_{Después de un segundo intento por seleccionar a la nueva Corte Suprema de Justicia, el desacuerdo entre los partidos Libre y Nacional generó un nuevo fracaso}

_{El Congreso, a través del oficialista Partido Libre, da ultimátum para efectuar la elección este sábado  y opositor Partido Nacional se decante para que continua la actual Corte.}

_{Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a sesión este sábado a las 3:00 de la tarde}

Tegucigalpa. – A un año de la crisis generada por la elección de la directiva en el Congreso Nacional, Honduras reabre un nuevo capítulo que evidencia su frágil democracia. Esta vez por la falta de acuerdos en la elección de los nueve 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2023-2030.

El viernes, después de los supuestos consensos entre las tres principales fuerzas políticas [ Libertad y Refundación, Partido Nacional y Partido Liberal], y un supuesto quebrantamiento de ellos por parte del Partido Nacional, los legisladores sesionaron con el supuesto propósito de elegir a las 15 personas que impartirán y administrarán justicia al más alto nivel durante los próximos siete años.

Los 15 magistrados y magistradas a la Corte se eligen en el Congreso de una nómina no menor de 45 candidatos, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados, es decir, por el voto favorable de 86 congresistas.

Aunque la sesión se convocó a las 3:00 de la tarde, los miembros de la Junta Directiva subieron a sus sillas cerca de las 8:00 de la noche. Apenas inició la sesión, la diputada de Libre), Isis Cuéllar, presentó una moción nominativa con los nombres de nueve mujeres y seis hombres de la lista que remitió la Junta Nominadora.

Esta nómina incluía a Rebeca Lizette Ráquel Obando, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, Wagner Vallecillo Paredes, Sonia Marlina Dubón Villeda, Anny Belinda Ochoa Medrano, Mario Rolando Díaz Flores, Odalis Aleyda Nájera Medina, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, Isbela Bustillo Hernández, Martha Delia Merino Conde, Roy Pineda Castro, Walter Raúl Miranda Sabio, Milton Danilo Jiménez Puerto, Luis Fernando Padilla Castellanos y Francisca Villela Zavala.

Dicha lista integraba a seis candidatas y candidatos afines a Libre, cinco al Partido Nacional y cuatro al Partido Liberal. Hasta el mediodía del viernes, fuentes de las distintas bancadas aseguraban que el acuerdo iba encaminado a la siguiente repartición dentro de la Corte Suprema de Justicia: seis a Libre, cinco al Partido Nacional y cuatro al Partido Liberal.

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A pesar de un supuesto consenso de dicha nómina, cuando la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, la sometió a consideración de los representantes de la Cámara legislativa, únicamente los 50 legisladores de Libre alzaron la mano. Se preveía que durante esa noche no habría elección.

¿BOICOT NACIONALISTA?

Seguidamente, el Partido Nacional, a través del diputado Jorge Zelaya, tomó la palabra y presentó una segunda moción nominativa. La sorpresa derivó de la similitud con la lista que presentó Libre, debido a que únicamente sustituyeron a Martha Delia Merino Conde por el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián Bueso, a Mario Rolando Díaz Flores por José Ricardo Pineda y a Rebeca Lizette Ráquel Obando por Ana Alejandrina Pineda Hernández, la candidata mejor calificada por la Junta Nominadora.

La estrategia de los nacionalistas destinada a entorpecer la elección era evidente. El Partido Nacional sabía que Sibrián Bueso, a quien únicamente respalda una facción del Partido Liberal, es rechazado por las bancadas de Libre y del Partido Salvador de Honduras (PSH), mientras que la candidatura de Pineda Hernández, hasta el momento, únicamente había sido apoyada por el PSH, que únicamente cuenta con nueve votos. Bajo ese escenario, sería imposible elegir a los nuevos altos jueces del Poder Judicial.

La tensión creció al momento en que el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, disertó ante el pleno del Congreso Nacional y acusó a la bancada del Partido Nacional de romper los acuerdos a última hora, con el supuesto propósito de mantener en sus cargos a la actual Corte Suprema de Justicia, que cumplirá con sus siete años de mandato este sábado a las 11:59 de la noche. Además, declaró que la propuesta de incluir a cinco magistrados suplentes, promovida por el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, es inconstitucional. Aunque, inicialmente, esta propuesta recibió el respaldo de Libre, que propuso hacer una interpretación constitucional para darle trámite. Todo apunta que, en este tema, Libre se estaría echando para atrás a última hora por una serie de cuestionamientos de diversos sectores.

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Seguido de ello, Jari Dixon Herrera se levantó de su curul, caminó al lado de la bancada del Partido Nacional y se detuvo con la mirada puesta en el diputado Mario Pérez, quien se desempeñó como secretario del Legislativo entre 2014 y 2018, período en que se seleccionaron a los magistrados y las magistradas de la saliente Corte Suprema de Justicia. Le hizo señas con los dedos en alusión a que “esta vez no había coimas”.

Cuando se eligió a la Corte Suprema de Justicia del período 2016-2023, tras ocho intentos, diputados del entonces opositor partido Libre denunciaron que hubo votos por los que se pagaron sumas cercanas a un millón de dólares, con supuesta procedencia del crimen organizado patrocinado por el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ahora se encuentra enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos por tres delitos de narcotráfico.

Al no alcanzarse los acuerdos, los nacionalistas insisten en que al no efectuarse la elección de los nuevos magistrados y magistradas, la Corte actual deberá seguir en funciones, argumentando el artículo 311 de la Constitución de la República, que literalmente dice: “en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes”.

Este argumento, que es respaldado por la empresa privado y algunos sectores de la sociedad civil, fue ampliamente expuesto anoche por el presidente de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, acusado por las desaparecidas Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el caso “Fe de Erratas”.

ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Mientras varios sectores acompañan la postura del Partido Nacional, los diputados de Libre insisten, en que con base a la Constitución, el mandato de la actual Corte culmina este 11 de febrero de 2023 a las 11:59 de la noche, pues con ello se estarían agostando los siete años para los cuales los magistrados y magistradas tomaron posesión de su cargo.

“Si no hay elección mañana [sábado 11 de febrero], entonces tendremos una Corte de facto”, dijo, de manera tajante, el diputado de Libre y abogado Ramón Barrios.

Lo expuesto por Barrios fue reafirmado por el diputado suplente de Libre y también abogado, Manuel Rodríguez, quien dice que la no elección de la nueva Corte, este sábado, implicaría un rompimiento del orden constitucional y como salida propuso un plebiscito para consultarle a la ciudadanía sobre cómo dirimir la problemática.

Por su parte el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró que ese poder del Estado no tiene la facultad de otorgarle más tiempo, del que establece el artículo 314 de la Constitución, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es de siete años a partir de la fecha en que presentaron su promesa de Ley.

A renglón seguido, Redondo convocó al pleno de diputados para una nueva sesión ordinaria para este sábado a las 3:00 de la tarde, para elegir a los nuevos magistrados y magistradas, al insistir que hoy a las 11:59 de la noche culmina el periodo de la actual Corte

Curiosamente el oficialismo dejó vencer los plazos, pudiendo agotar la forma de elección directa que establece la Constitución, luego del primer intento infructuoso del 25 de enero, cuando no se logró la aprobación de la moción nominativa mediante la cual se presentó la primera lista de 15 candidatos y candidatas.

PARTIDO LIBERAL, ¿INDECISO TODAVÍA?

El Partido Liberal, a través de su jefe de bancada, Mario Segura, mostró su molestia y atribuyó el entorpecimiento de la selección de los supremos jueces a las bancadas de Libre y Partido Nacional.

A pesar de lo anterior, en los pasillos del Congreso Nacional se mencionaba que el Partido Liberal todavía se encontraba indeciso con relación a sus cuatro propuestas, situación que también pudo haber sido causante del fracaso en el segundo intento por elegir un nuevo Supremo. En un inicio, se mencionó que sus candidatas y candidatos eran Odalis Aleyda Nájera Medina, Wagner Vallecillo Paredes, Milton Danilo Jiménez Puerto y Yuri Fernando Melara Berlioz.

Sin embargo, dentro de la nómina que supuestamente estaba consensuada se intercambió a Yuri Fernando Melara Berlioz por Martha Delia Merino Conde, colocándolos como contrincantes. Otro liberal, Daniel Arturo Sibrián Bueso, figuró de última hora nominado por el Partido Nacional.

DIPUTADOS, A TERCER INTENTO

Este sábado, a las 3:00 de la tarde, las diputadas y los diputados de los seis partidos representados en el Legislativo están convocados a lo que, tras la posición de la Junta Directiva, se consideró un ultimátum por elegir a los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia que, en caso de elegirse, actuará entre el 12 de febrero de 2023 y el 12 de febrero de 2030.

La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia retrotrae el ambiente que se vivió en enero de 2022 cuando en el Congreso Nacional, ante la falta de consensos, se eligieron dos juntas directivas en ese poder del Estado, una encabezada por el diputado de Libre Jorge Cálix y otra por el diputado del PSH, Luis Redondo.

Cálix tomó promesa de ley en el Club Campestre de Bosques de Zambrano con el apoyo de la bancada del Partido Nacional, varios diputados del Partido Liberal y una facción disidente de 17 diputados de Libre. Entre tanto, Luis Redondo, de las filas del Partido Salvador de Honduras, fue juramentado en el Congreso Nacional con el voto de sus compañeros de bancada, de 33 de los 50 diputados de Libre, de un sector del partido Liberal, del único diputado del Partido Democracia Cristiana y de varios diputados suplentes de las diferentes fuerzas políticas.

La elección de Redondo, que ahora se ha distanciado de sus compañeros de la bancada del PSH, sigue generando polémicas en el Congreso Nacional, razón por la cual no se descarta que en Honduras se genere una crisis similar o de mayores dimensiones.