En Honduras hay petróleo, pero el gobierno mantiene el tema en secreto

En el 2013 el gobierno firmó al margen de la ley un contrato de exploración y explotación con la firma BG Group, ahora Shell

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-En el marco de un foro realizado este jueves en Tegucigalpa se reveló que en Honduras hay petróleo pero que el gobierno está ocultando la información porque el contrato de exploración y explotación sobre el Mar Caribe, concedido a la firma inglesa BG Group ahora Shell, se firmó al margen de la ley.

Noticia Relacionada: Concesión al grupo británico BGG, para explorar y explotar petróleo en Honduras se maneja con mucho hermetismo

El foro fue organizado por el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) al que acudieron ambientalistas, defensores de derechos humanos, abogados, expertos en hidrocarburos, entre otros, que analizaron el contrato firmado entre el gobierno de Honduras y BG Group en el año 2013, mediante una contratación directa obviando el proceso de licitación.

Los expositores señalaron que el contrato de concesión contiene cláusulas que violan la Constitución, los convenios internacionales y las leyes ambientales. Asimismo, atenta contra los derechos indígenas que habitan la zona caribeña, estimada en 35 mil kilómetros cuadrados.

De acuerdo a la evaluación, el contrato amenaza además los arrecifes coralinos de Mesoamérica, las actividades pesqueras. También es lesivo porque no se realizó una consulta libre, previa e informada que establece Convenio 169 de la OIT y que ha generado conflictos sociales en la zona de la Mosquitia.

El contrato fue aprobado el 9 de abril del año 2013, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Posteriormente, el 23 de mayo fue aprobado en el Congreso Nacional.

Félix Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), lamentó que el gobierno haya firmado el contrato sin consultar con los pueblos originarios que habitan la zona de la Mosquitia, entre los que citó a la comunidad Misquita, Garífuna y a las etnias Pech y Tawahka.

Valentín contó que las comunidades se dieron cuenta de la concesión hasta que vieron al barco y la maquinaria que ya estaba trabajando en el lugar. Asimismo, que el contrato establece que la concesión se iba a realizar en un plazo que oscilaba entre cuatro a seis años, pero el proceso se realizó antes porque los yacimientos de petróleo fueron encontrados en el paralelo 84 y 85.

El líder comunitario garífuna señaló que si la explotación no ha iniciado es porque la transnacional así lo ha decidido ante la baja del precio del petróleo a nivel internacional.

Valentín bautizó a la concesión petrolera como un “proyecto de muerte”, porque existe el riesgo de un derrame con lo que automáticamente las comunidades de toda la zona atlántica, comprendida entre los costas de Guatemala, Belice, los departamentos hondureños de Roatán, Cortés, Yoro, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, serán desplazadas y se registrará la muerte de la flora y fauna.

El dirigente de Ofraneh advirtió que al no existir un Estado de Derecho en Honduras, seguirán luchando y reclamando sus derechos ante las instancias internacionales como la Relatoría de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que ya se ha pronunciado en contra del contrato suscrito con la BG Group.

CONTRATO LEONINO Y NEFASTO

Para la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y experta en el tema de hidrocarburos, Juliette Handal, el contrato es leonino y nefasto, porque fue firmado sin las más mínimas garantías de beneficio para el Estado de Honduras.

“Siempre se está hablando que en Honduras es típico los contratos leoninos, pero este contrato realmente es nefasto. Yo no estoy en contra del desarrollo, y que bueno si hay petróleo en el país, que se explote, pero para beneficio de los hondureños y que no se deje al Estado de lado”, expresó Handal al cuestionar que la mayoría de los beneficios favorecen al contratista y no al Estado

La empresaria farmacéutica apuntó que quienes representaban al Estado, en el momento en que se originó la firma del contrato, hicieron el trato a la velocidad del rayo, ya que iniciaron los acercamientos con la firma inglesa en el año 2012 y en mayo de 2013 ya habían estampado la rúbrica.

Las negociaciones con BG Group estuvieron a cargo del entonces secretario de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y la firma fue estampada por la entonces Procuradora General de la República, Ethel Deras y Oscar Armando Manzanares Díaz, en su condición de representante legal de  BG International Limited, Sucursal Honduras.

“La gente que lo aprobó en qué estaban pensando, todos los representantes de la patria, la gente que hizo los análisis”, dijo Juliette Handal al lamentar el contenido de una de las cláusulas del contrato que establece que las comunidades del litoral atlántico estarán bajo riesgo de ser desplazadas ante cualquier accidente que se origine por el derramamiento de petróleo.

La empresaria hizo un llamado al pueblo hondureño para que lea el contrato, ya que seguramente causará indignación, “y al que no le cause indignación que mejor no se llame hondureño”, satirizó.

Los estudios sobre la existencia de petróleo en la costa caribeña de Honduras comenzaron desde los años 50, luego continuaron en los años 70 y posteriormente en los 90, cuando se determinó que sí había el preciado “oro negro”, lo único que en aquel tiempo se determinó que las cantidades y la calidad no eran suficientes para la comercialización, según las tecnologías de extracción de aquel entonces, dijo a CRITERIO el presidente de la Coalición Patriótica para la Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez.

CONTRATO

El contrato con BG Group establece un periodo de cuatro años para la exploración, prorrogables hasta por dos años más, es decir un total de seis años y para el periodo de explotación el plazo se definió en 20 años, prorrogables por cinco años más, es decir un máximo de 25 años.

PAGOS

El contratista se comprometió con el Estado a pagar antes del comienzo de cada año, los siguientes cánones por concepto de impuestos:

Durante el periodo de exploración: $ 50,000 por la totalidad del área del contrato.

Durante el periodo de explotación (desarrollo y producción): $ 1 por cada hectárea donde se desarrollarán los trabajos.

Un pago adelantado único y no reembolsable de $ 300,000, correspondiente a seis años, en la fecha en que entró en vigencia el contrato.

El contratista se comprometió además a efectuar una inversión de $ 250.000 en proyectos sociales en la zona.

Se fijó además que el contratista haría un pago de $ 300,000 por adelantado, una vez que el contrato cobrara vigencia.

El documento refiere además que el Estado de Honduras tendrá derecho a apenas el 15 % del total de las ganancias.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH) Julio Raudales, el hecho de que el país tenga petróleo en su costa caribeña podría ser negativo, porque podría generar conflictos sociales y violencia como ha ocurrido en los países más pobres de África, donde pese a que la naturaleza es muy rica, hay mucha pobreza en su población.

Raudales no descarta que Honduras sea un foco de atención para las transnacionales petroleras motivadas, de ahora en adelante, por venir a explotar el Caribe.