Tegucigalpa. –Al menos en el 80% de las instituciones del Estado se habría destruido documentos claves por parte de las autoridades del gobierno anterior con la intención de sepultar actos de corrupción que podrían representar miles de millones de lempiras en fondos dilapidados.
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Vladimir Mendoza, reveló que en la mayoría de las secretarías y direcciones del Poder Ejecutivo se destruyó la información pública con la finalidad de ocultar actos de corrupción.
Mendoza constató a través de visitas a las diversas instituciones de Estado la destrucción de la información, por lo que solicitó a las nuevas autoridades presentar las denuncias formales ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.
El abogado advirtió que se incurrió en delitos con responsabilidad penal al tiempo que anunció emprender acciones estipuladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras se efectúa trabajos para recuperar cierta información.
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Por su parte, el coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción del Ministerio Público (UFERCO), Luis Javier Santos, aseguró que las investigaciones resaltan que miles de millones de lempiras fueron saqueados de las instituciones.
“Es realmente exagerado la cantidad de millones que fueron saqueados de diferentes instituciones, nosotros estamos tratando de investigar y llegar a la verdad y poder llevar ante los tribunales a todas esas personas que se apropiaron de todos esos fondos”, dijo Santos.
Santos detalló que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), el Programa de Asignación Familiar (PRAF) “han servido para que los políticos y los funcionarios corruptos se apropien de miles de millones de dinero”.
No es la primera vez que el fiscal anticorrupción denuncia destrucción de información pública, recientemente señaló que, en la Presidencia de la República, en la administración de Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se destruyó documentos claves en las investigaciones que realizan.
De igual manera, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reveló que la administración de Mauricio Oliva extinguió la documentación pública y saqueó el Poder Legislativo.
A criterio de la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, la denuncia de sustracción y destrucción de la información pública constituye un delito grave que debe perseguirse y no quedar en la impunidad.
Demandó se impongan sentencias ejemplares para evitar que nuevas administraciones ejecuten prácticas similares que vulneran el acceso a la información y promueven la impunidad y corrupción.
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Cabe recordar que el Congreso Nacional derogó el pasado 1 de marzo la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, conocida como Ley de Secretos, que blindaba al menos 17 instituciones del Estado al declarar reservada y clasificada la información.
Según la comisionada del IAIP Ivonne Ardón, la mayoría de los entes estatales se ampararon en la normativa y declararon reservada información sin reunir las condiciones para otorgarle esa especificación.
El Código Penal de Honduras establece en su artículo 501 que cualquier funcionario o empleado público que sustrae, destruye, oculta documentos que le están encomendados por razón de su cargo debe ser castigado con prisión de dos a cuatro años más una multa de 200 a 400 días e inhabilitación especial por cinco a diez años.
