Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Policía Nacional presume que los asesinatos han reducido en 2023, gracias al estado de excepción y desde el Poder Ejecutivo sostengan que el Plan Nacional Solución Contra el Crimen, que integra la intervención penitenciaria, está rindiendo frutos, analistas consideran que las medidas no están dando los resultados esperados, a casi un año de ser implementadas.
“Para que el manejo de la violencia y la reducción de la criminalidad sea sostenible, no se necesita de un estado de excepción con presencia militar, se necesita un enfoque amplío que esté compuesto de varios elementos como una justicia accesible y una mejora al índice de impunidad”, dijo el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía a Criterio.hn.
Según los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) desde el uno de enero, hasta el 27 de septiembre de 2022, en todo el territorio hondureño asesinaron a 2, 742 personas y durante el mismo periodo de 2023 han ultimado a 2, 199, es decir en 20% cayeron los homicidios en 2023 respecto al año anterior.
Para Mejía que los asesinatos estén disminuyendo sólo es un resultado de una práctica que se ha venido extendiendo, pero que no logrará sostenerse para el futuro porque dichas medidas carecen de un plan integral que involucre miembros de la sociedad y sectores que velen por los derechos humanos de los privados de libertad y los que son arrestados en operativos en distintos puntos del país.
“Si esos, entre otros factores, no se aplican, vamos a volver a los repuntes en el tema de índice de homicidios que es el único que visiblemente ha disminuido, porque nunca será sostenible mantener a los militares en las calles ni manteniéndolos con el control de los centros penales”, valoró.
De igual manera, otro factor que ha influido que ha puesto en tela de juicio el estado de excepción, es que hasta la fecha se han registrado 33 homicidios múltiples en distintos puntos del país, con un saldo de 170 muertos (100 hombres y 70 mujeres)
Mientras que en 2022 sólo se registraron 32 asesinatos múltiples, con un estado de excepción que sólo estuvo en el último mes de ese año, lo que podría poner en evidencia, que esta normativa probablemente no es la solución para erradicar la gobernanza del crimen organizado.
La directora del Observatorio de la Violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNHA), Migdonia Ayestas sostuvo que el móvil de los homicidios múltiples en 2023, continúan siendo los mismo que al de los años anteriores: pleitos personales, venganza y en la mayoría de los hechos están involucradas las maras y pandillas.
En ese sentido, compartió la opinión del abogado Joaquín Mejía y solicitó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad cambiar sus esquemas operativos, principalmente en el tema de prevención.
“Aun cuando han ido disminuyendo los homicidios, hay delitos que no bajan y eso continúan manteniendo atemorizada a la población y se puede observar esa percepción de miedo”, analizó Ayestas.
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CRIMINALIDAD EN ESTADO DE EXCEPCIÓN
Pese a que los asesinatos hayan disminuido en un 20% este 2023 en el territorio hondureño, la ola de criminalidad promovida por el crimen organizado continúa campante, afectando directamente a comerciantes y empresarios del transporte público.
Por ejemplo, en reiteradas ocasiones dirigentes del transporte público han denunciado que, pese a que el estado de excepción fue implementado precisamente para combatir el delito de extorsión el 6 de diciembre de 2022, el rubro continúa siendo uno de los más afectados por ese delito.
“En realidad son pocos los cambios, si no pagan la extorsión terminan asesinando a los conductores o ayudantes, es la misma historia de los años anteriores”, contó el empresario del transporte Jorge Lanza a Criterio.hn.
Además, detalló que, según sus datos, hasta la fecha ya van más de 40 transportistas asesinados, entre conductores y ayudantes, unos 10 buses quemados y unas 50 unidades permanecen paralizadas, sólo en la capital, por el cobro de extorsión.
Lo paradójico del caso es que, según un cruce de datos que realizó Criterio.hn, se constató que, por el delito de extorsión, por él se implementó el estado de excepción, hasta mayo de este año, el Ministerio Público (MP) todavía no levantaba ningún requerimiento fiscal.
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¿CÓMO SE LES DIO PODER A LOS MILITARES?
Fue el pasado cuatro de abril que la presidenta hondureña Xiomara Castro le dio un espaldarazo al pueblo hondureño, al anunciar que en la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen (que entró en vigencia ese día), facultó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a través de las Fuerzas Armadas (FF. AA) que intervinieran siete de los 18 departamentos hondureños, bajo el objetivo de reducir la criminalidad.
Con esta primera orden desde el Poder Ejecutivo se violentó el decreto 272 de la Constitución de la República, que establece que los militares no deben encabezar operaciones, sólo tienen la facultad de cooperar con la Policía Nacional cuando la ocasión lo requiera.
Después Castro les fue entregando poder y facultades de manera gradual como, por ejemplo, unirse a los operativos en la capital y otras zonas del país, pero el 21 de junio de 2023, después de la tragedia en la que murieron 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ordenó a los militares para que fueran ellos los que se encargaran de la intervención penal.
Sin embargo, pese a entregarles el poder y reivindicarse ante la sociedad, pasaron pocos días para que la institución castrense cometiera el primer error, que involucró al director de la PMOP y encargado de llevar a cabo la intervención penal Ramiro Muñoz.
Muñoz en pleno abusó de autoridad amenazó de muerte a uno de sus subordinados, bajo el argumento que le respondió con una interrogante y le intentó disparar. Sin embargo, después pidió perdón al pueblo hondureño, tras reconocer que cometió un error.
Hasta el momento, los militares no han dado nuevos informes sobre cómo están manejando la intervención penitenciaría, tampoco han rendido cuentas de los resultados logrados durante los meses que han mantenido la operación que encabezan en los siete departamentos hondureños.
