Redacción: Marcia Perdomo
Foto: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Tegucigalpa.- En el marco de la visita protocolar a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo reuniones con organizaciones defensoras, quienes pusieron en conocimiento de la entidad temas relacionados a la impunidad, criminalización y violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas.
Las delegaciones presentes ayer martes, 30 de agosto son: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el Movimiento Amplio por la Justicia y Dignidad (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad, integrantes de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), entre otros.
El Copinh solicitó a la CIDH instar al Estado de Honduras a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los procesos de denuncia, investigación y judicialización de casos de forma efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos.
De igual forma, determinó como “imperativo asegurar la captura, enjuiciamiento y sanción de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y todas las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en Honduras”.
El MADJ, junto al Bufete Estudios para la Dignidad e integrantes de la tribu de San Francisco de Locomapa, pusieron en conocimiento de la comisión cinco puntos relacionados al acceso e implementación de la justicia, así como la creciente criminalización de defensores que se enfrentan al extractivismo en el país.
Desde el Movimiento Amplio se planteó la impunidad en la que permanecen los crímenes contra luchadores sociales de la organización, las reformas penales que criminalizan a las personas que defienden derechos humanos y promueven la corrupción, y la violación a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades por parte de las empresas extractivas.
Así como la ineficiencia demostrada en la implementación de sentencias que reconocen derechos humanos dictados por la Corte Suprema de Justicia, perpetuando de esta forma la impunidad. De igual forma, plantearon la ausencia de canales integrales de comunicación por parte del gobierno actual, por medio del cual asuma su rol de generador e implementador de políticas públicas que resuelvan temas estructurales, en diálogo amplio con el pueblo, no solo con grupos afines o acríticos.
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Por su parte, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) dio acompañamiento a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la exposición de sus casos a la delegación de la CIDH.
Entre los casos compartidos en las redes del Cofadeh, está el del defensor de derechos humanos y comunicador social, Pablo Hernández, asesinado en enero de este año. El padre del defensor, Natividad Hernández, señaló a la delegación de la CIDH la ausencia de investigación por parte de las autoridades para dar con el paradero de los autores del asesinato de su hijo.
También se planteó la problemática medio ambiental y social que viven los pobladores de Gualaco, Olancho, luego que un empresario maderero colocó una cadena para evitar el paso por el municipio. Así como la persecución y judicialización de la población indígena Nahua por el mismo caso, señaló Cofadeh en una de sus publicaciones desde redes sociales.
La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) presentó tres cartas de solicitud con respecto al caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico; la privatización del agua en Honduras; y el caso de la empresa avícola El Cortijo contra el río Choluteca y las comunidades afectadas por la contaminación de esta.
Durante la visita protocolar de la delegación de la CIDH a Honduras, el comisionado Stuardo Ralón, la secretaría ejecutiva Tania Reneaum y el equipo técnico, sostuvieron reuniones con autoridades y realizaron capacitaciones con funcionarios públicos y sociedad civil en relación a los derechos de las mujeres, los afrodescendientes e indígenas, publicó la CIDH.
