Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La noticia sobre la socialización que llevará a cabo la Secretaría de Salud (SESAL) con la iglesia sobre la petición de los grupos feministas para eliminar la prohibición del uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), ha causado el repudio de diversos sectores.
Muchos grupos defensores de los derechos de la mujer y organizaciones feministas, así como población en general han señalado que es una ridiculez que les nieguen el derecho de salud reproductiva.
El lunes el periódico hondureño El Heraldo publicó una entrevista mediante la cual el ministro de Salud, Manuel Matheu, afirma que como gobierno sostendrán un diálogo con la Conferencia Episcopal y los sectores que están en contra y a favor de eliminar la prohibición de la PAE.
El derecho a la PAE fue arrebatado a la mujer poco después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se impuso el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
El Congreso Nacional que respaldó el golpe de Estado, que llevó a Honduras a una multicrisis, prohibió la venta, el uso y comercialización del fármaco, mediante el decreto Número 54-2009. De esa forma, también prohibieron cualquier política o programa relacionado con la PAE.
Esa radical imposición e inconsulta decisión, fue respaldada por las iglesias. Así se contrastó el punto de partida de una nueva fase de la maltrecha relación entre el Estado y las mujeres hondureñas.
Las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la directora de Acción Joven y coordinadora de GEPAE, Jinna Rosales, dijo a Criterio.hn que ya se habían reunido con el ministro de Salud José Manuel Matheu, por lo que sabían que esto ocurriría.
Cuando se reunieron con el galeno, él les manifestó que tenía que conversar con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y la Conferencia Episcopal para poder plantear la temática de abolición de la prohibición de la PAE.
La también investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dijo que las declaraciones de Matheu no son coherentes, al ser un tema político que debe discutirse con la sociedad y en específico con los movimientos de mujeres.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que la píldora no es abortiva, siendo un método confiable y ético anticonceptivo para uso de emergencia.
Además, GEPAE conversó con mujeres, adolescentes y niñas víctimas de abuso sexual que lamentan no contar con este derecho y tampoco con un protocolo para la atención a sobrevivientes de abuso sexual, porque son garantías mínimas que las secretarías de Educación y Salud han desatendido.
El ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, líderes de movimientos feministas y de género fueron recibidas por Castro, sintiéndose apoyadas por la presidenta quien firmó un acuerdo para asegurarles su respaldo a las propuestas que entregaron, tal como lo mencionaba en su plan de gobierno.
Las designadas Jinna Rosales de Acción Joven, Ana Ruth García de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), entregaron un proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres.
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Asimismo, un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual para su aprobación y su implementación por parte de la Secretaría de Salud, además de las firmas de apoyo ciudadano a la derogación de la prohibición de la anticoncepción de emergencia(PAE).
La defensora de los derechos de la mujer dijo que los grupos religiosos no saben nada acerca de derechos sexuales y reproductivos, ni tienen bases de educación sexual integral.
¿Cristo al servicio de quién?, recordó Rosales y transfirió la pregunta a los grupos religiosos, a quienes cuestionó si abogan por una cuota de poder en las esferas políticas o por el bienestar de la población.
Cabe mencionar que, Matheu, el designado por la presidenta para dirigir Salud, forma parte del Opus Dei, una institución de la iglesia católica, la que, en Honduras, es encabezada por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien hace algunas semanas alegó que el demonio se servía de ideologías como el feminismo.
Los movimientos de mujeres sienten que es un escenario complejo, aunque solo se necesite firmar un acuerdo ministerial para habilitar el uso de la PAE. Ante esto, Rosales quiso resaltar que no están de acuerdo que los derechos de la mujer se aborden con grupos religiosos con intereses oscuros desconocidos por la sociedad.
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IGLESIA DECIDE SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES
Misma postura tiene Yessica Trinidad, directora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), al apuntar que un Estado laico no puede pretender que los derechos de la mujer estén en manos de una iglesia opresora.
Con la apertura que prometió el nuevo gobierno, las exigencias para devolver sus derechos a los grupos vulnerables y de derechos humanos han resurgido con fuerza, sin embargo, múltiples sectores cuestionan un retroceso en varias de sus posturas.
Las feministas exponen que sus derechos deben primar y ser escuchados. Trinidad dijo a este medio digital que las promesas deben cumplirse para evitar que queden como demagogia, porque esto marcaría la historia del gobierno.
Estadísticas del Registro Nacional de las Personas revelaron que, de 29 mil 334 nacimientos en los dos primeros meses del 2022, 24 mil 035 son hijos de madres solteras, de estas, 40 son niñas que se convirtieron en madres al dar a luz entre los 10 y 12 años.
Ana Ruth García Cárcamo, directora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, expresó a Criterio.hn que lamenta que un ministro de salud, siendo un científico y médico, se base en la moral sexual cuando los métodos anticonceptivos son esenciales en los centros de salud del mundo.
“Las mujeres tienen derecho a decidir de forma responsable e informada”, dijo García, al tiempo que manifestó que las feministas esperan que Matheu obedezca el mandato de la presidenta.
La también coordinadora de la Plataforma 25 de Noviembre invitó a los médicos a basarse en el análisis científico antes de tomar decisiones arbitrarias, sin negar el derecho a la información que es parte de los derechos humanos.
“Es toda una población la perjudicada, las mujeres somos la mayoría, sumamos el 52 por ciento de la población en Honduras”, destacó.
Las tres líderes feministas señalaron que se ha olvidado que la Constitución de la República establece que Honduras es un Estado laico y democrático. Apuntaron que la precariedad de la calidad de vida de las niñas y mujeres no es un tema negociable, pues aprobar la PAE es respaldar la salud y la vida de las niñas y las mujeres.
