Foto Portada: Las y los campesinos caminan hacia casa presidencial para presentar su carta de reclamos. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- En el Día Internacional de la Lucha Campesina, las y los agricultores en Honduras se movilizaron para exigir la derogación del andamiaje legal que ha respaldado por décadas el despojo de tierras y violencia generalizada, especialmente en el territorio destinado a la reforma agraria.
Las movilizaciones se realizaron a lo largo del territorio hondureño incluyendo los municipios de Tocoa en el departamento de Colón; en Arizona, Atlántida; y San Lorenzo, Valle, entre otros, en una fecha que honra a 19 integrantes del Movimiento Campesino Sin Tierra en Brasil, asesinados en la masacre de Eldorado do Carajás el 17 de abril de 1996.
En la movilización de Leán, Arizona, campesinos y campesinas expresaron a Radio Dignidad que los procesos articulados son los que se deben continuar y seguir fortaleciendo. “No debemos de ser indiferentes a estos procesos de lucha […], debemos de trabajar articuladamente”, señaló uno de los participantes que fue identificado únicamente como don Manuel.
Mientras que otra participante, referida como Magda, afirmó: “En el Día Internacional de la Lucha Campesina, como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia [MADJ] estamos exigiendo que devuelvan las tierras a los campesinos, quienes han sido criminalizados por muchos años. No es justo que solo tengan acceso a las tierras quienes tienen el capital […] No exigimos solo tierras, exigimos un alto a los descombros en las montañas y los proyectos extractivos que acaparan los ríos”.
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Desde redes sociales, la coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), Yasmín López, compartió que “el 17 de abril es un día de lucha, de resistencia, de reivindicar los derechos de los y las campesinas”.
Agregó, que entre las demandas que realizan al Estado está el cumplimiento de los derechos campesinos de Honduras, así como la no aprobación del reglamento de semillas porque estas pertenecen y están al servicio de los pueblos, por lo que no deben tener un patrón asignado.
De igual forma, exigió el cese de la criminalización de compañeras y compañeros indígenas, así como impulsar la agenda rural de las mujeres y acceso a los bienes comunes y financieros como lo son: el agua, la tierra, financiamiento y asistencia técnica.
DEMANDAN IMPULSAR REFORMA AGRARIA INTEGRAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
Desde la Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad se demandó la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola —cuya implementación significó el despojo de las tierras de la reforma agraria y décadas de violencia—, impulsar un proceso de reforma agraria integral con equidad de género y la nulidad ipso jure de las inscripciones traslativas de dominio sobre las tierras de la Reforma Agraria efectuadas mediante fraude de ley.
Exhortaron la implementación inmediata y completa de los acuerdos suscritos entre el movimiento campesino del Bajo Aguán y el Gobierno de Honduras el 22 de febrero de 2022, la instalación inmediata de la Comisión Tripartita en condiciones que garantizan su capacidad de cumplir su mandato acordado e investigación de los mecanismos de despojo de las tierras de la reforma agraria.
Urgieron el cumplimiento de la derogación parcial del decreto 93-2021, “reforma del Código Penal al delito de usurpación y su impacto en el derecho a la libertad de expresión, el cual ha sido una herramienta para la criminalización de las y los defensores de los bienes comunes de la naturaleza, la tierra y el territorio”.
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De igual forma, se exigió investigar y castigar a los responsables de la violencia contra las y los defensores de los bienes comunes de la naturaleza, la tierra y el territorio, la reparación a las víctimas, restauración de los ecosistemas y la intervención de las empresas de seguridad privada al servicio de las empresas extractivas.
Además, requirieron el fortalecimiento de instituciones del sector agrícola, incluyendo sus marcos jurídicos, presupuestos y estrategias para garantizar que los programas prioricen a las organizaciones campesinas, comunidades indígenas y garífunas.
Reclamaron resolver la mora en solicitudes de acceso a tierra presentadas ante el Instituto Nacional Agrario (INA) y proceder a la titulación. Así como aprobar el decreto de las tierras bajo la administración de la Oficina de Administración de Bienes Incautadas (OABI) al INA, para el uso exclusivo del sector reformado y comunidades indígenas y garífunas.
En la misma medida, solicitaron el respeto a los títulos y territorios ancestrales de comunidades indígenas y garífunas, los títulos definitivos de la reforma agraria y respeto a las reservas naturales, así como intervenir en favor de las comunidades desplazadas por proyectos extractivos y de la industria hotelera.
Reclamaron la firma del Acuerdo de Escazú, la eliminación de la caña de azúcar como un cultivo protegido, el respeto a las declaratorias sobre territorios libres de proyectos extractivos y el fortalecimiento de los procesos de consulta libre previa e informada a las comunidades.
