Pese a no haber sesionado, por más de tres meses consecutivos, los legisladores siguieron cobrando sus salarios y viáticos. Con un gasto de 85,440,207.00 lempiras, sin contar los viáticos de noviembre.

En tres meses [septiembre y octubre y noviembre] se erogó 56,698,227 lempiras en los salarios de los diputados propietarios y suplentes.

Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional de Honduras cumple hoy, sábado 9 de diciembre, 100 días sin sesionar, desde el 31 de agosto que se originó una crisis que ha mantenido estancadas las reuniones del pleno, tras la fallida elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Pero, pese a la inactividad, los congresistas siguieron cobrando sus salarios y viáticos.

Analistas entrevistados por Criterio.hn coinciden en que la paralización de las sesiones ha dejado un mal precedente en la historia política de Honduras y del Congreso, en particular, que ahora es integrado mayoritariamente por tres fuerzas políticas, cada una con sus propias agendas, lo que ha imposibilitado los consensos.

SIN SESIONAR DIPUTADOS GOZAN DE VIÁTICOS Y SALARIO

En medio de esa estira y encoge y la paralización de actividades las y los diputados han seguido cobrando sus salarios y viáticos.  

En una búsqueda de información, en el Portal Único de Transparencia del Congreso Nacional, Criterio.hn encontró que durante septiembre de 2023, el Poder Legislativo erogó 15,438,152.95 lempiras por concepto de viáticos. Mientras que en octubre el gasto fue de 13,303,827.16 lempiras.

Lo que da una suma de 28,741,980.11 lempiras, en tan sólo dos meses y sin registrarse ninguna reunión del pleno.

En cuanto a pagos de salarios a diputados propietarios y suplentes en septiembre y octubre se erogó 37,798,818.00 lempiras. Desglosado en 18,899,409 lempiras por cada mes.

Hasta el momento el Congreso Nacional no ha publicado el informe de gastos de noviembre, pero si se suma la misma cantidad en cuanto al pago de salarios la suma acumulada en tres meses sería de 56,698,227.00 lempiras.

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Para el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, la erogación de casi 57 millones de lempiras en pago de salarios a los congresistas es dinero “mal invirtiendo”.

Aguilar instó a los congresistas a retornar las sesiones y que asuman con madurez política el mandato que les dio la ciudadanía, el pasado 28 de noviembre de 2021.

“Los diputados deben atender los intereses del pueblo en función de esa representatividad, recordemos que el Congreso Nacional es una elección de primer grado, pero es una elección de representatividad, es decir, las personas votan para sentirse representadas en ese congreso”, señaló.

Asimismo, dijo que los diputados no fueron electos para representar intereses de partidos políticos o de otro tipo de grupos.

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JUNTA PROPONENTE, RESPUESTA DEL OFICIALISMO

Desde el 1 de septiembre las y los congresistas estuvieron esperando la convocatoria para sesionar, pero el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, no realizó la convocatoria para que estos retornaran a sus curules.

Semanas tras semanas se esperaba la convocatoria a sesiones, pero esta no llegó, y el 31 de octubre culminó el período de sesiones ordinarias. La situación escaló a un punto que la oposición manifestó que, ante la falta de convocatoria, lo ideal era autoconvocarse para ampliar la legislatura.

Sin embargo, la respuesta del presidente del Congreso Nacional fue convocar a reunión de la Junta Directiva, con la que se nombró la Comisión Permanente, una figura enmarcada en el artículo 207 de la Constitución de la República para entrar al receso y convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de noviembre.

El referido artículo dice textualmente que “la directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, designará de su seno, nueve (9) miembros propietarios y sus respectivos suplentes quienes formarán la Comisión Permanente en receso del Congreso Nacional”.

Aunque la finalidad de la Comisión Permanente era convocar a sesiones extraordinarias, estas no han sido convocadas. De hecho, la acción más importante y que ha generado controversia es la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, Johel Zelaya y Mario Morazán, respectivamente.

El diputado oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, justificó que las reuniones del pleno no han sido retomadas “porque la oposición no lo ha permitido”.

En una entrevista brindada a Criterio.hn el legislador declaró que “hay que dirigir, como dicen las flechas, hacia la oposición, la que no nos ha permitido sesionar y precisamente por esa rebeldía de la oposición en el Congreso es que no se ha podido cumplir con lo que se está exigiendo”.

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CONGRESO DEJA UN MAL PRECEDENTE

Para el exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, que el Poder Legislativo haya cumplido 100 días sin sesionar marca un hecho “histórico en términos incorrectos”.

“Nosotros esperaríamos que fuera histórico porque están tomando las mejores decisiones y teniendo los mejores resultados, pero la problemática es que no están sesionando y esto afecta al país y la actividad económica, porque al final esto lo único que brinda es un ambiente de inseguridad jurídica, que no le abona nada a la inversión nacional”, lamentó el excongresista.

En diálogo con Criterio.hn, Cálix pidió a la clase política y a la Junta Directiva del Congreso Nacional, que entiendan que el único que está siendo afectado con las crisis políticas es la población. “No creo que la ciudadanía les esté pidiendo que estén de acuerdo en todo, pero sí, lo que tenemos que pedir es que estén sesionando y legislando”.

Consideró que la situación no abona a la poca credibilidad que tienen las instituciones del Estado, “no es un secreto que el Congreso Nacional es uno de los peores evaluados, cuando se mide la confianza y la credibilidad de los mismos”.

Sobre el tema, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, dijo que es lamentable que el Poder Legislativo mantenga esta parálisis, ya que como primer poder el Estado es el encargado de generar un ambiente democrático.

“Creo que algunas de las cuestiones a destacar, es que a pesar de ser un Congreso que no es operativo o no tiene esos resultados esperados, el gasto no se ha detenido”, cuestionó Aguilar.