En un contexto de violencia generalizada, el estado de excepción en Honduras no ha logrado proteger a las mujeres, con al menos 578 asesinadas de manera violenta desde su implementación
Tegucigalpa, Honduras. Desde la implementación del estado de excepción en diciembre de 2022, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes en Honduras. En tan sólo unos meses, 16 departamentos del país han sido escenario de 68 muertes múltiples, con un saldo de cerca de 300 personas muertas violentamente, donde el 34% de las víctimas de homicidios múltiples son mujeres.
De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de estas víctimas, 177 eran hombres, 92 mujeres y una veintena de niñas y niños, evidenciando el impacto devastador de la violencia en la sociedad hondureña. Estos datos reflejan la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y la urgente necesidad de tomar medidas efectivas en materia de seguridad.
El último hecho violento en el país centroamericano se registró el pasado viernes en Roatán, Islas de la Bahía, donde cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas tres mujeres. Mismo lugar donde el 9 de enero 3 mujeres perdieron la vida de manera violenta.
Esta cifra revela una realidad desgarradora en un país donde las disputas de poder, territoriales y políticas, han convertido a las mujeres en víctimas colaterales de la violencia.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», señala que las mujeres se encuentran atrapadas en el fuego cruzado de los diferentes escenarios de dichas disputas. “Lamentablemente las mujeres quedamos en medio de esa línea de fuego, nos convertimos en los botines, en el instrumento ideal para castigar a los enemigos”.
Esta dinámica, de acuerdo con la feminista, es una manifestación de cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla en el contexto de la violencia estructural que vive el país.
De interés: El crimen organizado no es la única causa de las muertes violentas y femicidios en Honduras
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD INSUFICIENTES
Con la implementación del Estado de excepción, se han implementado otras medidas de seguridad, como el Plan solución contra el Crimen, que hasta la fecha ya lleva tres fases. Este referido plan, a criterio de las feministas y defensoras de derechos humanos carece de enfoque de género.
Razón por la cual, a pesar de la gravedad de la situación para las mujeres en el país con la tasa más alta de femicidios en América Latina, las estrategias de seguridad implementadas por el Estado parecen “insuficientes”, sin un enfoque integral que aborde los factores socioeconómicos, políticos y sociológicos que alimentan esta «pedagogía de la crueldad». Ello ha llevado a un aumento constante de la violencia contra las mujeres, tanto en espacios públicos como privados.
«Cada año, las cifras se comparan y se reportan más o menos homicidios, pero no hay una estrategia integral que aborde la naturalización y normalización de la violencia en la vida de las mujeres», recriminó repudió Alvarado.
Durante el estado de excepción al menos 578 mujeres han perdido la vida de manera violenta pese a la presencia militar y policial en gran parte del territorio hondureño.
CULTURA PATRIARCAL IGUAL = CULTURA VIOLENTA
La violencia histórica contra la mujer en Honduras se manifiesta como un fenómeno profundamente arraigado en la cultura patriarcal que ha dominado la sociedad durante generaciones.
En el análisis de Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la violencia (ONV), la violencia contra mujeres y niñas no ha disminuido a pesar de las estrategias de seguridad implementadas en el país, lo que sugiere que estas medidas no abordan adecuadamente la raíz del problema: la cultura violenta y patriarcal que permea las relaciones sociales.
La especialista en materia de seguridad ciudadana explicó que muchos hombres creen tener derecho sobre sus parejas, lo que se traduce en un ciclo de violencia que puede escalar hasta llegar al femicidio, definido como el asesinato de una mujer por razones de género, motivado por odio y desprecio hacia su condición de mujer.
Este contexto de violencia no sólo afecta a las víctimas directas, sino que también crea un ambiente de miedo y opresión que limita las oportunidades y derechos de las mujeres en la sociedad, perpetuando así un ciclo de desigualdad y sufrimiento.
Hasta inicios de agosto el ONV registró 150 muertes violentas de mujeres. En 2023 documentó 411 y en 2022 al menos 318 muertes violentas de mujeres. La mayoría de los casos mostraron señales de ensañamiento, lo que indica que la violencia ejercida no es sólo un acto criminal, sino una manifestación de la desvalorización de la vida de las mujeres en una sociedad patriarcal.
