Juez consideró que se deben respetar las tierras ancestrales y que el Estado de Honduras tiene una responsabilidad de evitar estos conflictos entre terceros, es decir entre personas que tienen escrituras privadas y lo que reclama el pueblo Garífuna
Tegucigalpa.- Tres días de extensas audiencias en las que salió a relucir el racismo y desconocimiento de derechos de pueblos indígenas por parte de entes del Estado, así como el abuso de autoridad por parte del Ministerio Público, resultaron en cartas de libertad definitivas para los seis defensoras y defensores de Punta Gorda.
Dorotea Eliza Arzú López, Melisa Fabiola Martínez Reyes, Agusto Moises Dolmo Hill Keyder Tichando Gonzalez, Abat Efrayn Sánchez Gómez y Richard Armando Marinez Valerio fueron acusados de usurpación agravada tras ser detenidos durante un violento desalojo en la comunidad de Punta Gorda.
La abogada del Bufete Justicia Para los Pueblos, Kenia Oliva dijo a Criterio.hn que el juez dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los seis imputados por considerar que no hubo una investigación seria y exhaustiva para acusarlos de la responsabilidad del delito de usurpación.
Además, agregó que el juez manifestó que el Estado de Honduras tiene la responsabilidad de respetar el Convenio 169, por lo que está obligado a hacer que este convenio se respete para que no continúen los conflictos de tierras ancestrales en el país y determinar cuáles son esas tierras ancestrales.
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En conclusión, el juez considera que se deben respetar las tierras ancestrales y que el Estado de Honduras tiene una responsabilidad de evitar estos conflictos entre terceros, es decir entre personas que tienen escrituras privadas y lo que reclama el pueblo Garífuna.
La noticia fue recibida con jubilo, tambores y al canto de “Sí, se pudo” por parte del pueblo Garífuna que esperaba afuera del juzgado de Roatán la determinación del juez, según se pudo observar en un video transmitido por Reportar Sin Miedo.
EL LAMENTABLE PAPEL DE LA FISCALÍA
La fiscal a cargo del proceso es Reyna Yescenia Fúnes Canizales. De acuerdo a testimonio de la jueza ejecutora, Fúnes Canizales estuvo presente en el desalojo y lo coordinó de forma efectiva a pesar de no tener competencias para estar allí, según lo consignó el Bufete Justicia Para los Pueblos en el informe preliminar del proceso judicial.
Pero, la fiscal no solamente estuvo presente en el violento desalojo, sino que además fue quien dio la orden a la Policía Nacional para detener a los seis defensores del territorio Garífuna, sin pasar por el debido proceso de investigación.
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Sumado a esto, fue Fúnes Canizales junto al abogado privado, quienes gestionaron por separado la presencia de los militares de la Fuerza Naval.
Sobre este tema, el informe preliminar del Bufete Justicia Para los Pueblos “constató que la Acusación Privada gestiono la participación de las fuerzas navales en el desalojo, alarmando sobre la injerencia de intereses privados en las Fuerzas Armadas de Honduras”.
Además, en “documentos del Ministerio Publico consta que la Fiscal Reyna Yescenia Fúnes Canizales también pidió de forma ilegal la participación de las fuerzas armadas en el desalojo”.
Al respecto, el doctor e investigador en derechos humanos, Joaquín Mejía, cuestionó: “¿cómo es posible que un particular tenga el poder de lograr que los militares participen en un desalojo? El Ministro de Defensa y la comandanta en jefa de las FFAA, la presidenta Castro, deben dar una explicación y deducir las responsabilidades correspondientes”.
En cuanto a la participación de la fiscal Fúnes Canizales en la solicitud dirigida a la Fuerza Naval, lamentó el terrible papel que jugó el Ministerio Público. Mejía fue uno de los primeros en señalar que la presencia de militares en el desalojo generaba preocupación teniendo en cuenta su historial criminal y violento, a la vez que contradecía la promesa de la presidenta Xiomara Castro en su plan de gobierno sobre la desmilitarización de la seguridad ciudadana.
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