Desde el Gobierno se han atrevido a afirmar que no se ha cometido ningún acto de corrupción, mientras analistas cuestionan que quien determina si existe o no corrupción es el Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras.- En la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción ha sido una constante que sus últimos dos secretarios de Estado, Jaime Turcios y Sergio Coello, juren y perjuren que en la actual administración gubernamental, que inició el 27 de enero de 2022, no se han cometido actos de corrupción.
El secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Sergio Coello, declaró el 3 de abril de 2024 que en Honduras existen sectores interesados en afirmar que el Gobierno no trabaja contra la corrupción, cuando, según él, existen acciones destinadas a garantizar la transparencia y el control interno en al menos 182 instituciones del Estado.
“Hoy se implementa la transparencia y hasta el momento no hay actos de corrupción en este gobierno que hayan salido a la luz pública, y eso es muestra de las puertas abiertas de este gobierno”, señaló Coello en declaraciones recogidas por el periódico gubernamental Poder Popular.
Previamente, el exsecretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, consideró que se estaba trabajando en disminuir los niveles de corrupción, pero tampoco señaló de forma absoluta que no existiera algún acto de corrupción.
“Nosotros, en nuestra tarea, no hemos encontrado casos de corrupción, aunque eso no quiere decir que no haya”, manifestó Orellana el 9 de mayo de 2023 en declaraciones recogidas por medios de comunicación.
Antes de abandonar su cargo en la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, Orellana denunció que hubo violaciones en las normas de procedimiento de contratación para el cambio de engramillado del Estadio Nacional “Chelato Uclés” en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Para la obra, cuya contratación la efectuó la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), se invirtieron más de 33 millones de lempiras, y el 8 de noviembre de 2022, el Ministerio Público confirmó que se había abierto una línea de investigación.
Un informe de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) también detectó irregularidades en la Secretaría de Planificación Estratégica. Aunque el plan anual de compras de esta secretaría solo preveía seis procesos de compra de boletos aéreos para 2022, en el portal de transparencia se encontraron 12 procedimientos realizados, por un total de más de 1.6 millones de lempiras, que no fueron publicados conforme a las disposiciones legales.
Esto generó una confrontación entre el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, y el entonces titular de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana. Salgado señaló a Orellana de cometer abuso de autoridad y le reclamó que la secretaría que presidía no podía juzgar ni investigar.
Edmundo Orellana en algún momento manifestó a medios de comunicación que él era consciente de que probablemente se haría enemigos dentro del gabinete de Xiomara Castro.
NEPOTISMO Y POCO ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también ha emitido diversos informes en los que señala al Gobierno de cometer actos de nepotismo y concentración de poder.
“Los puestos estratégicos y de los que se requiere un contrapeso están dirigidos por miembros de la misma estructura política y por miembros de su misma familia, ocasionando el acaparamiento institucional por una minoría”, señaló el CNA el 25 de mayo de 2023 en su informe Concentración de poder.
El 4 de junio de 2024, el CNA de igual forma presentó el Índice de Transparencia (I-TAG), que concluyó con una valoración del 29% para el Poder Ejecutivo en 2023. El I-TAG midió aspectos como transparencia activa, gestión pública y presupuesto, y procedimientos. Sin embargo, desde el Gobierno, se calificó el informe como sesgado y poco independiente.
La presidenta Xiomara Castro asumió el poder Ejecutivo el 27 de enero de 2022, luego de doce años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Nacional, caracterizados por desfalcos, corrupción público-privada y vinculaciones directas al crimen organizado en el caso de los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien el 26 de junio será sentenciado tras ser hallado culpable de tres delitos de narcotráfico por un jurado federal de Estados Unidos.
La llegada de Castro supuso una esperanza de cambios dentro del sistema de administración pública, y si bien la creación de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción significó un avance en el establecimiento de mecanismos de prevención y control de la corrupción, persisten diversos obstáculos.
Para la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, pese a que se derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos en 2022, no ha habido una adecuada respuesta por parte de las instituciones del Estado en cuanto a la divulgación de información pública.
“El acceso a la información pública continúa siendo limitado. No sé si por cambio de gobierno o porque hay una intención destinada a coartar ese derecho. Tampoco hay autocrítica y hay justificación, por ejemplo, del nepotismo, como decir que solo se confía en la familia. Eso no es justificable”, señaló Elvir en conversación con Criterio.hn.
EL GOBIERNO NO ES LA FISCALÍA
La analista también calificó de irresponsable que desde el Gobierno se asegure que no existe corrupción, cuando es una tarea que corresponde a otros entes del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas o el Ministerio Público.
“Decir que no hay corrupción en el Estado es difícil; para eso se necesita evidencia técnica, para probar que se han hecho esos procesos de investigación. No corresponde a la Secretaría de Transparencia determinar si hay corrupción, ese es el Ministerio Público, la secretaría se encarga de aplicar controles de prevención”, agregó.
Melissa Elvir también consideró que mientras instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas o el Ministerio Público estén a cargo de personas que respondan a las élites políticas y económicas, “la lucha contra la corrupción será interminable”.
“Es grave porque seguimos siendo un país manejado como fincas por grupos de poder político y económico. Mientras el funcionario que asuma una función responda y gobierne para grupos de élite, en lugar de la sociedad, será difícil conseguir resultados efectivos en la lucha contra la corrupción”, cerró Elvir.
Por su parte, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, coincidió en que el poder Ejecutivo no está facultado para declarar si se están cometiendo o no actos de corrupción, y agregó que es algo contradictorio porque desde lo interno se han denunciado irregularidades.
“En algunos casos, ellos mismos han denunciado los casos de corrupción. En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con las supuestas planillas fantasmas, el mismo director, Carlos Aguilar, lo denunció y la investigación se paró. Entonces, cuando eso sucede, la lógica es que se quiere ocultar algo. El entonces secretario de Transparencia (Edmundo Orellana) denunció también lo de los boletos aéreos y luego renunció sin decir el porqué”, expresó Castellanos en entrevista con Criterio.hn.
¿EXISTE CORRESPONSABILIDAD?
El 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención del Instituto de la Propiedad, luego de que entre 2022 y 2023, se registrara el supuesto desvío de L1,000 millones de un fideicomiso.
El dinero, según los motivos expuestos por el Ejecutivo para intervenir el IP, se habría destinado a supuestas obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, acondicionamiento de canchas deportivas y construcción de viviendas, y está siendo investigado.
En una entrevista previa con Criterio.hn, la exdirectora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Reina Rivera Joya, manifestó que los presuntos actos de corrupción cometidos en el IP conllevan una corresponsabilidad y no se puede señalar solo a algunos particulares, sino al periodo gubernamental en que se cometieron.
