Aunque Jorge Cálix presenta como parte del pacto bipartidista la promesa de “eliminar el fondo departamental”, el decreto que lo creó fue derogado en 2023. La oferta luce más como un recurso discursivo que como un cambio real en la forma en que el Congreso maneja recursos públicos.
Mientras el bipartidismo se atribuye un supuesto avance anticorrupción al anunciar la eliminación del fondo departamental, advierten que el mecanismo ya había sido desmontado en papel y que lo que persiste es la intención de reciclar privilegios y esquemas de clientelismo bajo nuevas etiquetas.
Tegucigalpa, Honduras. – Los acuerdos del bipartidismo siguen marcando la ruta del Congreso Nacional (CN). Lejos de romper con las prácticas que han favorecido la opacidad y el reparto de cuotas de poder, las nuevas negociaciones entre liberales y nacionalistas reafirman que las decisiones clave continúan dependiendo de pactos políticos cerrados entre cúpulas partidarias.
Jorge Cálix, el diputado liberal que llegó a ocupar un curul sin someterse al escrutinio electoral, confirmó que la presidencia provisional del Congreso Nacional fue el resultado de una negociación directa entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, esta última, fuerza política a la que él pertenece.
Según relató, tras no alcanzar los votos necesarios para que su partido (Liberal) encabezara el Poder Legislativo, se reunió con los nacionalistas Tomás Zambrano, Kilveth Beltrán, Johana Bermúdez y Lissi Cano, y con sus correligionarios Ericka Urtecho, Iroska Elvir, Yuri Sabas y Mario Segura, para pactar una agenda legislativa común bajo el compromiso de que “estos acuerdos de agenda legislativa primaran por sobre cualquier cosa”.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
Durante la instalación de la Junta Provisional del nuevo Congreso Nacional, en la se juramentó a Tomas Zambrano como presidente del CN, Jorge Cálix afirmó que, como parte del acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, “quedamos de acuerdo en eliminar el fondo departamental que ha sido un nido de corrupción y eliminar los subsidios directos a diputados”.
En esa misma narrativa, el ahora presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró, en un programa televisivo: “no habrá fondo departamental establecido en el Presupuesto de la República, ni en el Congreso ni en la Ley Orgánica del CN”.
El Fondo Departamental fue un mecanismo, implementado, a partir de 2006 durante la gestión liberal del expresidente Manuel Zelaya Rosales, mediante el cual se asignaron recursos públicos a los diputados para ejecutar, gestionar o “bajar” proyectos y ayudas sociales en sus departamentos.
En el discurso oficial se presenta como dinero para obras comunitarias, infraestructura pequeña o apoyos sociales; en la práctica, ha funcionado como una bolsa de fondos discrecionales que los congresistas manejan con muy pocos controles y escasa rendición de cuentas. Por eso ha sido señalado como un nido de clientelismo y corrupción, vinculado a casos que fueron presentados por la desmantelada Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), como Pandora y la “Red de Diputados”, mediante los cuales se usaron ONG’s fachada y proyectos inflados o inexistentes para desviar millones de lempiras con fines políticos y personales.
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“ATOL CON EL DEDO”: EL DECRETO FUE DEROGADO
La promesa de “eliminar el fondo departamental”, incluida en la agenda pactada por el bipartidismo, ha sido cuestionada precisamente porque el Decreto 116-2019 –que lo creó—ya fue derogado en agosto de 2023 por el Congreso anterior, cuando se generó un debate porque la derogatoria se hizo con 82 votos y no con los 86 ques se estableció en el decreto cuando se aprobó en 2019.
El economista y exvicepresidente del CN, Hugo Noé Pino advirtió en su cuenta de X que el bipartidismo le está dando “atol con el dedo” al pueblo hondureño al presentar como novedad una medida que legalmente ya se tomó. “El fondo social estaba basado en una norma prespuestaria que no aparece en el Presupuesto 2026 y que ellos anuncian volverá a funcionar con un reglamento, pero igual como funcionaba el fondo social”, con lo que se reproduciería en la práctica el mismo mecanismo, advierte Pino.
De acuerdo con Pino, esta oferta se suma a otras decisiones que califica como “maquillaje de viejas prácticas”, lo que refuerza la crítica de que la supuesta eliminación del fondo es más un recurso discursivo que un cambio real en el uso discrecional de recursos públicos.
Tras la derogación del Decreto Legislativo 116-2019, la discusión pública se centró en el número de votos con que se aprobó su eliminación: mientras el propio artículo 21 del decreto exigía 86 votos (dos tercios de la totalidad de diputadas y diputados) para su reforma o derogación, el Congreso lo derogó el 3 de agosto de 2023 con 82 votos de 112 presentes y luego lo publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de agosto.
En su análisis incluido en el libro “Diálogos Constitucionales”, editado en su primera parte en febrero de 2025, el abogado constitucionalista Joaquín Mejía plantea que reducir el debate a la aritmética de los 82 contra 86 votos es una lectura legalista simplista que ignora la supremacía de la Constitución.
Mejía cuestiona la idea de que el artículo 21 del Decreto 116-2019 tenga fuerza para exigir dos tercios del total de diputadas y diputados, cuando la Constitución solo reserva esa mayoría calificada para materias expresamente definidas como constitucionales (reformas, órganos electorales, Consejo de la Judicatura, entre otros). Señala que el Fondo Departamental es una ley ordinaria y que el Congreso del periodo 2018-2022, que presidió el Partido Nacional, se arrogó facultades que no tenía al intentar elevarla al rango de “casi constitucional” mediante un simple artículo, sin pasar por el procedimiento de reforma del artículo 373 de la Constitución.
En esa lógica, el “candado” de los 86 votos no sólo es políticamente funcional a quienes quieren mantener vivo el fondo, sino jurídicamente inválido porque contradice el principio de supremacía constitucional: una norma secundaria (artículo 21 del 116-2019) no puede imponerse sobre la Constitución ni modificar, por la puerta de atrás, las reglas de mayoría que ella establece.
Por eso Mejía advierte que aceptar sin más la tesis de que “no está derogado porque no tuvo 86 votos” es dejar que los muertos (la legislatura antepasada) sigan gobernando a los vivos (la actual y las futuras) sin tener la condición de poder constituyente, utilizando lo que él llamó en su momento la “doctrina de los zombis vivientes”.
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FONDOS EN MANOS DE LOS DIPUTADOS
El manejo de recursos por los diputados surgió en el 2006, cuando el Congreso Nacional era presidido por el liberal, Roberto Micheletti y la presidencia de la república recaí en el también liberal, Manuel Zelaya. Posteriormente, en octubre de 2019, ante las críticas por el surgimiento de casos de corrupción, presentados por la extinta MACCIH, el Partido Nacional cambió el nombre y creó una ley especial, elevándola a rango “casi” constitucional a través del Decreto 116-2019.
El referido decreto fue derogado por el Congreso que presidió Luis Redondo. Sin embargo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) continuó utilizando los recursos del Estado para fines proselitistas a través de subvenciones que, a discrecionalidad, sin transparencia y rendición de cuentas, se le han venido entregando a los diputados para obras menores y ayudas sociales.
Adicional a lo anterior, se aprobó como parte del Presupuesto General de la República el Fondo de Administración Solidaria, que establecía una asignación anual de hasta 950 millones de lempiras para financiar proyectos de infraestructura menor y obras sociales a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
Cuando se aprobaron dichos fondos se argumentó que los diputados no iban a manejar directamente los recursos económicos, sino que simplemente se convertirían en gestores ante las secretarías de Estado con base en las peticiones de las comunidades. Sin embargo, esta aseveración no fue así, luego que saliera a la luz pública que desde la Sedesol se habrían emitido cheques con fines proselitistas a favor de la campaña del Partido Libre.
Según un informe del Tribunal Superior de Cuentas, se habrían emitido 58 cheques por valor de 5,106,681.35 lempiras con la intermediación de la diputada de Libre Isis Cuállar y la aprobación del ministro de la Sedesol, José Carlos Cardona, quien renunció al cargo, supuestamente para ser investigado.
En resumen, han pasado cinco gobiernos diferentes, de todas las ideologías políticas y todos, sin excepción alguna, han utilizado los fondos del Estado para buscar mantenerse en el poder, e incluso dando paso a actos de corrupción que se mantienen en la impunidad.
SE REQUIERE REFORMAS, NO PROMESAS
Para la abogada Gabriela Blen, lo que el país necesita no es otra promesa, sino una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que saque, de una vez por todas, la asignación de recursos de las manos de los congresistas.
Blen recuerda que no es función de las y los diputados ejecutar proyectos sociales ni repartir ayudas, sino legislar, aprobar presupuestos y exigir rendición de cuentas al Poder Ejecutivo, justamente para evitar nuevos casos como el escándalo de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o la dilapidación de recursos vinculada al fondo departamental bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Desde esa mirada, advierte que el problema no se resuelve con un anuncio, sino democratizando la toma de decisiones en el Congreso, fortaleciendo el Tribunal Superior de Cuentas, las instituciones contraloras y la ley de política limpia.
Por su parte, el abogado Alex Navas cuestiona la credibilidad de la agenda acordada entre liberales y nacionalistas, especialmente cuando presentan como novedad la eliminación del derogado fondo departamental que, en los hechos, ellos mismos alimentaron y utilizaron para dilapidar recursos públicos.
A criterio de Alex Navas, la nueva agenda legislativa es una “prueba de fuego” que, en lugar de centrarse en reformas clave para la instalación de una comisión internacional contra la impunidad o en cambios al Código Penal y al régimen de altos funcionarios, apunta a restaurar fideicomisos, el empleo por hora y estructuras que benefician a grupos económicos y políticos que han financiado campañas. Por eso considera que no hay una verdadera agenda anticorrupción, sino una estrategia para disfrazar privilegios y mantener las mismas redes de poder que expulsaron a la MACCIH y frenaron esfuerzos previos contra la impunidad.
El Mirón concluye que la afirmación de Jorge Cálix que, como parte del acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, “se eliminará el fondo departamental” resulta engañosa, porque presenta la supuesta eliminación como un logro nuevo del pacto bipartidista cuando, en realidad, el decreto que creó dicho fondo ya fue derogado en 2023.
