Por: Christian Duarte

La sociedad hondureña se dirige a uno de los procesos electorales más importantes de su historia, y, posiblemente, uno de los más polarizados y disputados. Por más de 200 años el bipartidismo, útil a la burguesía, había gobernado sin oposición; pero el Golpe de Estado de 2009 abrió una brecha que no han desaprovechado los sectores que buscan democratizar el poder en el país. Del Golpe surgió el Partido Libertad y Refundación que, junto al Partido Salvador de Honduras y el PINU-SD, emprendió una Alianza de Oposición que se encuentra liderando las encuestas de intención de voto frente a las elecciones generales de noviembre próximo[1]. A continuación, se analizan las trayectorias de las principales fuerzas políticas del país en los últimos años y se dibujan algunos escenarios en el corto y mediano plazo.

El reacomodo de la burguesía nacional

Con el Golpe de Estado de 2009, Honduras ingresó por la fuerza a un camino de profundización neoliberal[2], de penetración del crimen organizado a las instituciones públicas[3] y de creciente autoritarismo y militarización de la sociedad[4]. Esto responde a un reacomodo intraclase en la burguesía nacional, en el cual, los sectores ligados al sistema bancario, telecomunicaciones, energía y servicios han hecho alianzas con una élite política cleptocrática, como su operaria en el gobierno.

Esto queda claro al analizar las cifras de crecimiento económico de los principales sectores productivos entre 2006 y 2019[5], en donde destacan: la intermediación financiera, comunicaciones, transporte y almacenamiento, y, electricidad y distribución de agua, con crecimientos en promedio alrededor del 100%; de igual forma, los sectores que concentraron los mayores flujos de inversión extranjera durante dicho período de tiempo son, en orden: el sector de transporte y comunicaciones, establecimientos financieros, maquila, industrias manufactureras y, finalmente, electricidad y agua. Si a esto sumamos que recientes informes ubican el costo de la corrupción en Honduras alrededor del 12% del PIB[6], se vislumbra que el reajuste en la política económica del país está orientado a beneficiar a los sectores productivos (y políticos) mencionados.

El acuerdo principal entre este sector emergente de la burguesía y sus operarios políticos consiste en debilitar a las instituciones públicas, permitiendo la corrupción y la impunidad. Como lo establece la directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica, Benedicte Bull, en su texto Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America, “¿Qué es fuerte cuando las instituciones son débiles? Yo sostengo que en el Triángulo Norte, en particular, la respuesta son las redes de las élites y su control, así como su competencia por dicho control”, a lo cual debemos sumar una creciente presencial del crimen organizado, “en la década posterior al golpe de Estado parece ser que el peso de los segmentos tradicionales más poderosos y su influencia sobre el Estado concesionario lo asumieron más bien clanes de narcotraficantes transnacionales” (Darío Euraque en La configuración histórica de las élites de Honduras ante el Golpe de Estado del 2009). Este pacto se complementa con la promoción de políticas económicas de expolio, extractivismo y rentas para los sectores mencionados; con el ejército y la iglesia evangélica como defensores y promotores.

Este nuevo proyecto entre las élites ha devenido en la concentración de poder en el Ejecutivo y en retrocesos democráticos. Lo cual se ha visto agudizado por la pandemia del COVID-19, como justificación perfecta para un mayor autoritarismo, mayor presencial militar, más restricciones de derechos y cierre de espacios democráticos, entre otras violaciones de derechos humanos; tal como lo documenta el informe La Profundización de la Crisis de Derechos Humanos en Honduras Derivada de la Gestión del COVID-19 de la Coalición Contra la Impunidad[7].

Los escenarios frente a las elecciones

Los sondeos de opinión[8] demuestran una persistente, y hasta creciente, desconfianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos, en el sistema de justicia, e incluso, frente a otros actores sociales como la empresa privada o las oenegés; sin embargo, la población mantiene la esperanza sobre el futuro. La oposición a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) demuestra que existe una potente fuerza territorial que resiste las políticas neoliberales y al autoritarismo[9]; de igual forma, se han alcanzado reformas electoras importantes (aunque parciales) en el sistema democrático electoral: como la participación del principal partido de oposición en varios órganos electorales y la aprobación de una nueva Ley Electoral[10]. Frente a este escenario, las fuerzas que buscan la continuidad del proyecto neoliberal-autoritario incentivan la violencia y la polarización política, con miras a generar inestabilidad, e incluso, un golpe de estado: entre diciembre 2020 y mayo 2021 se contabilizaron 35 casos de violencia política según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH[11].

Dos grandes bloques están en disputa frente a las elecciones de noviembre de 2021, representados en los principales contendientes, el Partido Nacional y el Partido LIBRE (ver Diagrama 1): por un lado, el Bloque de la Continuidad del proyecto autoritario-neoliberal, conformado por el Partido Nacional, como expresión electoral de una élite cleptocrática que logró ascender y ser operaria política de la burguesía emergente, la cual encontró un espacio adecuado para consolidarse política y económicamente luego del Golpe de Estado de 2009. Este Bloque es apoyado férreamente por las Fuerzas Armadas, la Iglesia Evangélica y los medios de comunicación hegemónicos, a quienes ha beneficiado a lo largo de la última década. Vale decir que este Bloque cuenta con sendos recursos públicos y privados para ejercer su influencia (dinero, estructuras clientelares y partidarias, instituciones públicas, facilidades legales, etc), así como con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de que el actual presidente y el candidato presidencial del Partido Nacional son señalados en casos de narcotráfico a gran escala y corrupción[12], respectivamente, no han recibido algún tipo de censura o sanciones, como sí ha sucedido en otros países no afines a la política regional estadounidense.

El Bloque Opositor o Bloque de la Ruptura autoritaria-neoliberal, conformado principalmente por las poblaciones que se han visto afectadas por las políticas neoliberales, articuladas en los movimientos sociales y territoriales, y aliadas coyunturalmente con el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), nacido del golpe de estado mencionado, proponen un nuevo modelo económico y la refundación del Estado, un horizonte común pero posiblemente con algunas diferencias en torno al cómo ejecutarlo. A este bloque se acercan políticamente la sociedad civil, la academia pública y la iglesia católica de base, quienes también pugnan por la recuperación de la institucionalidad pública. Este Bloque posee un conjunto de recursos más limitados y descansa fundamentalmente en la organización de base y el acceso a medios alternativos de comunicación.

Finalmente, un tercer Bloque podría desempeñarse como pivote en un posible escenario de negociación. Nos referimos al Bloque compuesto por sectores de la burguesía tradicional cercanos a los partidos de oposición (fundamentalmente al Partido Liberal y al Partido Salvador de Honduras), quienes pugnan por la recuperación de las instituciones públicas y la recuperación del Estado de Derecho como mecanismos para reestablecer la rentabilidad de sus negocios; sin embargo, se oponen a un proyecto que implique “un modelo económico alternativo” como el propuesto por el Bloque de la Ruptura. Esto les deja en una arena intermedia, en la que podrían negociar, ya sea apoyo electoral o apoyo institucional en escenarios de conflictividad o transición. La señalada Alianza de Oposición entre LIBRE y un segmento de este bloque es un claro indicio de esta posición negociadora; el otro actor electoral clave de este bloque, el Partido Liberal, no se unión a la Alianza y seguramente se verá muy debilitado luego de las elecciones, con la posibilidad de acercarse al Partido Nacional para evitar su total extinción.

Hay dos escenarios de alta posibilidad: el primero sería repetir lo ocurrido en el año 2017[13], con una victoria fraudulenta del Partido de Nacional y amplias movilizaciones nacionales de repudio, con la comunidad internacional llamando a repetir las elecciones, pero con la eventual imposición del partido de Gobierno. El otro escenario es la victoria de la Alianza de Oposición, sin mayoría legislativa pero con la posibilidad de gestar alianzas; en caso de que no lo logre, sería una piedra de tropiezo en su agenda de refundación institucional y permitiría al Partido Nacional un boicot sistemático desde el legislativo y otras instituciones públicas (dado que el siguiente Congreso Nacional elegirá diversos órganos colegiados autónomos). Esto no significa que deban descartarse otros escenarios de alta polarización y violencia política, desencadenando en un Golpe de Estado o la suspensión del proceso electoral.

En cualquier escenario que se materialice, el llamado a los actores que buscan recuperar la democracia y las instituciones en Honduras, es a vigilar el respeto de la voluntad popular, apoyar la regeneración de los espacios democráticos y apoyar reformas que permitan mejorar el sistema democrático electoral y la confianza en las instituciones públicas.

[1] Honduras: Xiomara Castro y Salvador Nasralla crean alianza para elecciones | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW | 14.10.2021

[2] Ver El impacto del CAFTA sobre el modelo de desarrollo en Centroamérica de Alexander Segovia o los libros del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre el régimen fiscal como expresión del poder de las élites en Centroamérica.

[3] Hermano del presidente hondureño condenado a cadena perpetua en Estados Unidos | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW | 30.03.2021

[4] Cronología | Consejo de Defensa y Seguridad ordena la militarización del país | CESPAD

[5] Fuente: Banco Central de Honduras.

[6] Estimacion-de-la-corrupcion-en-hn.pdf (fosdeh.com)

[7] Informe CCI Covid19 y Gestión Estatal.pdf – Google Drive

[8] Sondeo de Opinión Pública 2020 – ERIC – SJ y Encuesta del CESPAD: “hondureños, con temor y prudencia por la pandemia, pero descontentos con la corrupción en su manejo” | CESPAD

[9] Que deroguen las ZEDE exigen 126 comunidades que resisten venta de soberanía de Honduras | HRN (radiohrn.hn)

[10] La Secretaría General de la OEA saluda la aprobación de la nueva Ley Electoral de Honduras (oas.org)

[11] Boletin Violencia Politica julio 2021 (unah.edu.hn)

[12] La billetera del precandidato a la presidencia «Tito» Asfura – Contra Corriente

[13] Juan Orlando Hernández es declarado ganador en Honduras y la OEA exige nuevas elecciones – The New York Times (nytimes.com)