Portada de archivo: desalojo en la comunidad garifuna de Punta Gorda
Tegucigalpa. – Un herido, detenciones, criminalizaciones y la ejecución de un desalojo en contra de integrantes de una agrupación campesina se desarrollaron entre el viernes 29 de septiembre al lunes 2 de octubre en los departamentos de Colón y Yoro, nororiente de Honduras.
La proximidad del feriado morazánico (2 al 6 de octubre) parece haber apresurado la ejecución de procesos judiciales, que no se detuvieron ni siquiera durante el fin de semana.
En Sonaguera, Colón, el viernes 29 de septiembre, miembros de la Policía Nacional a bordo de la patrulla PN-138 dispararon en contra de las familias que integran la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EACI), resultando herido Óscar Fernando Alonzo Aguilar, socio activo de esta, indicó la Plataforma Agraria.
Mientras que el sábado 30, se detuvo a Cándido Santamaría y Marvin Ávila, dos líderes campesinos que están siendo criminalizados junto a varias decenas de familias “por reivindicar su derecho a la tierra y organizarse en la Empresa Campesina Agua Blanca Sur”, especificó el Bufete Estudios para la Dignidad.
UN HERIDO Y EJECUCIÓN DE DESALOJO EN SONAGUERA
De acuerdo con la Plataforma Agraria, Óscar Fernando Alonzo Aguilar resultó herido el viernes 29 de septiembre luego que agentes policiales a bordó de la patrulla PN-138 abrieron fuego contra familias y socios de la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EACI), que recuperaban tierras de la reforma agraria, cuyo título definitivo está en custodia del Instituto Nacional Agrario (INA) desde 1984.
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A través de un comunicado, la organización explicó que, en septiembre de 1984, el INA adjudicó a la EACI 4.036 hectáreas en el municipio de Sonaguera, Colón, cuyo título está inscrito en el INA de Trujillo, en el mismo departamento.
No obstante, argumentan que fueron despojados de estas tierras en 1990 “a través de engaños, fraudes, persecución y amenaza por los señores Gerald Kemp Brunelle y Richard Toman, quienes son socios y representantes de la empresa Agrícola Santa Inés (Asisa), subsidiaria de la empresa Standard Fruit Company, hoy Dole Food Company.
Del viernes 29 de septiembre al lunes 2 de octubre, dichas tierras amanecieron rodeadas por 786 efectivos policiales, según datos proporcionados por el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, en un programa matutino en el que se informó sobre la orden de desalojo ejecutada.
Ante el asombro del presentador televisivo sobre el número de agentes de seguridad involucrados en el desalojo, Aguilar sostuvo que ellos trabajan bajo el principio de “superioridad numérica”, informando que en la zona hay entre 500 a 600 personas, sin especificar que en este número se incluyen familias.
DOS CAPTURADOS Y DECENAS DE CAMPESINOS CRIMINALIZADOS EN AGUA BLANCA SUR, EL PROGRESO
En el Progreso, Yoro, dos miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) fueron capturados el sábado 30 de septiembre acusados por la supuesta comisión de los delitos de usurpación y daños agravados en perjuicio de la empresa mercantil Azucarera del Norte S. A. de C. V. (Azunosa).
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Las personas detenidas son Cándido Santamaría y Marvin Ávila, pero junto a ellos, otras 39 personas están siendo acusadas bajo los mismos cargos, “por reivindicar el derecho a la tierra y organizarse en la empresa campesina de Agua Blanca Sur”, especificó el Bufete Estudios para la Dignidad (BED).
El domingo se celebró la audiencia de declaración de imputados, con el juzgado dictando medidas distintas a la prisión, por lo tanto, Santamaría y Ávila podrán defenderse en libertad.
El bufete jurídico indicó que esta una de varias acciones represivas ejecutadas por la empresa azucarera y el Ministerio Público en perjuicio del movimiento campesino, por lo que exhortaron a la presidenta Xiomara Castro y la Comisión de Seguridad Agraria asumir el deber de dar acceso a la tierra a las familias campesinas, y el cese de la violencia y la criminalización.
VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES, CAMPESINOS E INDÍGENAS ESCALA
Estas acciones se realizan en medio de una violenta escalada en contra de los defensores de la tierra, territorio y ambiente en Honduras, que resultaron en los asesinatos del secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, José David Fortín, y la defensora indígena Pech, Juana María Martínez.
A estos antecedieron los atentados contra la lideresa garífuna y coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, la madrugada del 19 de septiembre en la comunidad de Vallecito en el departamento de Colón.
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Al ataque contra Miranda, se suma el atentado contra el defensor del territorio, ambiente e integrante de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), José Ramiro Lara, la noche del 15 de septiembre en Santa Rosa de Copán.
A estos atentados, se añade un ataque colectivo contra nueve defensores del territorio garífuna en Puerto Castilla, Colón, entre quienes estaba la defensora Norma Lino, y un allanamiento contra pescadores en Cayo Bulaños en Cayos Cochinos, el cual fue realizado por integrantes de la Fuerza Naval de Honduras. Así como una denuncia por desproporcionado uso de fuerza policial contra el defensor de Nenrro de la O, quien cuenta con medidas de protección, en la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón.
El incremento de ataques a lo largo de dos semanas fue tan evidente que el primer Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, quien se encontraba en el país se refirió al tema, señalando que “Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
