Por: Reacción AGENCIAS
redaccion@criterio.hn
Un área de 263 kilómetros cuadrados del sureste de Nicaragua se ha convertido desde el martes en un enclave chino en Centroamérica. Los líderes indígenas de las etnias rama y creole firmaron un «acuerdo de arrendamiento» con el que ceden indefinidamente el control de las tierras para la construcción de un gran canal interoceánico, cuya concesión fue entregada por 100 años a la empresa china HKND, propiedad del empresario de las telecomunicaciones Wang Jing.
El acuerdo fue firmado por Manuel Coronel Kautz, representante de la Comisión Nacional del Gran Canal, y por el presidente del Gobierno Territorial Rama y Creole, Héctor McCrea. «Damos nuestro voto de confianza a la Comisión Nacional del Gran Canal porque estamos seguros de que la construcción de este proyecto contribuirá al desarrollo humano», dijo McCrea. Entre los testigos de la firma estuvo el hijo del presidente Daniel Ortega, Laureano, nombrado asesor presidencial en temas de inversión y mano derecha del mandatario en el acercamiento a China, potencia con la que Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas formales.
La firma de este documento demuestra la división de las poblaciones indígenas en relación al proyecto del canal interoceánico. Líderes de las comunidades rama y creole, críticas con el proyecto del canal, aseguraron en un comunicado que hubo un ofrecimiento de «jugosos viáticos y pasajes de avión» para suscribir el documento y acusaron al Gobierno de manipular a los indígenas, de violar sus derechos y no tomarlos en cuenta en relación a las consultas que debían hacerse sobre la construcción del canal, valorado en más de 50.000 millones de dólares.
«Durante dos años y medio funcionarios del Gobierno nacional y regional han ido en dos ocasiones a cada una de las comunidades rama y creole a divulgar la propaganda y las promesas de un canal que proveerá toda clase de bondades. Sin embargo, el Estado no ha informado a las comunidades de Monkey Point y Bangkukuk Taik (en el sureste de Nicaragua) que van a ser impactadas directamente, ni que la comunidad rama de Bangkukuk va a ser desplazada de su territorio tradicional», denuncian los indígenas en su comunicado.
Ninguna consulta
Defensores de derechos humanos reaccionaron con preocupación ante la firma del acuerdo. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó con dureza lo que consideró manipulación de los pueblos indígenas por parte del Ejecutivo de Ortega. «El Gobierno está cometiendo un fraude en contra de la opinión pública nacional e internacional. Divide a la dirigencia de las comunidades indígenas y los hace firmar un convenio de arriendo indefinido con el que pretende asegurar que fueron consultados, lo que es mentira, no ha habido ninguna consulta. Es un nuevo engaño a la población», dijo Núñez.
El Estado no ha informado a cuánto asciende el monto de arrendamiento ni cómo se compensará a los indígenas afectados, pero queda claro que el liderazgo indígena cede la administración de sus territorios a control de la empresa china HKND. La compañía no ha informado sobre los inversionistas internacionales que estarían dispuestos a invertir en la gigantesca obra de ingeniería, que tendría una extensión de 276 kilómetros, desde las costas del Caribe hasta el Pacífico de Nicaragua. Tampoco hay ningún avance en la construcción del proyecto. Ambientalistas nicaragüenses, europeos y estadounidenses han advertido de que la construcción del canal tendría un enorme costo ambiental y social para el país
