Por: Mary Fitzgerald
LONDRES – “El bebé está muerto. No podemos ayudarte aquí”. Cuando escuchó esas palabras devastadoras, la embarazada Yasmelis Casanova ya había soportado un largo y doloroso recorrido, pasando por múltiples puestos de control COVID-19, hasta llegar al hospital en Caracas, Venezuela. Sangró durante horas sin tratamiento. Cuando los médicos de un segundo hospital finalmente la operaron, le quitaron los ovarios sin su consentimiento previo. Luego, se tuvo que quedar 20 días internada allí, casi completamente sola, ya que a causa de las restricciones por el COVID-19, las visitas estaban prohibidas.
La infraestructura de salud de Venezuela se estaba desmoronando mucho antes de la pandemia, pero la crisis del COVID-19 la ha llevado al punto del colapso. Muchas mujeres que en la actualidad atraviesan emergencias obstétricas luchan por llegar a los hospitales, sin ni siquiera llegar a mencionar la lucha que deben librar por tener acceso a una atención adecuada. Sin embargo, estos fracasos se pueden evidenciar mucho más allá de Venezuela, tanto en países ricos como pobres.
El mes pasado openDemocracy dio a conocer los resultados de una investigación a nivel mundial sobre la atención que se presta a las mujeres en el parto durante la pandemia COVID-19. En 45 países – desde Canadá hasta Camerún, desde el Reino Unido hasta Ecuador – encontramos lo que doctores y abogados describen como violaciones “estremecedoras” e “innecesarias” de las leyes y las directrices de la Organización Mundial de la Salud que están destinadas a proteger a las mujeres y los bebés durante la pandemia.
Las directrices específicas de la OMS para COVID-19 afirman, por ejemplo, que las mujeres deben estar acompañadas de una persona de su elección durante el parto. Sin embargo, a lo largo de Eurasia y América Latina – incluyéndose en por lo menos 15 países europeos – las mujeres se han visto obligadas a dar a luz sin compañía.
Asimismo, la OMS afirma que procedimientos, como por ejemplo las cesáreas, sólo deben realizarse cuando sean médicamente necesarios o cuando se cuente con el consentimiento de la mujer. Sin embargo, en 11 países, las mujeres informaron que no dieron su consentimiento para que se les practiquen cesáreas, inducciones y episiotomías (el corte de la vagina de una mujer) que, en los hechos, sí se les practicaron, o señalaron que ellas no creían que estos procedimientos fueran médicamente necesarios.
Las directrices de la OMS también establecen que las mujeres deben tener la oportunidad de tener contacto piel a piel con los recién nacidos y que deben recibir apoyo relativo a la lactancia materna. Sin embargo, se ha separado a las madres de los recién nacidos en al menos 15 países – incluidos entre ellos por lo menos seis países europeos – y se les ha impedido amamantar en al menos siete países, aunque no hay pruebas concluyentes sobre que el COVID-19 pueda transmitirse a través de la leche materna.
Médicos y expertos en salud están de acuerdo: nada de lo antedicho es necesario para prevenir la propagación del COVID-19.
Del mismo modo, ha habido múltiples informes de muertes por embarazo en África, después de que las restricciones de transporte y otras restricciones relativas al confinamiento impidieron que las mujeres llegarán a los hospitales. Muchas mujeres de países en desarrollo se han visto obligadas a dar a luz en condiciones insalubres e inseguras. Los expertos ahora advierten que en el transcurso de sólo seis meses, las restricciones relacionadas al COVID-19 y las perturbaciones en los servicios de salud podrían causar hasta 56.700 muertes maternas adicionales en países de ingresos bajos y medios.
Si esto no es suficiente para visibilizar los defectos de las actuales medidas de prevención de COVID-19, considere cuán desigualmente se implementan (y se levantan) estas medidas. En algunas partes de Inglaterra, las mujeres ahora ya pueden llevar a sus parejas a un bar, pero no pueden llevarlas a sus citas prenatales.
Esto refleja una larga historia de la “lotería de códigos postales” que dicta el acceso a la atención de la salud y a otros servicios, desde clínicas de fecundación in vitro hasta los refugios para mujeres en situación de violencia doméstica. Y, se ajusta a un patrón mundial más amplio de degradación de los derechos y necesidades de las mujeres, incluso durante el parto. Sólo el año pasado, un estudio dirigido por la OMS informó que el 42% de las mujeres entrevistadas por los investigadores en Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria dijeron que habían sufrido abusos físicos o verbales, estigmatización o discriminación en instalaciones de salud durante el parto.
En América Latina, varios países – entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay, y Venezuela – han aprobado leyes contra la realización de procedimientos médicos, como por ejemplo cesáreas, sin consentimiento informado. Sin embargo, rara vez se aplican, y los defensores de la causa informan que las autoridades y el personal médico normalizan dicha violencia obstétrica.
En los hechos, antes de la pandemia, el 40% de los bebés a lo largo de toda América Latina ya nacían por cesárea, aunque este método plantea mayores riesgos para la madre y el bebé. La OMS recomienda una tasa de alrededor del 15%, haciendo hincapié en que las cesáreas sólo deben llevarse a cabo cuando estén médicamente justificadas.
Además, la mayoría de los países africanos ya están lejos de cumplir sus objetivos de reducción de las muertes maternas e infantiles hasta el año 2030, mismos que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como ha señalado Jesca Nsungwa Sabiiti, comisionada de salud materno-infantil de Uganda, es probable que la pandemia retrase aún más el logro de los objetivos.
Sin embargo, así como la crisis del COVID-19 puede impedir el progreso, también puede impulsar el cambio, al obligar a los gobiernos y a la sociedad civil a repensar cómo están organizados nuestros sistemas de salud, nuestras economías y nuestras sociedades. Hasta ahora, los debates, especialmente entre los responsables de la formulación de políticas, han tendido a ser estrechos y centrados en soluciones a corto plazo. Si queremos construir un mundo post-COVID que “tenga resiliencia y sea equitativo y sostenible”, el mundo a favor del cual abogan muchos líderes, debemos adoptar una visión mucho más ambiciosa de lo que realmente significa la salud pública.
Por ejemplo, es necesario promulgar y aplicar leyes que protejan a los vulnerables. Los organismos de salud y otros organismos oficiales deben investigar las violaciones y responsabilizar a los proveedores médicos. Además, los gobiernos y los donantes deben asignar muchos más recursos a la promoción en esferas problemáticas como la salud materna, y la implementación de un enfoque basado en los derechos con respecto a la capacitación médica y la prestación de servicios en todos los ámbitos.
El tema va mucho más allá de la atención médica directa. Hoy en día, las mujeres pueden ser encarceladas por tener abortos espontáneos (como en El Salvador) y detenidas por falta de pago de facturas hospitalarias después del parto (como en Kenia). La desigualdad estructural y la discriminación basada en el género, la raza, la clase, la discapacidad, y en muchas otras características más, siguen configurando cada aspecto de nuestras vidas, tanto en las economías ricas como en las pobres. Todos estos fracasos socavan la salud pública.
Demasiadas mujeres se han sentido solas, asustadas y traumatizadas al dar a luz durante la pandemia. En la investigación de openDemocracy, una mujer en Italia expresó su esperanza sobre que los responsables de la formulación de políticas y los proveedores médicos aprendan de su propio sufrimiento y del sufrimiento de otras personas como ella, para que otras mujeres no tengan que soportar lo que ella soportó. Garantizar que estos actores sí aprendan de dichos sufrimientos es una deuda que tenemos con ellas.
openDemocracy continúa haciendo un seguimiento de las violaciones de los derechos de las mujeres en el parto a nivel mundial. Vea un mapa completo y envíe pruebas de dichas violaciones en este enlace.
*Mary Fitzgerald es editora en jefe de openDemocracy.
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