Tegucigalpa, Honduras.- Ante la ola de extorsión denunciada por diversos sectores de la sociedad en los últimos meses, la presidenta Xiomara Castro decretó emergencia nacional el 24 de noviembre de 2022, acompañada de autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión de Seguridad del Congreso de la República.
Ello a pesar que, en Honduras, los decretos de emergencia pocas veces surten efectos y, al contrario, sirven como una evidencia de escasa transparencia.
La determinación de la mandataria se generó después de que las autoridades de la Secretaría de Seguridad, encabezadas por Ramón Sabillón, le presentaran la propuesta del Plan integral para el tratamiento de la extorsión, un documento que contempla ocho ejes estratégicos destinados a contrarrestar la extorsión en el país: operativo, tecnológico, comunitario, gestión interinstitucional, educativo, presupuestario, reformas a las leyes y al sistema penitenciario.
“Se solicitará al Congreso de la República la reforma de algunos artículos y algunas leyes que faciliten la detención, investigación y judicialización de estas personas”, dijo el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Desde que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder, el 27 de enero de 2022, una de sus primeras decisiones en materia de seguridad fue disolver la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), que incluía elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, y trasladar las funciones exclusivamente a la Secretaría de Seguridad, dando paso a la creación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Así mismo, trasladó el control de los centros penitenciarios (donde se comete gran parte de la extorsión a nivel nacional) a la Policía Nacional, debido a que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández habían estado tutelados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta julio de 2022, algunos de ellos continuaban bajo el mando del Ejército, según entrevistas concedidas a Criterio.hn.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
En Honduras, la extorsión es un negocio que anualmente mueve cerca de US$ 37,000,000.00 y que afecta a cerca 850,000 ciudadanos, de acuerdo con un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), titulado Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras y publicado el 22 de noviembre de 2023.
Con la llegada de las maras y las pandillas al país, a mediados de la década de 1990, una de sus principales actividades delictivas incluyó el cobro de extorsión a negocios del sector Mipyme (Micro, pequeña y mediana empresa), siendo los rubros más afectados el comercio informal y el transporte público, provocando miles de muertes violentas en las últimas décadas.
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No obstante, señala el informe, la extorsión ha mutado. En un inicio, únicamente se cobraba en efectivo y a comercios físicos, pero ahora los grupos criminales se han ingeniado nuevas modalidades, que incluyen: extorsión a negocios en línea, rifas clandestinas, compras forzadas de bienes y servicios, pagos electrónicos y préstamos clandestinos.
Bajo la bandera de combatir a las maras y las pandillas, pero con estrategias superficiales, algunos políticos han aprovechado la coyuntura y han llegado al poder. Así, los expresidentes nacionalistas Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) ascendieron a la presidencia de la República, prometiendo erradicar la delincuencia común y organizado.
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Paradójicamente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los señala a ambos por sus profundos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, al igual que por su conspiración por corromper la operación de justicia y el Estado con fines criminales. Hernández, de hecho, enfrenta una acusación por tres delitos de narcotráfico, entre ellos el tráfico de 500 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano y la conspiración con dispositivos explosivos.
MARAS, PANDILLAS Y ESTRATEGIA DEL ESTADO
Pero, ¿cómo eso está vinculado con la extorsión, las maras y las pandillas? El estudio de la ASJ señala a la Mara Salvatrucha (MS-13) como la organización criminal encargada del tráfico interno de drogas y del cobro de préstamos clandestinos a pequeños comerciantes de las principales ciudades, dos de las modalidades de extorsión que se identifican en el país.
Aunque el Gobierno ha asegurado recientemente que en los últimos años un importante número de personas que no pertenecen a ninguna estructura criminal practican la extorsión, la ASJ explica en su informe que este grupo apenas representa un 4%, lo cual implica que las organizaciones que tradicionalmente han conducido el negocio deben ser el principal blanco de las autoridades.
Uno de los principales problemas que han convertido el fenómeno de la extorsión en un asunto de gravedad es precisamente la estrategia que, desde el Estado, se ha utilizado. La administración de Juan Orlando Hernández promovió una depuración policial, que supuestamente robustecería a la institución con el fin de combatir estas organizaciones, y también ejecutó un plan de modernización del sistema penitenciario nacional.
Sin embargo, lejos de lograr los objetivos, la extorsión se ha mantenido en las principales ciudades del país y, según las más recientes denuncias, se ha extendido a los municipios del interior y con baja densidad poblacional, algo para lo cual la Policía Nacional no está debidamente preparada. Las nuevas autoridades de seguridad, por su parte, aseguran que con el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión lograran frenar el cobro de extorsión, que afecta a cerca de 850,000 personas.
DECRETOS DE EMERGENCIA, VÍA LIBRE A LA FALTA DE TRANSPARENCIA
Hay diversos sectores de la sociedad que han cuestionado la declaración de emergencia nacional por parte de la presidenta Xiomara Castro, sobre todo porque, históricamente, estos decretos han dado vía libre a acciones que conllevan a la escasa transparencia y de rendición de cuentas.
Así ocurrió, por ejemplo, con la depuración policial, a la cual se invirtieron millones de dólares, pero que al final resultó en un fracaso, porque la institución policial continúa permeada por estructuras corruptas y, además de ello, los controles de seguimiento a los funcionarios policiales no recibieron el seguimiento adecuado. Además, ha existido una degradación de la Policía, que durante los últimos gobiernos ha sido reducida a una función casi administrativa, deteriorando su imagen de garante de seguridad.
Esta situación de la corrupción en la estructura policial y de una debilidad institucional está estrechamente relacionada con que la extorsión sea un negocio rentable en Honduras, a coste de la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía.
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Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Por su lado, el sacerdote jesuita y exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, criticó la determinación de decretar emergencia nacional por la extorsión, cuando es obligación de la autoridad combatirla.
“Cuánto bien se haría si además se persigue sin piedad a quienes extorsionaron a la sociedad con los 30 mil millones de la Tasa de Seguridad. Y luego tener un informe creíble y confiable de lo que actualmente se hace con ese tasón, sería un gran servicio a la sociedad”, dijo.
Durante los gobiernos nacionalistas que estuvieron al frente del país entre 2010 y 2022, se creó la Tasa de Seguridad Poblacional, otras de las estrategias destinadas, supuestamente, a fortalecer la operación de justicia. A pesar de ello, las autoridades anteriores crearon una distorsión, mediante la Policía Militar (financiada por ese tasón), y además no rindieron cuentas de los miles de millones de lempiras que se percibieron. El actual Gobierno eliminó el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, sin embargo, el cobro continúa realizándose a la ciudadanía.
