Por: Rodil Rivera Rodil
“No hagas nada bueno que parezca malo ni nada malo que parezca bueno”. Este principio, refrán o consejo, según se lo quiera considerar, que algunos extraen del Nuevo Testamento y, específicamente, de la segunda carta de Pablo a los corintios, lo debe conocer muy bien Juan Orlando Hernández, tanto por su mesianismo que lo hace creerse un enviado de Dios para gobernar a Honduras, como por su devaneo con la iglesia evangélica, posiblemente con la de Ebal Díaz, que lleva el apoteósico nombre de “Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo”.
Lo anterior, porque el tratado de límites que acaba de suscribir con su colega Daniel Ortega, de Nicaragua, podría ser un ejemplo de uno de esos dos actos de naturaleza opuesta a los que podría referirse el mencionado refrán. La pregunta es: ¿de cuál de ellos? Porque, de un lado, hay cierto consenso en que el acuerdo es bueno para Honduras en lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos en el Golfo de Fonseca que El Salvador ha pretendido desconocer, con lo que se conjura una eventual alianza de este con Nicaragua que podría retrasar el desarrollo tripartito y armonioso de la zona.
Pero del otro, en cuanto a la porción terrestre, la cuestión se torna dudosa. En la cláusula tercera del tratado se acuerda que el punto final de la frontera establecido por el Laudo del rey de España de 1906 sea el registrado por la Comisión Técnica Honduras-Nicaragua en el 2011. Pero, a renglón seguido, se dispone que el mismo queda, y cito, “sujeto a cambios periódicos dadas las circunstancias geográficas del área. Por lo tanto, queda establecido que la ubicación exacta de este punto será objeto de revisión cada diez años a partir de esta fecha por una Comisión Mixta que será nombrada para estos efectos. La Comisión Mixta podrá decidir anticipar la fecha de cualquier revisión si considera que las circunstancias lo ameritan.
En otras palabras, el tratado establece una frontera que puede cambiar periódicamente, y es de suponerse que esto podría acarrear impredecibles consecuencias para los habitantes de sus inmediaciones y para otros intereses de ambos países. Se vuelve necesario, entonces, que el pueblo hondureño sea debidamente informado sobre la naturaleza exacta de esas “circunstancias geográficas” que pueden modificarla en espacios tan cortos de tiempo Y si existen precedentes en otras partes del mundo.
Es cierto que en la moderna concepción del derecho internacional las fronteras ya no son los “espacios permanentes y estáticos” que eran antes, sino que se entienden más como “espacios en construcción, móviles y elásticos”. Pero este, que yo sepa, no es el caso de nuestra frontera terrestre con Nicaragua, salvo mejor criterio. Aunque sí debo reconocer que desde la emisión del laudo de Alfonso XIII el tramo final de la frontera ha sido objeto de controversia entre los dos países.
El Laudo del rey de España de 1906, que se contrajo a delimitar la última sección de la frontera en la que no se puso de acuerdo la comisión mixta en 1900, dicta que el punto extremo limítrofe común en la costa del Atlántico se ubica en la desembocadura del brazo principal del río Segovia o Coco, y más específicamente, en la confluencia entre los ríos Poteca o Bodega y el Guineo o Namasli y concluye en el Portillo de Teotecacinte. Y, dicho sea de paso, cuando la Corte Internacional de La Haya lo ratificó en 1960, el Partido Nacional, a través de sus especialistas en la materia, principalmente del connotado jurista Ramón Ernesto Cruz, criticó fuertemente al gobierno liberal del doctor Ramón Villeda Morales por haberlo aceptado, arguyendo que con la designación de ese punto final de la frontera perdíamos algo así como 16 kilómetros de territorio.
Nicaragua, por su parte, ha sostenido desde esos años que el laudo es inaplicable, entre otras razones, precisamente porque el punto final “no es un punto fijo” y no puede servir como frontera entre dos estados”. A contrario sensu, pues, si este punto no es fijo, solo puede ser “móvil o cambiante. Es decir, exactamente lo mismo que se plasmó en la cláusula tercera del tratado Ortega-Hernández. Lo que significa que, si Nicaragua tiene la razón, la frontera nunca podrá ser delimitada en forma definitiva porque irá cambiando de manera permanentemente. O bien, no la tiene y el punto final sí puede ser fijo, y lo que realidad aconteció fue que, por la prisa que tenía JOH para firmar el acuerdo antes de abandonar el poder, no les dio tiempo para concluir las negociaciones. De ahí que no le importara plegarse a la tesis de Nicaragua.
Cabe apuntar, sin embargo, que si la frontera va a ser móvil creo siempre existirá el riesgo de que, en el futuro, ya sea por desacuerdos en la comisión mixta o por cualquier otro motivo, se pueda reanudar el conflicto entre los dos países, como ha ocurrido durante más de un siglo. Ello sin contar el malestar o provocación que pudiera representar para El Salvador, que, por lo visto, no fue invitado ni informado, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia ha instado a los tres países a negociar de buena fe la delimitación que aún falta del mar territorial, como se reconoce en el mismo tratado.
Pero al margen de si estoy o no en lo cierto, la percepción generalizada de la opinión pública, en Honduras y en el exterior, coincide en que, más que una negociación de derecho internacional, de lo que se trató fue de un arreglo o trueque de servicios entre los dos gobernantes, pero con repercusiones para la soberanía de sus respectivos estados. (Aunque el rumor es que también tiene que ver con una ZEDE en Amapala). Así, JOH se abstuvo en la OEA de condenar a Nicaragua, le prestó 100 mil vacunas contra el coronavirus y ahora le brinda apoyo en su litigio marítimo con Colombia. Y Ortega, a cambio, le va a proporcionar asilo, cuando lo necesite, al igual que lo ha hecho con dos ex presidentes de El Salvador. O sea, una salida de las varias que JOH debe tener preparadas para eludir su problema con la fiscalía de Nueva York.
Pero es el caso que los expresidentes salvadoreños Mauricio Fúnes y Sánchez Cerén, a quienes Ortega dio refugio, hasta donde conozco, no han sido acusados de narcotráfico o pedidos en extradición por los Estados Unidos. Por lo que la protección que le pueda brindar a JOH podría no serle de gran ayuda si estos se empeñan en llevarlo a juicio, como hicieron con el general Manuel Noriega de Panamá. Como sea, está visto que la alianza entre Libre y Nasralla ha ocasionado un gran pánico en los nacionalistas, sobre todo, en los que se creyeron los reyes de la impunidad. Y que al mismo JOH lo está conduciendo a la desesperación, la que, como es sabido, no es buena consejera.
Y he aquí que JOH tampoco previó -o le valió un comino- que esta estratagema para resolver su problema personal no solo no haya conseguido engañar a nadie sino que, más bien, haya traído como consecuencia echarle tierra a la furibunda campaña anticomunista que su partido ha desatado contra la alianza. Ya que los electores no han podido menos que reparar en que en la propaganda contra Xiomara aparece Fidel Castro y Nicolás Maduro, pero no Daniel Ortega (su “hermano”, como lo llamó en la firma del tratado), quien, hasta ahora, había sido invariable blanco de los anticomunistas hondureños, y de los nacionalistas en primer lugar.
No es seguro, por tanto, que en ese tratado de límites todo sea bueno para Honduras. A lo mejor sí. Pero siempre conviene que sea estudiado a fondo por el próximo gobierno. No obstante, la deleznable motivación que animó a JOH lo enmarca más en una clásica jugada del más puro maquiavelismo que en un acto patriótico. Dicho esto, por supuesto, con el perdón de Maquiavelo, pues este nunca fue “maquiavélico”, como lo pinta su leyenda.
Tegucigalpa, 3 de noviembre de 2021.
