El régimen en agonía y los preparativos para su relevo

Por: Tomas Andino Mencía

Ante el régimen de JOH es común encontrar dos actitudes opuestas: la pesimista, de quienes se dejan impresionar por la supuesta fortaleza del régimen y creen que es muy poco lo que se puede hacer; y la triunfalista, de quienes creen que sacar a JOH puede hacerse ganando en las urnas para que deje el poder. Ambas son actitudes incorrectas, porque no están basadas en un análisis objetivo de la realidad sino en suposiciones, en su mayoría infundadas. Un análisis objetivo debe alejarse de estos extremos que tanto daño nos hacen y basarse en los hechos.

De más está decir que la comprensión objetiva de la realidad del país es una condición necesaria para diseñar una estrategia correcta en la lucha contra la dictadura. Este escrito aporta algunos elementos a ese análisis sin pretender ser exhaustivo ni estar exento de errores, pero si sirviera como insumo para el debate que nos ayude a encontrar el mejor camino, habrá cumplido su objetivo.

En resumen, pretendo demostrar que JOH vive los peores momentos de su agonía histórica a la cabeza del narco estado, con una situación de desprestigio internacional, al borde de ser sometido a un juicio internacional, con una economía que camina lenta pero sostenidamente a una recesión y aislado de muchos de sus aliados. Pero no por ello su caída es automática. Se trata de un régimen al cual aún le quedan poderosas cartas que jugar para mantenerse en el poder hasta el 2021 con el apoyo de los gringos, con un margen de acción cada vez más limitado, quienes buscan su relevo en las próximas elecciones generales.

DOS ACONTECIMIENTOS CLAVES

En 2019 dos acontecimientos sacudieron el país; por un lado, el levantamiento popular de abril-mayo dirigido por la Plataforma Nacional de Defensa de la Salud y la Educación, y por otro lado, el histórico juicio en octubre de la Corte del Distrito Sur de New York contra Tony Hernández, cuyas revelaciones han desnudado sin lugar a dudas la participación del régimen nacionalista y en particular de JOH en las altas esferas del narcotráfico.   

El primer acontecimiento demostró que al régimen se le puede derrotar con unidad y lucha. Fue tan poderoso ese movimiento que el país estuvo al borde de una paralización nacional, la cual tenía el potencial de hacer caer a JOH. Sin embargo, la dirigencia del movimiento optó por limitar su impacto a temas de orden reivindicativo y gremial, desmovilizando a sus bases cuando se dio el mejor momento de pedir la cabeza del usurpador. La oportunidad se perdió y el régimen se recuperó en los subsiguientes meses, desanimando a muchos de seguir luchando. Sin embargo, si algo quedo de ese movimiento fue la consciencia en el Pueblo sobre el nefasto papel que ha tenido la corrupción del gobierno en el lamentable estado en que se encuentra el sistema de salud y educación en Honduras.

El segundo acontecimiento, el juicio contra Tony Hernández (TH) en octubre 2019, tuvo el efecto de colocar al régimen de nuevo contra las cuerdas y de fragmentar al bloque en el poder, como veremos. El juicio demostró, no solo que TH era culpable de los delitos que se le imputaban, sino que contó con el apoyo y colaboración decisiva de su hermano, quien ostenta ilegítimamente el Poder Ejecutivo y quien dirige nada más y nada menos que el Consejo Nacional de Seguridad de Honduras.

A diferencia del primero, de este segundo golpe el régimen no se ha podido recuperar debido a las implicaciones que ha tenido al largo plazo en la economía y la política nacional. Más bien, la forma en como el régimen ha encarado este tema alimenta los factores que minan al largo plazo su estabilidad, no solo en lo político sino también en lo social y lo económico.

JOH Y SU PANDILLA SE BLINDAN Y LIMPIAN TERRENO

La reacción de los círculos de poder en Honduras frente al juicio de la Corte de New York fue de pánico y de cerrar filas para que el brazo de la justicia no les alcance. De inmediato tomaron sus medidas: La élite corrupta y narcotraficante, que cuenta con una bancada mayoritaria en el Congreso Nacional, aprobó reformas al Código Penal y a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que blindan a los diputados y a funcionarios corruptos de ser llevados a juicio por sus actos de corrupción. Posteriormente la mira fue puesta en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que judicializaba 13 casos contra funcionarios públicos. En este caso el usurpador acordó con el nefasto Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el cierre de esta Misión y, en cascada, la desarticulación de la UFECIC. Ahora pretenden hacer lo mismo limitando al CNA y a los Tribunales anticorrupción, para sentirse seguros de que no habrá ni una pizca de investigación independiente, y que ni la Ley internacional ni la ley penal hondureña les serán aplicadas.

Por otro lado, la cúpula empresarial corrupta vinculada al poder y a los narconegocios ha sido beneficiada con importantes reformas al proyecto de nuevo Código Penal, diseñadas para evitar que los empresarios sean objeto de persecución judicial por sus prácticas delincuenciales. Asimismo, se aceleran los juicios de casos de corrupción para favorecer a sus compinches; de ahí que no es extraño que personajes como Lena Gutiérrez, el mismo Mario Zelaya y los miembros de la Junta Directiva del IHSS, que durante un tiempo fueron procesados por su participación en el saqueo de esa institución, ahora se les disminuyen delitos, les otorgan cartas de libertad o se les otorgan sobreseimientos definitivos, mientras a los campesinos o pobladores que defienden sus recursos naturales básicos, como ocurre con los siete campesinos de Guapinol, Tocoa, se les encarcela arbitrariamente.

En la misma línea, y de cara a la continuación del proceso judicial en New York, los sicarios al servicio de este régimen asesinaron a no menos de 48 informantes claves, testigos o víctimas que puedan incriminar al gobernante y su pandilla en los centros penales, convertido en verdaderos patíbulos de quienes amenacen con servir en los juicios mencionados.

De esta forma la élite golpista, corrupta y narcotraficante se blinda de la justicia, a la vez que limpia terreno para no correr riesgos en estos tiempos cuando el dedo acusador del país y del mundo los señala. Pero al mismo tiempo, estas acciones han tenido el efecto de evidenciar vívidamente el carácter gansteril y mafioso del régimen que detenta el poder en el país y echa más leña al fuego de la indignación social.

MILITARES SE ALISTAN PARA A SUCEDER A JOH EN EL NARCO ESTADO

En estas condiciones de desprestigio, ilegitimidad e ilegalidad, el régimen usurpador dictatorial ha perdido toda base de sustentación y lo único que le queda es sostenerse por el poder de las armas. En ese sentido es un régimen acorralado, insostenible y en agonía. No hay que confundir sus últimos estertores como indicador de fortaleza; es todo lo contrario.

 El debilitamiento de la figura presidencial civil con los últimos escándalos internacionales ha llevado a la cúpula militar a dar un paso al frente colocándose como el más importante protagonista que salvaguarda el narco-estado.

En gran medida esta actitud de la cúpula castrense se debe a que ellos mismos han sido involucrados en múltiples casos de colusión con el tráfico de drogas y administran importantes negocios que les han sido otorgados en los últimos diez años de régimen golpista, como la administración de los bosques, la seguridad interna y ahora la agricultura. Es decir que son parte interesada en el problema.

Lo anterior tiene un costo que desgraciadamente lo paga el Pueblo. Es de sobra conocido que el Presupuesto Nacional en los últimos años ha incrementado el gasto militar y policial a sus anchas, mediante transferencias extraordinarias y la Tasa de Seguridad. Símbolo de este derroche es la compra de un barco militar al costo de 55 millones de dólares, mientras se cierran 112 centros de salud. Pero ahora esta práctica se agrava. En 2019 arbitrariamente el jefe de Estado aprobó que L. 4 mil millones serán transferidos a las Fuerzas Armadas con el pretexto de que los militares los invertirán en programas de desarrollo rural, función que no es de su competencia legal sino de la SAG y del INA, instituciones que a su vez son saqueadas y quebradas.

Asimismo, se financia el reforzamiento de su equipamiento militar y de inteligencia con la compra de modernos drones, buques costosisimos y equipo de espionaje de última generación, a nombre del combate a las drogas, lo que es ridículo porque el juicio a Tony Hernández reveló que este utilizaba submarinos para el trasiego de su mercancía y sus compinches en las FFAA “apagaban” los radares para burlar los controles aéreos. Pero el colmo ha sido el rol servil del Congreso Nacional a los militares al aprobar reformas al Código Penal por las que se exime a éstos de responsabilidad por crímenes de Lesa Humanidad.

El poder y las excepcionalidades que está concentrando paulatinamente la Fuerza Armada poniendo bajo su control directo cada vez más instituciones, nos indica que en Honduras se está ejecutando un Golpe Militar en “cámara lenta” con vistas a copar la totalidad del Estado e instaurar al largo plazo un régimen militarizado, o en el peor de los casos, una dictadura militar directa. En base a este análisis cobra sentido la lapidaria expresión del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gral. Ponce Fonseca, cuando categóricamente afirmó, en franca violación de la Constitución, que “las Fuerzas Armadas son el poder real en Honduras” y que, si es necesario, “podemos quedarnos en el poder por 30 años”, lo que significa que las Fuerzas Armadas son una institución deliberante y que conspira en contra de la voluntad del soberano.

Por supuesto, el aumento del poder militar es directamente proporcional al incremento de la represión. Eso explica la dura represión contra el liderazgo del movimiento popular hondureño, que mediante la protesta ciudadana pacifica se atreve a desafiar a la dictadura y a los grandes negocios extractivistas del capitalismo neoliberal. Lo cual confirma que Honduras este catalogado como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos y ambientales.

Sin embargo, aunque a primera vista pareciera lo contrario, el atrincheramiento de la clase pudiente y corrupta bajo las naguas de la casta militar solo refleja su avanzado debilitamiento político ya que es incapaz de lograr el más mínimo consenso social, incluso a lo interno de su partido, sin tener que acudir a la amenaza, al terror y al crimen para acallar las voces disonantes. Se trata de una situación excepcional. Nunca habíamos visto tan asustado y acorralado al régimen post golpista en los últimos diez años. En esas condiciones salir del poder no es una opción para ellos porque significaría la cárcel, el exilio o el cementerio.

UNA ECONOMÍA EN ALERTA AMARILLA

El deterioro del régimen no solo ocurre en el terreno político, sino también en su base económica. Los ingresos del Estado están en alerta amarilla porque Honduras ha visto disminuir el crecimiento del PIB en 1.7% pues paso de 4.8% en 2017 a 3.7% en 2018 y a 3.1% en 2019 (FOSDEH). Esto se debe en gran medida a la caída de las exportaciones (cayeron 8.2% en general) las cuales disminuyeron de 3,214.1 millones de dólares en 2018 a 2,949.4 millones en 2019, debido al desplome del precio del café, banano y el aceite de palma, los tres rubros de agroexportación más importantes. “En 2017, el valor de las exportaciones de café sumó USD 1,225 millones, en cambio para el 2019 solamente suma USD 881.50 millones, el banano pasó de USD 425 millones a 373.40 millones, y el aceite de palma de 335.70 millones a 251.70 millones respectivamente.” (FOSDEH).

Por otro lado, la inversión capitalista no fluye a Honduras como el régimen quisiera. Los megaproyectos “Honduras 20-20” (que prometió crear 600 mil empleos) y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE o “Ciudades Modelo”) hasta ahora han sido un absoluto fracaso en atraer inversión porque los capitales no vienen, sino que huyen del país desde la crisis post electoral de 2017, cuando la inversión extranjera se contrajo en un 39% (FOSDEH). Más recientemente la inversión llega a cuenta gotas debido al clima de inestabilidad política, a la mala señal que envían los juicios de New York y a la eliminación de los mecanismos anticorrupción por parte del régimen. Muestra de lo dicho es que el Índice de Confianza Económica de Honduras bajo de 58.2 puntos en 2018 a 37.7 puntos en 2019 (BCH, “Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos”, noviembre 2019)

Lo único que aún sustenta la estabilidad macroeconómica del país es un moderado crecimiento de la maquila (13%) y el ingreso masivo de las remesas que ha alcanzado récord histórico este año (llego a US$ 5,400 millones); pero este último es un fenómeno pasajero ya que se debe a que los migrantes hondureños en USA adelantan el envío de la mayor parte de sus recursos a sus familiares, temerosos de la inminente finalización del TPS, tratado al que le queda menos de un año de vida. Además, la llave de la migración al país del norte y por tanto el flujo de remesas para el futuro disminuirán drásticamente, ya que los y las migrantes no podrán ni siquiera entrar a México si van en busca de refugio a USA, a causa del tratado de “Tercer país más seguro” establecido entre ambos países, de tal forma que el éxodo a Estados Unidos ya no será una opción.

Por lo anterior, los ingresos del Estado al corto y al largo plazo tienden a disminuir, siendo el aspecto económico (junto a los juicios de New York) el otro lado débil del régimen.

COBRAR MÁS Y SAQUEAR MUCHO MÁS

Para compensar esa debilidad económica el régimen se ve obligado a endurecer sus mecanismos de recaudación fiscal y a profundizar el saqueo de las instituciones públicas a fin de reorientar esos recursos a sus prioridades, que son: pagar la deuda externa, acrecentar el aparato militar y financiar sus campañas electorales.

Como consecuencia, el régimen aprieta tuercas mediante una voraz recaudación fiscal que afecta principalmente a la clase media, es decir a empleados de ingresos medios y a pequeños y medianos empresarios, afectados tanto por elevados impuestos (ISR, Tasa de Seguridad, impuestos municipales) como por una burocracia ineficiente que cobra “mordidas” a cada paso y por el incremento de las tarifas de los servicios básicos, como la electricidad y el agua, que encarecen los costos de sus negocios. Si a esta situación se le agrega el problema crónico de la extorsión que afecta a miles de negocios, estamos ante un desolador panorama que lleva a la quiebra a miles de micro, pequeñas y medianas empresas tanto en la ciudad como en el campo.

La gran banca nacional, niña mimada del régimen por ser la pata financiera de la narcodictadura, sigue siendo favorecida en su voracidad acumulativa con la práctica de los fideicomisos autorizados por el Estado y con la especulación financiera, pero también es cierto que cada vez encuentra menos mercado para colocar sus capitales. De hecho, según el economista Claudio Salgado, asesor del BCH, la banca nacional se encuentra en una situación de sobre liquidez financiera, al disponer, aproximadamente, de L. 100 mil millones para créditos, qué es L 40 mil millones por encima de los requerimientos del Banco Central de Honduras (Lps. 60 mil millones). Es decir que la banca tiene demasiado dinero y no puede colocarlo debido a que se ha deprimido la inversión capitalista y a que la capacidad de pago del hondureño promedio ha disminuido, lo que hace que disminuyan sus ganancias. Esto lleva a la oligarquía bancaria a apostar a lo seguro con los bonos del Estado, volviéndose más parasitaria, más corrupta y agresiva en la obtención de nuevas fuentes de acumulación.

Otro factor que explica la disminución de la colocación de capitales es el hecho de que, en buena medida, la inversión comercial e industrial así como la actividad de lavado de dinero que hacían los carteles del narcotráfico en las instituciones financieras nacionales ha sido limitada o abandonada debido al descabezamiento de varios carteles y al procesamiento judicial de sus líderes en los juicios en Estados Unidos, sumiendo en el desempleo a regiones del país donde antes había fuertes inversiones provenientes de la narco actividad (como el occidente y el litoral Atlántico).

La contracción de la economía capitalista tiene muy preocupado a un importante sector de la burguesía hondureña, altamente dependiente de las inversiones extranjeras y sobre endeudada con la banca, que observa cómo se les escapan oportunidades de negocios debido al narco dictadura. De hecho, un importante sector de la burguesía industrial de la zona norte, organizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), que representa al sector más dinámico de la economía capitalista, ha comenzado a desmarcarse del apoyo a la dictadura siendo ahora proclive a exigir cambios en la composición del bloque de poder. Esto ha producido un terremoto político en el gremio empresarial que enfrenta a los sectores afines y contrarios al régimen.

En este escenario, el saqueo de fondos públicos y los empréstitos de la banca internacional son las únicas fuentes de capitalización a que puede recurrir el régimen. Eso explica su enorme interés por caerle a las instituciones de previsión y otras entidades estatales donde existen recursos de la clase trabajadora acumulados durante su vida laboral o destinados a servicios crediticios. Algunos ejemplos de lo anterior son: a) La Ley del INPREMA, reformada en 2019 para incrementar la deducción al magisterio en un 2%, reforma disfrazada de “beneficio” [1]; b) el INJUPEMP, el IHSS y el INPREMA fueron descapitalizados en 155.3 millones de dólares para poder concluir la mega obra del Centro Cívico Gubernamental; y, c) BANADESA fue recientemente liquidado, en parte para entregárselo a la banca privada y en parte para deshacerse de la multimillonaria deuda (calculada en L. 6 mil millones) que la oligarquía hizo hace varias décadas tomando préstamos que debieron ser para los campesinos.

En cuanto a los fondos provenientes de la banca internacional, el régimen anda en una desesperada carrera por obtener fondos de donde sea y como sea, tanto de fuentes bilaterales (Taiwán, Israel, etc) como multilaterales. El problema es que las primeras no son lo suficientemente grandes debido a que esos países no tienen grandes partidas de financiamiento externo y los segundos son altamente condicionados. Recordemos que JOH llego en 2019 a un Acuerdo Stand-by de dos años con el FMI por un monto de 311 millones de dólares, a cambio de implementar procesos privatizadores en salud, educación, agua y electricidad, pagar a las generadoras eléctricas y modificar los fondos de previsión.

En el marco de ese acuerdo, JOH intento aplicar los PCM sin anestesia en mayo-junio 2019, lo que provocó un enorme levantamiento social en protesta; pero debido a la desmovilización de la Plataforma de Defensa de Salud y Educación, JOH ha comenzado a implementarlos por segmentos, por ejemplo, privatizando los servicios hospitalarios. De similar manera, el régimen aprieta el acelerador profundizando sus medidas neoliberales en otras instituciones públicas; por ejemplo, la ENEE está en proceso de descuartizamiento en tres empresas que serán entregadas a inversores privados; mientras el SANAA y el INFOP también están en pleno proceso de privatización; y se renuevan los contratos con las térmicas e hidroeléctricas, a las que el Estado se obliga a pagarles casi L. 10 mil millones por operar con deficiencias; entre otros.

Estas medidas son el resultado de las presiones del FMI y el resto de la banca mundial para el cumplimiento de los convenios suscritos en 2019, que constituye una clara afrenta a nuestra soberanía económica.

Paradójicamente, la “medicina” que le recetan los organismos financieros internacionales al régimen puede matar a su paciente. Aplicar esos paquetes significa asestar mazazos durísimos a la clase trabajadora y al pueblo en general, que se verán afectados por las draconianas medidas neoliberales del régimen. Así las cosas, no es descartable que sectores populares, especialmente de trabajadores, se vean obligados a salir a la lucha si quieren sobrevivir en medio de la deplorable situación del país, como ocurre actualmente con las enfermeras y los trabajadores del INFOP.

Este panorama económico no incluye una variable que es muy probable que ocurra este año: la inminencia de una depresión económica del sistema capitalista mundial, peor que la depresión de 2007-2008. Si esto llega a ocurrir, las consecuencias para un régimen tan dependiente de las fluctuaciones del mercado y de la moneda norteamericana, serían simplemente catastróficas. Tampoco incluye la posibilidad de que eventos naturales extremos (huracanes, sequías, plagas), muy probables debido a que Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático, arruinen los planes de la narcodictadura.

DESPLAZAMIENTO FORZOSO DEL PUEBLO, DERROCHE DEL RICO

Mientras esto sucede el Pueblo hondureño se debate día a día en una lucha por la supervivencia cada vez más difícil debido a que el costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios, la pérdida de microempresas y la extorsión, impiden a los ciudadanos de bien contar con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Tan grave es la situación de pobreza y violencia que, de nuevo, muchos hondureños y hondureñas salieron masivamente en enero 2020 en un nuevo desplazamiento forzado en busca de refugio en Estados Unidos (mal llamadas “Caravanas de Migrantes”).

Sin embargo, a diferencia de los desplazamientos forzados de 2018 y 2019, que lograron llegar a la frontera México-USA, esta vez el éxodo tropezó con un muro militar infranqueable de las fuerzas represivas del Estado mexicano. Todo indica que la huida a Estados Unidos en busca del “sueño americano” se quedara en eso, en un sueño, ya que es cada vez más difícil llegar a aquel país por obra y gracia del acuerdo de “Tercer país más seguro” suscrito entre el gobierno de México y de USA. Eso significa que en Honduras a partir de ahora, nos aproximaremos rápidamente al efecto de la olla de presión sin escape que solo puede hacer una cosa: estallar.

El malestar objetivo que causa esta crisis económica, es exacerbado por el descontento subjetivo que causa el derroche sin límites del grupo en el poder, totalmente insensible y ajeno a los reclamos del Pueblo. Sin ningún pudor los más ricos y los funcionarios de más alto nivel continúan disfrutando de privilegios desmedidos, derrochando los recursos públicos en gastos onerosos o superfluos. Ejemplos de esto son; el incremento en casi un 100% de salarios a los diputados, magistrados de la CSJ y funcionarios públicos que se jactan de tener ingresos de 10 mil hasta 14 mil dólares mensuales, mientras a la mayoría de empleados no se les paga ni el salario mínimo; por otro lado, se congelan plazas y salarios, y se despide trabajadores de instituciones del Estado.

LA DISTRACCIÓN ELECTORAL Y LA “LEGITIMACIÓN” DEL CONTINUISMO

El régimen sabe perfectamente que esta agresiva política económica contra los bienes e ingresos del pueblo tiene el potencial de producir levantamientos sociales, con características insurreccionales. Por eso necesita generar distractivos que desvíen la atención de lo más importante hacia lo inocuo. Dos de esos mecanismos de distracción son; por un lado, el recurso de los “diálogos nacionales” y, por otro, el proceso electoral de 2021.

El tema de los diálogos es usado por el régimen para aplacar o prevenir crisis por causa de movimientos sociales. Por ejemplo, la salida de la MACCIH provocó una fuerte reacción social, el usurpador entonces convocó a la “sociedad civil” a participar en un dialogo en el marco del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), supuestamente para ventilar temas de lucha anticorrupción, seguridad y reformas electorales. Un anzuelo similar se prepara desde la UNAH, cuando el Rector Francisco Herrera, a través del movimiento juvenil RED, ha iniciado un proceso del llamado “Dialogo por Honduras” para cooptar a sectores de la izquierda reformista con cantos de sirena sobre una probable “consulta popular” y mantener entretenidos a incautos sectores de la sociedad, evitando que sectores progresistas de la población sigan movilizándose, o para aislar al que se moviliza.

Pero la estrategia distractora principal del régimen es el proceso electoral de 2021. El régimen pretende hacerle creer al Pueblo que en las próximas elecciones generales este tendrá la oportunidad de echar la dictadura mediante los votos y que se elegirá un gobierno democráticamente. La falsedad de esta idea se demuestra, por un lado, en el avance del poder militar que copa el Estado, aspecto señalado líneas atrás, que entra en contradicción con esa ilusión; y por otro lado, en el hecho de que el Partido Nacional se ha trancado en no aprobar las reformas electorales más importante que permitirían un cambio democrático, como la segunda vuelta y el voto electrónico, limitándose a reformas superficiales como la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, en los cuales el bipartidismo se aseguró tener mayoría simple para la toma de decisiones.

De hecho, la reforma para la segunda vuelta requeriría la ratificación en la siguiente legislatura, lo cual le cierra la puerta para que sea aplicada a estas elecciones. ¡Teje fino el régimen! Es que sería ingenuo creer que una banda criminal enquistada en la cima del Estado, va a ceder el poder simplemente porque perdió elecciones en las urnas.

El único beneficio real que esto ha traído a la oposición política partidaria, especialmente a LIBRE, son puestos de trabajo y jugosos salarios a sus burócratas de más alto nivel. Por fuera de este “beneficio”, no hay ninguna ventaja real en materia electoral, sino que, por el contrario, trae más males que bienes a las fuerzas de oposición. Por ejemplo, los liderazgos de los movimientos sociales prácticamente abandonan las luchas para atender la organización y propaganda electoral; y los militantes se enfrascan en desgastantes peleas internas, abriendo heridas entre los activistas que dificultarán los procesos de unidad. Es decir que se abandona precisamente lo único que tiene el potencial de derribar la dictadura; la unidad y la lucha. Esto afectará principalmente al Partido LIBRE; pero también entre este y el resto de los partidos de oposición, que harán una competencia totalmente inconveniente de las fuerzas que se supone adversan a la dictadura. Es el triunfo del “divide y vencerás”.

JOH APUESTA POR SU CONTINUISMO

Además de este fin distractor, el proceso electoral tiene un fin más perverso aún, y es que sirva nuevamente de trampolín para la reelección continuista de JOH. Este sabe que, si quiere salvar su vida frente a la justicia norteamericana y a la enemistad que se ha ganado de los carteles de la droga competidores, no tiene más opción que mantenerse en el poder todo el tiempo que le sea posible. Con las mismas reglas y con los mismos actores, JOH tiene todas las condiciones para que el resultado sea el mismo que el obtenido en los procesos electorales de 2013 y 2017, es decir, una burla a la voluntad popular y un mecanismo de legitimación de su dictadura.

De hecho vemos varios indicadores de lo anterior.

En primer lugar, JOH mantiene sometido en el terror a todas las corrientes internas del Partido Nacional que le son adversas, a manera de no tener candidatura rival a su interior, especialmente las de Ricardo Álvarez y Pepe Lobo, el primero chantajeado por escándalos de corrupción en los que se vio envuelto (incluido del Trans 450) y en los últimos días con varios de sus activistas sospechosamente asesinados; y Pepe Lobo bajo proceso judicial junto a su esposa.

En segundo lugar, JOH ha promovido el lanzamiento de la candidatura de su delfín, el alcalde capitalino Tito Asfura, a quien en cualquier momento puede sustituir al estilo de como lo hizo Ricardo Maduro con su testaferro, Luis Cosenza, en 2001.

En tercer lugar, es notorio que de entre todas las reformas electorales posibles, los cachurecos acarician con especial dulzura la reforma que les permita “regular la reelección”, la cual, de ser aprobada, no le impediría a JOH postularse a la presidencia. Para impedir esto, la apuesta de Ricardo Álvarez es adelantar las elecciones ahora que JOH se encuentra en su peor momento político y no en 2021 cuando habrá consumado toda su estrategia; sin embargo, es muy dudoso que encuentre eco en un Congreso dominado por el oficialismo.

A pesar de lo dicho, la dictadura no deja detalle al azar y guarda otros ases bajo la manga por si la situación tanto nacional como internacional amenaza con irse de las manos, como podría ser una nueva sublevación popular; enfrentar el juicio de la Corte de New York; o si necesitara prolongar su estadía en el poder más tiempo de no lograrlo por la vía electoral. Para casos como esos el régimen baraja la posibilidad de convocar a una consulta nacional por una Asamblea “Constituyente” (derivada), algo que solo puede significar una especie de “salida anticipada” para evadir las elecciones. En fin, es un comodín que puede servirle para diversos propósitos.

El punto clave aquí es que para JOH el proceso electoral es solo un instrumento, como eventualmente lo puede ser una “Constituyente” piruja, para mantenerse en el poder, pero nunca será su fin respetar la voluntad soberana del Pueblo.

LA POLÍTICA DEL IMPERIO

Nada de lo anterior sería posible sin el apoyo político del gobierno de los Estados Unidos a la narco-dictadura. No es que sea un personaje de su agrado, saben que es un capo, pero es “su” capo y mientras no tengan algo mejor, es decir, tan servil como el pero menos “quemado”, le seguirán dando el respaldo.

El apoyo político de los norteamericanos obedece a la necesidad que tienen de asegurar a Honduras y Guatemala como aliados estratégicos claves en Centroamérica, para diversos propósitos; entre otros: contener el avance chino en El Salvador y Nicaragua, frenar la migración hacia el norte, la aplicación de los Tratados de “Tercer País más seguro”, o temas más coyunturales como contar con su voto en la OEA para la reelección de Almagro, y en la ONU ante la crisis con Irán y Venezuela, pero principalmente, proteger su base militar en Palmerola. JOH lo sabe y por eso les obedece como perro faldero con tal de conservar ese apoyo.

Este apoyo se expresa en el sostenimiento político diplomático del Departamento de Estado así como en los halagos de los funcionarios por una supuesta “eficiencia” en la lucha contra el narcotráfico, algo que, de no ser grave, movería a la risa. Pero también se expresa en el plano militar, pues desde el año pasado el gobierno de Trump ha instalado en Honduras tropas de la Fuerza Armada de Estados Unidos y del Estado sionista de Israel en el marco de un convenio tripartito entre los tres gobiernos. Esta presencia militar obedece también en prevención de que el descontento que existe en algunos sectores de las Fuerzas Armadas de Honduras amenace su estabilidad.

No obstante, también es cierto que la política norteamericana hacia Honduras no es homogénea. Lo dicho hasta aquí sobre el apoyo del gobierno gringo directo a JOH es válido para la política del poder ejecutivo norteamericano, es decir, de Donald Trump y del influyente lobby militar y del sionismo. Sin embargo, el ala demócrata del Congreso Norteamericano, que tiene influencia sobre algunos sectores opositores en Honduras, tiene una posición algo diferente en algunos matices: adversa a JOH y no oculta su preferencia de apoyar a partidos de la oposición burguesa (algo que pudo apreciarse diáfanamente en su visita a Honduras el año pasado, cuando ni siquiera se reunió con el) pero tampoco quieren tomar el riesgo de perder la matriz del neoliberalismo salvaje del que se beneficia el imperio y por eso no apoyan la posibilidad de que LIBRE (partido reformista) llegue al gobierno y mucho menos que su salida sea vía una insurrección en la que el Pueblo tenga una oportunidad de poner su propio gobierno.

Los demócratas al igual que Trump también quieren una salida “controlada” en el proceso electoral de 2021 y es por eso que apuestan a hacer reformas electorales, y particularmente impulsan la exigencia de que el Congreso Nacional debe aprobar un paquete de medidas sobre la corrupción y sobre reformas electorales que incluyen la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Política Limpia y la reglamentación de la reelección. Es en este equilibrio que se mueve el gobierno de JOH.

Ahora bien, estos son sus deseos y obtendrán la colaboración absoluta de JOH, con una excepción; que no lo toquen a él ni a su familia más cercana. Por eso las cosas son algo más compleja, ya que JOH tiene otros planes y se resiste a ser desechado en 2022 sin tener asegurado su futuro. JOH a su manera también pone sus términos pues es consciente de la importancia que tiene para ellos.

Uno de los principales intereses de JOH es no ser objeto de acusación criminal por los delitos que ha cometido en el país y en el extranjero, y también preservar su fortuna, como hacen todos los dictadores. El caso de la MACCIH es un buen ejemplo de esa complejidad. Tanto la Embajada norteamericana, que obedece a Trump, como la USAID y los senadores republicanos y demócratas originalmente abogaban por la permanencia de la MACCIH en Honduras, pues era el mecanismo de presión que tenían para mantener a su narco títere bajo control.

Sin embargo, llegó un punto en el que la MACCIH amenazó investigar la familia presidencial en el caso Los Pandoros, y eso obligo a una negociación entre diciembre 2019 y enero 2020; una negociación sobre la permanencia de la MACCIH que mantuvo en vilo al país en ese periodo. Cuando finalmente salió humo blanco de esa negociación, la MACCIH fue retirada de Honduras, en un acuerdo de compadre hablado con Luis Almagro, títere de Trump; a renglón seguido vino el desmantelamiento de la UFECIC y también la salida de la representante de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) así como la sustitución del Consejo Nacional Anticorrupción por el FONAC.

Logrado su propósito, JOH pocos días después apareció sonriente y confiado solicitando al Congreso Nacional la aprobación de ese paquete de leyes que la Embajada solicita hace varios años, seguro de que todo lo que se ventile pasara por los tribunales que el controla a través de sus mandaderos. Y como colofón, en un evento publico comenzaron a aparecer las voces de “las bases” de su partido pidiéndole que se postule a la reelección. Ridículo pero cierto.

En este fulminante proceso, la Embajada no emitió ninguna declaración condenando al gobierno, sino que se limitó a enfatizar que ahora la lucha anticorrupción debe basarse en el Ministerio Público, minimizando la salida de la MACCIH por obra de JOH, lo cual es irrisorio porque el Fiscal General ha sido el principal aliado de los corruptos. La única medida concreta que adoptó la Embajada en reacción a lo dicho fue quitar la visa a los diputados y diputadas vinculados a algunos casos de corrupción, pero en ningún momento tomó ninguna medida contra JOH, responsable directo de la no-continuidad de la MACCIH.

HAY RAZÓN PARA SER OPTIMISTA

Pese a lo anterior, que JOH sobreviva los próximos dos años hasta ese punto, “es otro pisto”; no es algo que puedan garantizar ni él ni los gringos, sino que dependerá de cómo se presente el escenario de la economía y de la lucha de clases en los próximos 20 meses, porque como van las cosas, un nuevo movimiento popular similar al de abril mayo 2019 no es nada descartable. La experiencia de los últimos diez años en nuestro país ha sido que, cuando más confiado se siente el régimen y aprieta con sus medidas al pueblo, más sorpresas dá éste, levantando movimientos sociales impresionantes. Así pasó con el movimiento de los indignados en 2015, el movimiento estudiantil universitario en 2016 y 2017, el levantamiento popular de diciembre 2017 y el movimiento de la Plataforma en abril-junio 2019.

Con mucha probabilidad nuevas oportunidades para luchar se nos presentarán antes de las elecciones de 2021, teniendo en cuenta la descripción que hemos hecho páginas atrás sobre la situación de la economía y la política criolla. Pero de nada servirán si no aprendemos la segunda lección de esta historia; necesitamos una nueva dirigencia social y política que conduzca los futuros movimientos, para no volver a perder las oportunidades que surjan.

Así que, en estas Honduras, donde el plomo flota y el corcho se hunde, todavía no hay razón para perder la esperanza, siempre y cuando hagamos algo al respecto.

[1] La reforma fue vendida como un beneficio a los docentes diciéndoles que ahora no se les deduciría el 8% del decimo tercer y decimo cuarto mes de salario, pero al mismo tiempo se le incrementan las cotizaciones a 9.5% por cada uno de estos, siendo al final un incremento anual.