Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El diputado del Partido Alianza Patriótica, Enrique Yescas, ha condenado la exoneración del pago de impuestos aprobada en el Congreso Nacional para beneficiar a las empresas del subsector eléctrico. Para él, este tipo de acciones y los contratos leoninos firmados con los generadores de energía mantienen en la quiebra a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y perjudican al pueblo.
El parlamentario dice que dentro de estos generadores hay unos que son buenos, pero que muchos son corruptos y responsables del descalabro financiero de la ENEE. Sostuvo, que el elevado costo de los contratos “leoninos” la causa de la problemática energética que se mantiene en el país.
“No comparto las exoneraciones otorgadas por los políticos que se hacen llamar representantes del pueblo que con estas acciones aguzan más el descalabro financiero de la ENEE”, expresó Yescas en una estación de radio de la capital hondureña.
“Y quiero recordarles a los empresarios corruptos que la ENEE por problemas técnicos y no técnicos pierde 100 mil millones de lempiras al año”; continuó el diputado Yescas.
Advirtió, que por el descalabro financiero de la estatal eléctrica y la problemática que ha generado la pandemia del Covid-19 no es el momento preciso para conceder las exoneraciones a los proveedores de energía eléctrica.
Cuestionó, que a muchos funcionarios del gobierno no les interesa el rescate de la ENEE porque mantienen intereses de por medio y que quieren ordeñar “la vaca” hasta matarla. “La corrupción es el problema y no muchos tienen la conciencia para poder combatir ese flagelo, son partícipes y meten la mano”, criticó. Aunó, que no puede dar nombres y apellidos porque no tiene las pruebas de convicción, pero que es obvio que dentro del panorama de lo razonable las cosas se dan por intereses y no por gusto.
En sesión virtual celebrada el pasado 7 de agosto, con el voto favorable de 61 diputados, el Congreso Nacional aprobó un decreto para exonerar a las empresas del subsector eléctrico del pago del impuesto denominado, Aporte para atención a Programas Sociales de Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).
El Decreto fue aprobado en un solo debate, porque el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, mocionó para la dispensa de dos de los tres debates.
La exoneración para estas empresas ocurre en el momento en que muchos hondureños afectados por el desempleo generado por la pandemia del Covid-19 19 no cuentan con los recursos para hacerle frente al pago de la energía eléctrica, mantienen retrasada la cancelación de 4 meses del servicio, y aunque el clamor ha sido por la condonación de esa deuda, el Congreso Nacional y presidente de la República, no toman en cuenta esa petición.
Es decir, favorecen a los empresarios de la energía con la exoneración de impuestos, pero a los abonados del servicio, que en su mayoría son gente desempleada y de familias muy pobres, los obligan a firmar planes de pago sin la garantía de que estos puedan ser efectivos.
Con lo anterior el gobierno nacionalista demuestra su falta de interés para favorecer a los hondureños y resalta su inclinación por las empresas mercantiles, muchas de las cuales son de sus parientes, amigos y activistas políticos de renombre.
El decreto dice que quedan exentos del pago del impuesto sobre ventas, todas las empresas dueñas de las subestaciones y las redes para transportar la electricidad de las centrales generadoras hasta los centros de consumo. Además, quedan exoneradas las compañías prestadoras de los servicios requeridos para el mantenimiento de la calidad, confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico.
Y la exoneración también abarca los bienes y servicios que presta la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional, una ONG, sin fines de lucro, según sus estatutos, pero que es manejada por una junta directiva que la conforman los representantes de los empresarios y transportistas del mercado eléctrico, que son nombrados por las empresas generadoras, las empresas distribuidoras, las empresas comercializadoras y de las empresas transmisoras de energía.
Es importante aclarar que esta no es la primera ni será la última vez en que el gobierno favorezca a este tipo de empresas que mantienen contratos de generación con elevados precios de la energía en perjuicio de los hondureños.
Una investigación realizada por el economista, Héctor Moncada, analista financiero de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indica que sólo entre el 2012 y el 2016, periodo de gobierno del Partido Nacional, la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, de la Secretaria de Finanzas, reportó que el Estado dejó de percibir por concepto de exoneraciones, 70 mil 214 millones 586 mil 580 lempiras.
Ese monto perdonado a las empresas supera en más de cuatro veces el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, que para el año 2020 es de 15,880 millones.
La investigación detalla que en ese periodo el sector renovable de energía fue el más beneficiado con el perdón de 37 mil 094 millones 864 mil 146 lempiras. De este dinero 21 mil 125 millones 781 mil 138 lempiras fueron dispensas y 15 mil 969 millones 83 mil 008 lempiras exoneraciones.
Y es importante mencionar, que tal como lo describe el diputado Yescas, entre las empresas beneficiadas figuran algunas compañías ligadas a la corrupción y al crimen organizado.
Entre estas empresas de energía beneficiadas con exoneraciones, la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras reporta que la compañía, Producción Energía Solar y Demás Renovables (PRODESSA) en el 2015 le perdonaron el pago de 92 millones 137 mil 550 lempiras del impuesto sobre ventas.
PRODESSA fue fundada por Roberto Arturo Mejía Salgado y su madre, Waldina Lizeth Salgado. La escritura de constitución la hizo el padre de Roberto Arturo y esposo de Waldina Lizeth Salgado, Francisco Arturo Mejía. Todos ellos han sido mencionados de tener vínculos con las empresas de los Cachiros, presos en Estados Unidos por Narcotráfico.
El 5 de marzo del 2016 el Ministerio Público aseguró a favor del estado de Honduras la empresa PRODERSSA por supuestos vínculos con el narcotráfico.
De igual manera, las exoneraciones también favorecieron a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a la que en el 2013 le perdonaron 9 millones 136 mil 626 lempiras con 97 centavos y en el 2015 la eximieron del pago de 394 mil 886 dólares con 56 centavos. Esta empresa es señalada como la responsable de mandar a asesinar a la líder lenca, defensora de los derechos humanos y del ambiente, Berta Cáceres.
Pero en la lista también aparece la compañía, Inversiones Aurora, propiedad de la ex vicepresidenta del Congreso Nacional y ex presidenta del Comité Central del Partido Nacional, Gladis Aurora López, a la que en dos operaciones en 2013 le exoneraron 61 millones 166 mil 348 lempiras con 32 centavos. La primera fue de 58 millones 172 mil lempiras y la segunda, de 2 millones 994 mil 348 lempiras con 32 centavos.
