Tegucigalpa.- En el marco de la COP2, la Red Hondureña por Escazú realizó un llamado al Estado de Honduras a sumarse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Bajo el lema “Escazú en Honduras, ahora más que nunca”, siete integrantes de la plataforma de sociedad civil asisten a la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, conocido como COP2, en Buenos Aires, Argentina, entre el miércoles 19 y el viernes 21 de abril.
En comunicación con Criterio.hn, la analista y defensora de derechos ambientales y del territorio, Lucía Vijl, señaló que se encuentran optimistas de escuchar los planteamientos del gobierno de Honduras e incluso con esperanza de que este adquiera un compromiso real con la adhesión y posterior implementación del Acuerdo de Escazú.
“Creo que es importante para Honduras porque se realizará el reconocimiento de tres nuevos Estados partes que han suscrito el Acuerdo [de Escazú], lo cual es relevante en tanto se logre posicionar en América Latina como una herramienta efectiva para garantizar los derechos de acceso a información, participación ciudadana, y justicia ambiental”, compartió Vijil.
Lucía Vijil es una de los siete representantes de la Red Hondureña por Escazú que se encuentran en Buenos Aires, Argentina, compartiendo conocimientos y estableciendo sinergías entre países con relación al Acuerdo de Escazú.
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Además de Vijil, participan los defensores ambientales: Laura Palmese, Kelly Sorto, Suyapa Castro, Joel Alemán, Darlin Álvarez y el investigador y defensor de derechos humanos y ambiente, Pedro Landa.
La analista planteó a Criterio.hn que la COP2 es un espacio deliberativo, de intercambio de posturas de los diferentes Estados que han adoptado el Acuerdo y los que no, en relación a este y su implementación.
IMPORTANCIA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ PARA HONDURAS
La Red Hondureña por Escazú señaló que este tratado “es considerado uno de los más importantes para promover el desarrollo sostenible y garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”.
La integrante de esta plataforma de sociedad civil, Kelly Sorto, señaló a Criterio.hn que el Acuerdo de Escazú permite mejorar las reformas en temas ambientales, generando mayor apoyo de la comunidad internacional en temas de conservación del medio ambiente y disminuir los conflictos socio ambientales, lo que a su vez reduciría el índice de asesinatos de las y los defensores del territorio y ambiente.
Según el último Análisis Global de Front Line Defenders, Honduras fue el cuarto de los países de América y el quinto del mundo que reportó el mayor número de personas defensoras asesinadas en el año 2022.
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Sorto apuntó que es necesario realizar un giro de 180 grados para que en base a este tratado se impulse un turismo ambiental que procure el cuidado de los recursos naturales, a través del cual el Estado podría acceder a mayores beneficios a través de los bonos de carbono.
“El Acuerdo de Escazú no es una varita mágica que va a solucionar todo, pero sí permite una apertura para que la ciudadanía tenga un marco internacional que le respalde y vele para que se realicen reformas basadas en las necesidades y desarrollo del país, pero enmarcados en transparencia, rendición de cuentas, […] impulsando la conservación del medio ambiente y respetando el derecho de los pueblos indígenas”.
COMPROMISO ERRÁTICO POR PARTE DEL ESTADO EN ADHERIRSE AL ACUERDO DE ESCAZÚ
Tras la toma de protesta de la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022, hubo un atisbo de voluntad política para la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú. El proceso de consulta con las diferentes secretarías e instituciones del Estado que nunca se logró en el gobierno de Juan Orlando Hernández, finalmente avanzó. Sin embargo, para septiembre de 2022 era palpable el desaceleramiento en el proceso e incluso una media voluntad por parte del gobierno.
Ese mismo mes, Criterio.hn consultó sobre el tema al vicecanciller de política exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, quien manifestó que sí existe intención por parte del gobierno de adherirse al acuerdo, pero manifestando que Escazú no implica únicamente una consulta a lo interno del gobierno, sino también con sectores de la sociedad civil y la empresa privada.
Declarando en ese momento que se encontraban en proceso de consulta con el sector privado y una vez terminaran con ellos, pasarían a la sociedad civil a consultar sobre temas de acceso a la información pública y la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), para realizar el análisis y “poder firmar la adhesión”. Desde entonces, poco se ha escuchado por parte del gobierno sobre el tema.
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De acuerdo a la Red Hondureña por Escazú, actualmente 15 países, de un total de 33, ya ratificaron el Acuerdo de Escazú, uno se encuentra en trámite legislativo, nueve han firmado, y otros ocho siguen sin firmar, entre ellos Honduras y El Salvador.
