Tegucigalpa. –El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) por presunta corrupción en la contratación de la Empresa Energía Honduras (EEH).

El contrato con el consorcio de capital colombiano fue aprobado, en el 2013, en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero entró en vigor hasta el 18 de enero de 2016 en el primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. por narcotráfico.

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La concesión a la empresa colombiana fue negociada con Coalianza, como una Asociación Público Privada (APP) a través de un fideicomiso con un banco hondureño.

El contrato a favor de EHH está contemplado en el Decreto Legislativo 118-2013 y se pactó con el objetivo de recuperar pérdidas en los servicios prestados por la estatal energética para la distribución y flujo financiero.

El convenio establece que la multinacional está obligada a reducir las pérdidas anuales tanto en la medición, facturación y cobro de la energía vendida por el sistema de distribución. Asimismo, mejorar la calidad de atención a los usuarios, la operación y mantenimiento del sistema de distribución en los términos y condiciones que se establecen en el pliego de condiciones del contrato.

En 2019 el entonces subsecretario de Energía, Leonardo Deras, anunciaba que a pesar de las negociaciones con EEH no habría ampliación del contrato, por el incumplimiento en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.

En una declaración a medios nacionales dijo que “un tema que se ha definido es que no se va a prolongar el contrato, ya se le dijo contundentemente a EEH que no se va prolongar”.

Las declaraciones de Deras marcaron un punto de partida para presumir que EEH no le dio cumplimiento a lo pactado en el contrato.

DENUNCIA CONTRA EEH

Según explicó el gerente de la estatal eléctrica, Erick Tejada, la denuncia contra la Empresa Energía Hondura es para que se hagan las investigaciones respectivas y se deduzca las responsabilidades a los funcionarios en caso que corresponda.

A su llegada a las instalaciones del Ministerio Público, en la capital de la república, Tejada fue abordado por periodistas para obtener detalles sobre el proceso contra EEH.

Explicó que este proceso legal es por ciertas irregularidades en el contrato de concesión relacionados a la ausencia de un marco jurídico establecido para el contrato, el valor agregado de distribución y la falta de experiencia de las empresas subcontratadas para llevar a cabo el contrato.

Indicó que los organismos competentes deben determinar si hay responsabilidad de Coalianza y la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAAP)

Tejada precisó que se ha remitido a las autoridades correspondientes la cronología y más de 174 actas del Comité Técnico del Fideicomiso para que se hagan las investigaciones pertinentes.

“El artículo 8 de la ley manda a que la nueva administración de la ENEE realice una revisión administrativa, una investigación y establezca una cronología de cómo fue el origen de la contratación del inversor operador EEH que, a todas luces, es un contrato lesivo y que ha causado un perjuicio importante a las arcas del Estado”, expuso.

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El funcionario hizo referencia al artículo 8 de la recién aprobada Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social que faculta la supervisión del Estado e intervención de las empresas. La normativa autoriza al Estado a supervisar la operación del subsector a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), quedando obligadas las empresas o usuarios, regulados por esta ley, a proporcionar toda la información que requiera el ente regulador.

Además, la CREE está obligada a especificar de manera detallada la información que solicite y a explicar qué uso hará de la misma.

En cuanto a la intervención de las empresas, la normativa señala textualmente que la Secretaría, previa a la opinión de la CREE, puede acordar la intervención de cualquier empresa de generación, transmisión o distribución cuya situación o desempeño amenace o afecte la continuidad o seguridad del servicio.

La ley establece como causas de intervención, la suspensión de pagos o quiebra de la empresa. En un segundo apartado habla sobre la gestión irregular de la actividad, cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su paralización, con interrupción del suministro a los usuarios.

Y en un tercer inciso la grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones, que ponga en peligro la seguridad de las mismas. En el procedimiento sancionatorio que dé lugar a la intervención, deberán acreditarse los incumplimientos que la motiven. La intervención será una medida temporal y cesará cuando la empresa intervenida esté nuevamente en condiciones de prestar el servicio. La intervención no podrá exceder un plazo de dos años.

PERJUICIO DE LA EEH AÚN NO SE CUANTIFICA

Continuando con lo expresado por el gerente de la ENEE, es difícil establecer el perjuicio al Estado por parte de la EEH.

Aseveró que se tienen varios estudios, pero hasta no tener la demanda por daños y perjuicios [que esperamos presentarla en el primer trimestre del año] «no podemos establecer un perjuicio específico».

Asimismo, dijo que es evidente que todo el contrato -que va en su séptimo año de aplicación- ha sido un perjuicio importante para el Estado.

De su lado el apoderado legal de la Empresa Energía Honduras (EEH), Juan Carlos Sánchez Cantillano, manifestó que las autoridades de la ENEE están en su derecho de ejercer acciones ante las autoridades competentes, aunque expresó que no comparten «la actitud de intimidación y amenazas» que se están presentando ante inversiones extranjeras en Honduras.

El apoderado legal afirmó que este es un antecedente negativo para el país y advirtió que las acciones tomadas por el gobierno de Honduras ya son del conocimiento de instancias internacionales.

“Esto obedece a lo mismo, son las mismas acciones que venimos escuchando hace más de un año por parte de las nuevas autoridades tanto de la ENEE y de la Secretaría de Energía”, expuso.

El pasado de 29 de octubre del 2022, Sánchez Cantillano confirmaba un plan de intervención por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Precisó que el consorcio colombiano considera que este plan de intervención de la estatal eléctrica implica la «expropiación a la inversión extranjera».