Tegucigalpa.- El velo de impunidad continúa a quince meses del ataque de integrantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) contra la población misquita de Ibans en Gracias a Dios, costa nororiental de Honduras, en la que fue asesinada una persona, al menos veinte resultaron heridas y dos más murieron por el terror que ocasionó la agresión.
El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, acusación privada en representación de las víctimas, explicó a Criterio.hn que el manejo del caso por el Ministerio Público está marcado por inoperancia y negligencia que propicia la impunidad en el caso que involucra a dos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea.
“Hasta el momento, la Fiscalía de Delitos contra la Vida no ha practicado ninguna diligencia de investigación. No tiene ninguna información facilitada por el Estado Mayor Conjunto, no tienen actas de defunción de las personas fallecidas y lo único que ha tenido es el testimonio de algunas de las víctimas sin que hayan ido a la zona”, manifestó Mejía.
Como apoderado legal de las víctimas, Mejía señaló que el Bufete Estudios para la Dignidad ha solicitado se practiquen las acciones de investigación y obtención de información por parte del Estado Mayor Conjunto en relación con la cadena de mando responsable del asesinato y las tentativas de asesinatos cotra las y los pobladores de la comunidad misquita de Ibans.
CASO ESTÁ MARCADO POR ÁNIMO DE IMPUNIDAD E INOPERANCIA
“Desde sus inicios el caso estuvo marcado por un ánimo de impunidad y por la inoperancia del Ministerio Público. En primer lugar, la matriz mediática de los medios corporativos posicionó que lo que había sucedido era un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes, lo cual no es cierto y fue eso precisamente lo que sostuvieron las Fuerzas Armadas y que fue repetido por los medios de comunicación de forma muy general y ocultaron que las personas que se encontraban en la playa que fueron heridas y asesinadas fueron precisamente personas misquitas que se dedican a la pesca y que viven en condiciones muy limitadas a nivel socioeconómico”, apuntó el abogado.
Posterior a esto, señaló que “el caso en el Ministerio Público se manejó con mucha inoperancia, ya sea de forma culposa o dolosa, propiciando la impunidad. El caso en un inicio fue tomado por la Fiscalía Especial para la protección de Etnias, a la que luego le fue retirado el caso, sin que esta oficina realizara ninguna diligencia de investigación y fue trasladado a la Fiscalía Especial de delitos contra la vida de San Pedro Sula”.
El bufete compareció a esta última fiscalía donde se les indicó que el caso sería manejado en secretividad por orden de la Dirección de Fiscalía y no podían compartir información con el equipo legal que representaba a las víctimas. Esta decisión fue revertida por la representación de las víctimas, narró el profesional del derecho.
No obstante, una vez resuelto el acceso al expediente fueron informados que no representaban a ninguna víctima bajo argumentos “notoriamente ilegales” y con “mucho desconocimiento técnico de la ley”, afirmando que no habían víctimas puesto que no tenían acta de defunción de la persona fallecida por impacto de bala y que el caso era manejado únicamente por las personas que resultaron lesionadas y que no era un caso de asesinato, compartió.
Agregó que por incidencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) y la presentación de algunos recursos se logró revertir la decisión y que se reconociera como víctimas a los pobladores en diciembre de 2022.
¿QUÉ OCURRIÓ EN LA COMUNIDAD MISQUITA DE IBANS EN SEPTIEMBRE DE 2021?
La Causa Ataque Militar contra la Comunidad Misquita de Ibans, refiere a la agresión militar ocurrida el 16 de septiembre de 2021 a manos de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, brazos de las FF. AA. mientras daban persecución a una supuesta narcolancha que se adentró a la playa de la comunidad de Ibans en el municipio de Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios.
El abogado Mejía contó a Criterio.hn que la comunidad se encontraba en la playa como parte de las actividades de pesca de medusas que realizan durante la temporada y de acuerdo a la distribución de trabajo que tienen, los hombres están en las lanchas en el mar pescando medusas, mientras en la playa mujeres y niños las limpian.
“Toda la comunidad se encontraba en la playa y al encallar la supuesta narco lancha lo que hicieron las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, fue disparar en contra de todas las personas que se encontraban en la playa. Producto de esto una persona falleció por impacto de bala, otras dos personas —que padecían de afecciones del corazón y otro tipo de enfermedades— fallecieron por la impresión de los disparos y un poco más de una veintena de personas resultaron heridas”, relató.
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A fines de diciembre de 2022, en el marco del proceso de selección de los aspirantes a magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, Sergio Renán Herrera, un maestro de la comunidad quien resultó herido a nivel del área tórax en el hecho arriba mencionado, destacó que las autoridades no han colaborado en el proceso de búsqueda de justicia para el pueblo misquito de Ibans.
“El Congreso Nacional al momento de escoger a los magistrados debe pensar en la gente que más necesita justicia, la gente pobre. Sabemos que históricamente, los misquitos, Gracias a Dios es un departamento olvidado en todos los aspectos”, manifestó Herrera quien participó en la conferencia de prensa organizada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Este no es el primer ataque contra las comunidades misquitas en Gracias a Dios a manos de fuerzas militares, en agosto de 2021, pobladores de Wampusirpi, denunciaron que fueron víctimas de un desalojo violento por parte de entes represores del Estado y en el cual resultaron quemadas varias viviendas, dejando desprotegidas a las personas que habitaban esta zona.
Pese al listado de ataques por fuerzas militares contra las comunidades indígenas de Gracias a Dios en administraciones pasadas, la presidenta Xiomara Castro anunció en mayo del año pasado la creación de tres batallones verdes “para la protección de las áreas protegidas y reservas forestales, combate a la narcoactividad, frenar la tala, pesca y minería ilegal. Así mismo brindar seguridad a los pobladores”.
El lanzamiento del primero de tres, fue en Catacamas, Olancho, el contingente militar estaría resguardando tanto Olancho como La Mosquitia, específicamente las áreas del Río Platano, Reserva Ruru, Reserva Warunta y Reserva Tawahka. No obstante, los defensores del territorio rechazan militarización de protección del medio ambiente
