A las diputadas y los diputados parece que se les olvidó la derogación del decreto 116-2019
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- En el Congreso Nacional nadie quiere hablar de la derogación del decreto 116-2019, una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, en confabulación con oenegés fantasmas, y cuya eliminación ha sido una de las sugerencias realizadas al Gobierno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la eventual instalación de una Comisión Internación contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
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En Honduras, a los diputados se les permite gestionar proyectos sociales, esto a través de la figura del Fondo Departamental. Y, aunque durante esta legislatura no se aprobó ninguna asignación presupuestaria en ese concepto, después de la ampliación del presupuesto general de ingresos y egresos, aprobada por la Secretaría de Finanzas, sí está contemplada la gestión de proyectos por parte de los legisladores, pero ahora bajo el argumento de que los fondos no serán administrados directamente por ellos, sino que por el Poder Ejecutivo.
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo el 19 de abril de 2022 que, desde que asumió, su intención ha sido someter a votación del pleno de diputadas y diputados la derogación del decreto 116-2019, un blindaje a medida de los diputados que han malversado el dinero proveniente del Fondo Departamental, pero que todavía no podía realizarlo debido a que solo contaba, en ese momento, con la voluntad de 84 legisladores, cuando la derogación requiere de la mayoría calificada, es decir, 86 votos.
A cinco meses de ello, continúa sin conseguir esas dos voluntades que, según él, hacen falta.
El 27 de mayo, bajo decreto legislativo 67-2022, se concretó el otorgamiento de un estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), que, a pesar del teórico fortalecimiento, continúa maniatada sobre todo por la vigencia del decreto 116-2019 y de otras leyes aprobadas durante el Congreso que presidió Mauricio Oliva.
A pesar de ese supuesto estatus especial, que en esencia le permite a la unidad fiscal en cuestión llevar a cabo el ejercicio de acción penal sin la previa autorización del fiscal general, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, continúa implorando a las diputadas y a los diputados que eliminen el decreto 116-2019, que le impide a la unidad fiscal que él dirige ejercer acción penal en contra de un legislador acusado por corrupción, sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no haya concluido una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
El 1 de septiembre, una jueza, argumentando la vigencia del decreto 116-2019, dictó sobreseimiento definitivo para el diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani, contra quien la Uferco había presentado una acusación por delitos de fraude y lavado de activos. También se sobreseyó provisional y definitivamente a los también exdiputados nacionalistas Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz y Rodimiro Mejía, así como a otras siete personas que, a través de dos oenegés fantasmas, desviaron 18 millones 950 mil lempiras (772 mil 523 dólares) entre 2013 y 2017.
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Un día después, el fiscal Santos, en conversación con Criterio.hn dijo «yo creí que esto no nos volvería a ocurrir, pasó con Red de Diputados y con Pandora, pero creíamos que ya no sucedería más. No sé porqué se dictó sobreseimiento definitivo, si se habían presentado las pruebas que podrían dar inicio a un juicio oral y público».
Pero, a lo interno del Congreso Nacional, las diputadas y los diputados parecen no dimensionar el alcance de ese decreto, o, simplemente, no quieren hacerlo.
Por el lado del oficialismo, ocupado por Libertad y Refundación (Libre), el discurso es casi idéntico al de Redondo: «sabemos que no lograremos los 86 votos, porque los diputados del Partido Nacional son los más favorecidos con su vigencia». Y del lado de la oposición, cuya principal figura es el Partido Nacional, la postura es igual de mezquina: «si ustedes no derogan la ley de amnistía política, nosotros no vamos a ceder para derogar el 116-2019».
«Por eso se ha estancado la derogación del decreto 116-2019, porque no tenemos los votos necesarios. Si los nacionalistas, que ahora tanto se pumpunean de ser anticorrupción, quisieran darnos esos votos, cuanto antes sería derogada esa ley. También tenemos dudas en torno a la postura del Partido Liberal, que no se ha pronunciado lo suficiente, intuyo, porque muchos de sus correligionarios también han sido beneficiados por este decreto», argumentó, en entrevista con Criterio.hn, el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera.
La pregunta, en este caso, es: ¿Quiénes son los dos legisladores que, según Luis Redondo, impiden que el decreto 116-2019 sea derogado?
El constitucionalista y analista Oliver Erazo, consultado por Criterio.hn, ha dicho que el discurso del diputado Herrera lo ha dejado «extrañado».
«Me parece que es un argumento mentiroso y que tiene un enfoque legislativo. Él (Jari Dixon Herrera) dice que no van a recibir el apoyo del Partido Nacional, pero cómo puede presuponer que no será así, si aun no se ha presentado la derogatoria», señaló.
Los nacionalistas, por su parte, han presentado un discurso chantajista. En conversación con este medio digital, el diputado del Partido Nacional, José Jaar Mudenat, aseguró que están en toda la disposición de respaldar la derogación del decreto 116-2019, pero con ciertas condiciones.
«Nuestra posición es clara. Lo que estamos pidiendo es que si van a derogar el 116-2019, también deben hacerlo con la ley de amnistía política, que benefició a varios exfuncionarios que habían sido judicializados por delitos de corrupción, una vez que inició la administración actual», dijo Jaar a Criterio.hn.
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El 3 de febrero, el Congreso que preside Luis Redondo aprobó la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, una normativa que, a pesar de ciertas bondades, ha blindado y ha absuelto a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), entre ellos el exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza -ahora asesor presidencial-, y el exsubgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri. Ambos habían sido judicializados por delitos contra la administración pública.
El abogado Oliver Erazo asegura que ese «estira y encoge» entre libres y nacionalistas responde a la «dialéctica legislativa que tenemos». «Es muy penoso, porque acá estamos hablando de dos decretos que lo único que han generado es más impunidad. Dos pactos de impunidad, uno impulsado por la administración anterior y otro por la actual, jamás terminarán en lucha contra la corrupción», sentenció.
El Gobierno, a través de la Cancillería, hizo público el 23 de agosto la última actualización al borrador del memorándum de entendimiento en el que, a modo de sugerencia, Naciones Unidas insta a las autoridades hondureñas a derogar el decreto 116-2019 y otras leyes consideradas contentivas pactos de impunidad, con el objetivo de que se instale una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) que pueda actuar en un terreno fértil.
Aún con ello, en el Congreso Nacional, parece, los legisladores continuarán haciéndose de la vista gorda en cuanto a la lucha contra la corrupción.
