanía hondureña debe creer que en San Marcos de Colón (ZEDE Orquídea), Roatán (ZEDE Próspera) o Choloma (ZEDE Ciudad Morazán) surjan, como entre brumas, las luces rutilantes de centros económicos como Hong-Kong o Singapur.
Son tan desmedidas las promesas que suenan a una fantasía cruel. En el Decreto No.120-2013 de la ya citada Ley Orgánica de las ZEDE se lee textualmente: «tienen como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura y seguridad pública, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña».
Las ZEDE ya saltaron del papel a los hechos y están en marcha, pero no son la excepción, al contrario, culminan un modelo que ha plagado de inequidades y agujeros negros el sistema fiscal hondureño. Este nuevo «proyecto de desarrollo» es un híbrido que contiene y supera elementos ya experimentados o vigentes en otras partes del país, como las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP), que datan de 1987, o las Zonas Libres (ZOLI), que se remontan a 1976.
Las ZEDE, sin duda, son un capítulo especial en esa historia. La entrega es de tal magnitud que traen a la memoria los famosos enclaves bananeros del pasado, cuando las compañías gobernaban sus propios territorios, dictaban sus leyes o imponían su voluntad de lucro.
Varios abogados constitucionales sostienen que «la aprobación de reformas constitucionales para autorizar la Ley Orgánica de las ZEDE es un delito de traición a la patria y por tanto imprescriptible», pero ese otro capítulo está por verse.
¿Quiénes aprenden de la historia?
A propósito de megaproyectos, el historiador y escritor hondureño Gustavo Zelaya, en conversación con Criterio.hn, trajo a la memoria el antecedente de la llamada «contrata del ferrocarril interoceánico», una iniciativa que surgió en la administración del general José Trinidad Cabañas, en 1853, y que el gobierno de José María Medina retomó entre 1860 y 1870, encargando a políticos y diplomáticos la gestión de los recursos.
«Se supone que el total de la deuda contraída por estos personajes fue de alrededor de seis millones de libras esterlinas (moneda de Inglaterra) y que a las cuentas públicas ingresaron solamente 300 mil libras para construir 43 millas de línea férrea. La diferencia se repartió entre prestamistas extranjeros y los diplomáticos hondureños», comenta el escritor.
El gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, añade Zelaya, intentó investigar el asunto, destituyendo algunos de los diplomáticos, sin deducir responsabilidades; luego se nombró un Comité Especial (investigador) que nada aclaró. En resumen, los últimos saldos de la deuda del ferrocarril fueron pagados durante el gobierno de Juan Manuel Gálvez (1949-1954)”.
Zelaya destacó que la historia del país está plagada de actos de corrupción y de entregas de bienes públicos que no se investigan y que incluso la impunidad llega al punto que muchas escuelas, colegios, plazas, calles y avenidas llevan los nombres de los personajes corruptos.
¿No se aprende de la historia?, se le preguntó a Zelaya, a lo que respondió que, «ahora tenemos el caso de los hospitales móviles, la compra de los insumos médicos sobrevalorados y otros… creo que hay suficientes códigos jurídicos en el país para pedir cuentas a los responsables, pero los que saben usar esas herramientas son los mismos corruptos… ellos sí aprenden de la historia y cada vez son más descarados en la corrupción, pero jurídicamente más refinados, ya que elaboran leyes a su medida. Ellos van a seguir aprendiendo de la historia, adaptándose a los tiempos, con nuevos códigos, cooptando personas y manipulando medios».
Lo único seguro, por el momento, es que es que la política de concesiones o de renuncia a los recursos públicos se renueva desde hace muchos años, como si fuera una locomotora a la cual cada gobierno engancha sus propios vagones. En todos ellos, la sombra de la corrupción está presente, de una u otra forma, como trasfondo, y tiene un apetito insaciable de recursos públicos, provengan de donde provengan.
Lea aquí: el abecedario clave para comprender el lenguaje fiscal
