Tegucigalpa.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reprochó que el Congreso Nacional de Honduras negó la solicitud para realizar una autoría especial continua para investigar procesos y acciones durante los doce años de gobierno del conservador Partido Nacional y los primeros meses de la actual gestión.
Según la titular del ente anticorrupción, el 7 de marzo se envió una carta formal para solicitar una audiencia con el propósito de poner en práctica un nuevo proyecto que tiene como objetivo realizar veeduría al Poder Legislativo.
El 15 de marzo, Castellanos reveló que el Congreso respondió de forma negativa con el argumento que “estaban en etapa de transición y que posteriormente conocerían del proyecto”.
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Posteriormente, el 21 de ese mes, el CNA volvió a reiterar su solicitud de realizar una auditoría debido a la deplorable gestión del Partido Nacional en los últimos doce años en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, sin embargo, no tuvieron respuesta.
“Es un mal mensaje para el pueblo que, en el momento que la ciudadanía ofrece apoyar, le cierren las puertas y no pasen de la palabra a la acción. Lo que menos esperábamos es que el freno de una iniciativa de auditoría viniera desde un poder del Estado. Con esta negativa lo único que se está impidiendo es el avance de las instituciones que luchan por este flagelo”, reprochó.
En conferencia de prensa desde los bajos del Poder Legislativo, Castellanos advirtió que “con o sin el visto bueno” ingresarán al hemiciclo “como pueblo por su casa” al tiempo que anunció ejecutará la auditoría especializada.
El objetivo del CNA es llevar a cabo un proyecto Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC) bajo el supuesta de convertir a la ciudadanía en el “congresista 129” permitiéndoles tener un representante “vigilante del accionar de los diputados y diputadas”.
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ACOMETIDA CONTRA EL CONGRESO
En sus declaraciones, dejando a entrever su malestar, Castellanos aseveró que los poderes del Estado se convirtieron un nido de corrupción durante los últimos doce años y resaltó acciones del nuevo congreso similares a las que se cuestionó del Partido Nacional.
“Poderes del Estado se han convertido en un triángulo de corrupción e impunidad, confabulados para favorecer a algunos pocos y quienes han estado al frente del destino del país se han conducido por corrupción, narcotráfico y crimen organizado, promotores de pobreza, desempleo, precarios sistemas de atención, escasez alimentaria”.
“El Congreso Nacional ha sido epicentro de esta triangulación corrupta, es ahí donde debemos apuntar si queremos la transformación genuina de Honduras”, manifestó.
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La extinción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la aprobación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos, la destitución de magistrados, el respaldo a la ilegal reelección presidencial señaló como acciones de la gestión del Partido Nacional que laceró los intereses de la nación centroamericana.
En tanto, el nombramiento de los nuevos magistrados de la Procuraduría General de la República (PGR), la aprobación de la Ley de Amnistía que calificó como un pacto de impunidad y aprobación de leyes durante altas horas de la noche son los reproches hacia la gestión que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
LA INTERVENCIÓN DEL CNA EN VARIEDAD DE INSTITUCIONES ESTATALES
Con la asunción del gobierno de Xiomara Castro, el CNA ha logrado firmar convenios de acompañamientos con la mayoría de instituciones estatales sin lograr exponer sobrepasar la capacidad de gestión.
El ente mantiene comisiones de auditorías en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (SDTLCCH), las Fuerzas Armadas, con la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros.
La presencia imperiosa del ente toma preponderancia debido a los altos índices de corrupción e impunidad en la nación centroamericana sumados a la negligencia por parte del Ministerio Público en combatir las redes de corrupción.
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Ante la falta de respuesta por parte del Poder Legislativo, el CNA recurrió a exigir desde la sede del congreso “abrir las puertas” para llevar a cabo su proyecto de “Congresista 129” que permita la participación ciudadana mediante iniciativas de ley, perfilar a los 128 diputados e intervenir en procesos de veeduría, producción y desempeño legislativo, nombramientos de altos funcionarios y manejo de recursos públicos.
Cabe señalar que el Congreso presidido por Redondo derogó la Ley de Secretos, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), devolvió facultades al Ministerio Público y mantiene una agenda legislativa a favor de la lucha anticorrupción, sin embargo, es cuestionado por la aprobación del decreto de amnistía considerado como un pacto de impunidad que beneficia a implicados en corrupción durante la gestión del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).
