Los requerimientos fiscales incluyen a altos funcionarios, de la administración anterior, involucrados en casos de alto impacto como ser: Pandora II, Red de Diputados, hospitales móviles, entre otros
Tegucigalpa, Honduras. Han pasado 44 días desde que el fiscal general y el fiscal adjunto interino, Johel Zelaya y Mario Morazán, respectivamente, asumieron las riendas del Ministerio Público, en ese periodo de tiempo se han emitido 47 requerimientos fiscales contra exfuncionarios acusados de cometer delitos de corrupción.
Falsificación de documentos públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación para delinquir son algunos de los delitos por los cuales el Ministerio Público (MP), ha requerido a las 47 personas.
Los implicados son exfuncionarios de distintas instituciones entre ellas: el Instituto Nacional Penitenciario (INP), Congreso Nacional (CN), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENNE), alcaldías, Instituto de la Propiedad (IP) e incluso exfuncionarios del propio Ministerio Público (MP).
Dentro de la lista se incluye también a altos exfuncionarios que fungieron durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, como ser la extitular de la Secretaría de Salud y la de Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tabora, respectivamente.
La primera está fugitiva de la justicia y la segunda se encuentra detenida a la espera de un juicio, en el que se determinaría la culpabilidad del millonario fraude en el caso de los hospitales móviles, ocurrido en 2020 durante la pandemia del covid-19.
Asimismo, se han reabierto líneas de investigación de casos que investigó la OEA-MACCIH y la Ufecic, (ahora Uferco), como es el caso Red de diputados y Caso Pandora II, último que involucra a los ex presidentes nacionalistas, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa y otros extitulares de instituciones claves.
Llama la atención que la mayoría de funcionarios son del Partido Nacional. Entre los requeridos se encuentra el presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras de Honduras ( CCPNH), David Chávez.
Quien recientemente se le emitió una orden de captura por suponerlo responsable de cometer actos de corrupción durante fungió como director del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop).
Luego del requerimiento y orden de captura, Chávez salió al paso y aseguró que las acusaciones son parte de un acto de persecución política de parte del gobierno de Xiomara Castro, por lo que ya se encuentra fuera del país en lo que él llama “exilio”, según lo manifestó en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Tik Tok.
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NO VOCIFERAR CASOS Y MARCAR LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA
Sobre los requerimientos fiscales, el director de Justicia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, mencionó que debe ser el fiscal general y el adjunto interino los que deben marcar la ruta de trabajo durante el tiempo que estén en el cargo.
“No creo que el Ministerio Público esté siendo utilizado como un instrumento político o se esté penalizado la política porque mal haría si deja utilizar, porque caería en desprestigio y demagogia”, aseguró Madrid en diálogo con Criterio.hn
Referente a las opiniones que se han emitido por sectores políticos diciendo que las acciones que realiza el Ministerio Público están impulsadas por el deseo del oficialismo en debilitar a la oposición, en este caso al Partido Nacional, de cara a las elecciones y además en las decisiones que se quieran tomar desde el Congreso Nacional.
Madrid opinó que los fiscales deben estipular en un documento cuál es la línea penal estrategia que va adoptar el Ministerio Público, de conformidad a su ley orgánica, y de esta manera no dejar margen de duda sobre el actuar.
“Debe de demostrarse que se van a perseguir el gran delito, y demostrar que los delitos menores van a ser sometidos a salidas alternas y que van a permitir que toda la capacidad del Ministerio Público se vuelque a esa delincuencia de cuello blanco y criminalidad organizada”, dijo Madrid.
Al tiempo que agregó que, al informar su línea de trabajo van a demostrar seriedad en el trabajo. En este sentido, apuntó que lo que no es conveniente es vociferar los casos e incluso antes que sean emitidos oficialmente, como ya lo han hecho algunos diputados.
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JUDICIALIZACIÓN
De su lado, el abogado constitucionalista y analista político Raúl Pineda Alvarado, analizó que se está entrando en un proceso de judicialización de la política. Hecho que muchos lo han considerado como un tema político, teniendo en cuenta el deseo de Libre de ir a las elecciones sin contendientes, parafraseando la frase de los propios diputados de Libre, “la oposición va estar presa o huyendo”.
Desde la óptica del poder, no se puede negar, -dijo Pineda- que las actuaciones están con miras de llegar al poder por la vía electoral y no armanda.
“La justicia debe ser imparcial y objetiva, respetuosa de los derechos humanos, porque el poder judicial es la cenicienta del gobierno y es por eso que la gente buena no quiere participar en cargos de nombramientos porque hoy está sentado y después en la cárcel”, expresó el profesional del derecho, en diálogo con este medio de comunicación.
Es preciso mencionar que el argumento del jefe de la Unidad Fiscal Contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, sobre el porqué de los requerimientos fiscales no se emitieron antes.
