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Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia

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Por: Rodil Rivera Rodil

(Foro del Movimiento Patria)

 La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030 se llevará a cabo en un escenario de gran complejidad política, determinado principalmente por el resultado de los comicios del pasado 28 de noviembre.

El Partido Libertad y Refundación gana en forma abrumadora la presidencia de la república, pero no consigue el dominio del Congreso Nacional ni aun con los diputados de su aliado, el Partido Salvador de Honduras. Por lo que, para alcanzar la mayoría simple o la calificada, según el caso, se ve obligado a depender de un sector del Partido Liberal o a emprender difíciles negociaciones con su mayor adversario, el Partido Nacional.

En esta encrucijada, Libre teme que su proyecto de cambio se halle en precario, en especial, la consulta sobre una asamblea nacional constituyente para rediseñar la estructura fundamental del Estado. Lo que le genera la tentación, comprensible, pero llena de escollos éticos y políticos, de asegurar el control de la Corte a través de los acostumbrados arreglos del partidismo sectario que en el pasado han conducido, invariablemente, a la selección de magistrados tan indignos del foro hondureño como de su elevada investidura.

Lo que hasta ahora se sabe, en el marco de esta tradicional forma de comportamiento de la clase política hondureña, y que de alguna manera podría poner en riesgo la reforma de fondo del sistema de elección de la Corte que todos anhelamos, es que Libre ha mantenido conversaciones con el Partido Nacional, sin que se conozcan sus exactos alcances. Pero también que este, curiosamente, parece dispuesto a compartir con el Partido Liberal los siete magistrados que le corresponderían en una negociación a la vieja usanza. Y digo curiosamente, porque los liberales, por una simple lógica aritmética, no tendrían posibilidad de obtener magistrado alguno en ninguna alianza meramente política.

Pero, además, todo indica que el Partido Nacional, más proclive a la línea vertical de mando, y con la seguridad que le brinda su caudal de diputados, no tiene interés en cambiar las reglas del juego con una reforma que, sin duda, le podría complicar la escogencia de los magistrados de su gusto, ya con nombre y apellido.

Esta situación, por supuesto, no sería tan grave para la buena marcha de un estado de derecho si la Corte Suprema de Justicia, al menos, gozará de una mínima credibilidad, tanto en lo que se refiere a la capacidad y probidad como a la independencia de sus magistrados.

La ciudadanía entendería los sesgos meramente ideológicos que estos pudieran observar en sus fallos, como acontece en otros países, pero no la abyecta sumisión al poder ejecutivo ni el altísimo grado de corrupción que se ha apreciado en ella desde el golpe de Estado del 2009, y cuyos extremos más infames tuvieron lugar con el total desprecio que demostró por la Constitución de la República con la aprobación de las ZEDE y la reelección del ex presidente Juan Orlando Hernández.

Estamos, por tanto, frente a un suceso esencialmente político de incierto desenlace. Y no podemos desconocer que los convenios entre fuerzas de distinta ideología son moneda de curso corriente en el mundo actual. Los vemos a diario, sobre todo, en las naciones europeas, en donde se ha vuelto del todo impracticable gobernar sin esta clase de concertaciones.

De lo que trata este foro es, pues, estimados amigos, de lo que nos deparará esa inexorable ecuación que acompaña al devenir histórico como es la correlación de las fuerzas comprometidas en esta causa y, en particular, de la presión que ha estado ejerciendo la sociedad civil por la reforma.

O dicho en otras palabras, de debatir sobre las posibilidades reales de que en esta histórica coyuntura, tal como lo quiere fervientemente el pueblo hondureño, nuestros partidos políticos, sin abandono de sus principios, encuentren las fórmulas y acuerdos apropiados para sortear las trampas de la antigua politiquería y elegir a los compatriotas que durante los próximos siete años deberán servir con honor al país desde el más alto Tribunal de la República.

Y nadie mejor para ello que los distinguidos profesionales que han aceptado compartir con nosotros en este trascendental evento del Movimiento Patria.

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