Tegucigalpa.
Las fuerzas Armadas y la Policía Nacional que son los llamados a poner el orden y velar por la seguridad de los hondureños, a menudo son mencionados y cuestionados por cometer todo tipo de crímenes y violaciones a los derechos humanos de la población.
Los últimos años estas dos instituciones se han visto involucradas en hechos delictivos, colusión con el narcotráfico y muchos de sus oficiales de renombre han sido mencionados en juicios de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos.
Las mismas, han sufrido una profunda degradación y poca aceptación por la población los últimos años, a tal grado que, un exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, también fue extraditado bajo las acusaciones de la Corte del bajo de Manhattan por delitos ligados al narcotráfico, que abarcan, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Los últimos días se dio a conocer sobre la muerte violenta de Franklyn Antonio Briones, un joven con apenas 19 años de edad, quien se acompañaba de su amigo quien solo se ha identificado como Jonathan, (este último está en cuidados intensivos en un centro asistencial de la zona norte).
En este hecho suscitado el sábado 21 de enero de 2023, en el sector de Cofradía, departamento de Cortés, zona norte del país, se sospecha que fueron parte cuatro elementos policiales
Según denunciaron ante los medios de comunicación los familiares de Briones, el joven fue ultimado por agentes de la Policía Nacional. El hecho se dio mientras regresaban de abastecer de combustible su vehículo, cuando, según versión de familiares, policías a bordo de una patrulla les hicieron disparos y al ver que no se pararon los persiguieron disparándoles en el trayecto.
Según declaraciones de María Briones, madre de Franklyn, el hecho violento ocurrió cerca de las nueve de la noche en la colonia Vida Nueva, en Cofradía. A la vez que asegura que tiene pruebas que agentes de la policía fueron quienes cometieron el crimen.
Familiares, amistades y personas de la zona se tomaron la carretera CA-4 la noche del domingo 22 de enero de 2023, en protesta con quema de llantas, exigiendo que se haga justicia y que se esclarezca la muerte de Franklyn.
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En declaración a medios María Briones manifestó: “cuando mi hijo venía lo agarran en la entrada de Vida Nueva y al otro muchacho lo agarraron más adelante, a mi hijo lo llevaron al primer pasaje de Vida Nueva y le dispararon en la cabeza”
“Con qué derecho hicieron eso, si cometieron alguna infracción para eso están las leyes, si se tiene que pagar la multa se paga, en dónde dice que la infracción de no andar casco se paga con la vida, yo no lo he leído”, reprcohó.
La criminóloga Arabesca Sánchez, en conversación con Criterio.hn manifestó que en este tipo de casos no es un lineamiento institucional ni parte de la formación policial, ya que a ningún a ningún policía en el proceso de formación en las aulas de aprendizaje se le enseña a hacer eso.
“No se trata de castigar a toda una institución sino a que estos casos focalizados y que son puntuales sean investigados como corresponde por Didadpol y de encontrarse un responsable se lleve el debido proceso”, señaló Sánchez.
Honduras actualmente se encuentra en estado de excepción bajo PCM- 01-2023 que fue extendido por 45 días y que finaliza hasta el 20 de febrero de 2023, la extensión de la suspenden de algunas garantías constitucionales son con el propósito de “mantener la seguridad, el orden y la paz en la comunidad”.
En un inicio el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, aprobó el estado de excepción en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula, pese al rechazo de defensores de derechos humanos porque consideraban que dicha medida profundizaba la estigmatización y discriminación contra poblaciones vulnerables y por el peligro que significaba que la medida quedara bajo la tutela de una policía agresora.
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La ampliación del PCM, también se implementó sin tomar en cuenta las recomendaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se pronunciaron en contra de la implementación del estado de excepción por considerar que este pudiera ser aprovechado por miembros de seguridad del estado para violentar derechos y atentar contra la población.
Además, un análisis reciente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONDAEH), divulgó que el 60% de las intervenciones policiales reportadas como acciones con éxito por parte de la Secretaría de Seguridad tuvieron lugar en localidades distintas a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Carlos Joaquín Méndez, en entrevista reciente con Criterio.hn manifestó que han constatado que las intervenciones policiales no necesitan de la suspensión de garantía o de una medida tan restrictiva como la que actualmente se vive en Honduras.
Al tiempo que declaró que han encontrado indicios de detenciones arbitrarias, registros y cifras de personas detenidas en aplicación de este PCM que no concuerdan con lo que el Conadeh ha verificado.
Según fuentes oficiales los elementos policiales involucrados en este caso ya fueron separados de su cargo para posteriormente someterlos a la investigación correspondiente de la que se encarga la Agencia Técnica de investigación Criminal (ATIC).
