Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la crisis legislativa de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), que desde el uno de septiembre tenían que tomar posesión de los cargos, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está tomando decisiones, más allá de las que la ley le permite, como, por ejemplo, nombrar y poner a trabajar una comisión de diputados, sin antes exteriorizarlo ante el pleno de congresistas en una sesión.
Luis Redondo nombró el pasado tres de septiembre, tras dos intentos, en dos sesiones respectivas, de llevar el proceso de elección de las nuevas autoridades de la fiscalía, una comisión especial para investigar la participación de Óscar Fernando Chinchilla (ex fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal general momentáneo) en casos de corrupción y complicidad con el crimen organizado, durante el periodo que llevaron las riendas del MP (2018-2023).
Aunque nombrar comisiones especiales o permanentes, es una de las facultades que se le confiere a Luis Redondo, como presidente del Poder Legislativo, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional precisa dicho grupo de diputados deben ser nombrados ante el pleno y anunciado en una sesión legislativa.
La comisión, que comenzó a trabajar en la investigación desde el martes 5 de septiembre, está integrada por los diputados: Silvia Ayala, Ramón Barrios, Hugo Noé Pino, Ligia Ramos, Rolando Barahona, Ernesto Lezama, Angélica Smith, Netzer Edu Mejía y Carlos Raudales, la mayoría diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con lo expuesto por Redondo, que notifico el tema de la comisión a través de sus redes sociales, la comisión, presidida por la congresista Silvia Ayala, tendrá la facultad de investigar las vinculaciones de Chinchilla y Sibrián con el crimen organizado, narcotráfico, entre otros delitos, para después presentar los hallazgos ante el pleno de diputados.
Para el abogado constitucional Juan Carlos Barrientos, Luis Redondo incurrió en una plena ilegalidad, ya que obvió lo que manda la ley que rige el Poder Legislativo, nombrando una comisión sin el pleno de diputados.
“Luis Redondo nombró incorrectamente una comisión para investigar a exfiscales, cuando las facultades no las tiene él; las tiene el Congreso Nacional en el pleno (…) se nombró al margen de los partidos políticos”, opinó el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos.
El anuncio de investigación de Redondo, se hizo pocas horas después que desde la aduana de Guasaule, en el departamento de Choluteca, sur de Honduras, se notificara que Chinchilla estaba saliendo del país rumbo a Nicaragua, para incorporarse como magistrado en la Corte Internacional de Justicia, con sede en ese país, según informaron funcionarios del actual gobierno.
Chinchilla pudo salir del país en busca de refugio en Nicaragua, ya que mientras ostentó la titularidad de la fiscalía, trabajó sujeto al poder, precisamente en los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, para facilitar la comisión de varios delitos y promover la impunidad.
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¿QUIEN ESTÁ MANEJANDO LA TITULARIDAD DEL MP?
Amparados en el decreto 233 de la Constitución de la República, la bancada oficialista y el diputado presidente Luis Redondo sostienen que Daniel Sibrián, pese a que todavía no hay nuevas autoridades en el Ministerio Público, no figura ni como fiscal adjunto ni como titular, ya que Chinchilla dejó el cargo, obviando, de esa forma, lo que dice artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
En síntesis, el decreto 233 de la Constitución de la República establece que el periodo del fiscal general y adjunto es de cinco años, por eso el oficialismo y Redondo no reconocen a Sibrián como autoridad, mientras el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que mientras no se hayan elegido nuevas autoridades en el MP, las anteriores deben continuar en sus cargos, hasta que escojan a sus sustitutos, posición que han adoptado los partidos de oposición (Nacional, Liberal y Salvador de Honduras).
En pocas palabras el oficialismo, amparados en el inciso 1 y 4 del decreto 67-2022, sostienen que no respaldarán que Chinchilla y Sibrián sigan en los cargos porque han mantenido una hegemonía de impunidad y corrupción en la fiscalía y, en teoría, su gestión concluyó el 31 de agosto, imponiendo, en consecuencia, que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) funcione como el ente principal de investigación, mientras los diputados deliberan y llegan a consensos para escoger a las próximas autoridades de la fiscalía.
Este decreto facultó a la Uferco de ejercer acción pública penal en los casos de corrupción de alto impacto, sin tener que recibir la aprobación de fiscal general ni del adjunto, sólo infórmalo al director de fiscales. Esta medida durará hasta que sean nombradas las nuevas autoridades de la fiscalía, según lo precisa el inciso cuatro de la normativa.
Para el vice alcalde de San Pedro Sula, Omar Menjivar lo anterior sólo sería una estrategia del oficialismo para dilatar el proceso de elección y finalmente manchar la imagen del fiscal Luis Javier Santos.
“Con todo respeto, creo que le están haciendo un gran daño a Luis Javier Santos, al usar su imagen y prestigio como cocora en un asunto que debe ser resuelto de otra manera. Es una falta de respeto para uno de los funcionarios más dignos”, opinó Menjivar.
De momento, según la ley, Sibrián debería ser quien lleve las riendas del Ministerio Público, aunque el oficialismo no lo reconozca, hasta que los diputados elijan a las nuevas autoridades que tenían que asumir los cargos desde el uno de este mes.
Sin embargo, hasta el momento el presidente del Congreso Luis Redondo, no ha convocado a sesión a las bancadas, para continuar con el tema de elección, lo único que ha hecho, a través de sus redes sociales, es advertir que en cualquier momento hará el llamado.
