Por: Víctor Meza
El poder presidencial ejercido en demasía y con abundante abuso, desemboca, inevitablemente, en el deterioro y negación del Estado de derecho. La cadena del equilibrio entre los tres poderes del Estado se rompe por sus eslabones más débiles, y toda la institucionalidad estatal se tambalea. La balanza se altera y en lugar de integración y complementariedad entre los poderes, lo que prevalece es el intervencionismo y la subordinación. Se desnaturaliza así la esencia misma del Estado de derecho y se pervierte el sentido de la democracia.
Eso, exactamente, es lo que sucede actualmente en nuestro país. La subordinación grotesca del Poder legislativo ante las órdenes o caprichos del Poder ejecutivo, rompe la balanza y anula el equilibrio institucional. La escasa independencia del Poder judicial atenta contra la justicia y debilita al Estado mismo. El gobierno utiliza las instituciones del Estado para saciar los apetitos del partido gobernante. La maquinaria estatal, vía gobierno, es colocada al servicio de un partido político. La anunciada reelección presidencial, forma encubierta y vergonzante del continuismo ilegal, es el mejor ejemplo de lo que aquí afirmamos.
También podría servir como ejemplo la crisis actual por la que atraviesa el partido Anticorrupción (PAC), provocada en gran parte por factores externos al partido y estimulada generosamente desde el Poder ejecutivo y desde los propios órganos estatales encargados de gestionar el proceso electoral. La llamada “crisis del PAC” sirve perfectamente para ilustrar la forma en que uno de los poderes del Estado, en este caso el ejecutivo, subordina y utiliza las instituciones del mismo Estado para neutralizar un adversario político y facilitar el triunfo del partido oficial. La institucionalidad estatal subordinada ante el sistema de partidos y utilizada para favorecer a uno solo de ellos.
Por supuesto, no desconozco que en esa crisis del nuevo partido también intervienen factores de naturaleza interna, los que tienen que ver con la estructura orgánica misma del partido y los que conciernen al estilo de liderazgo personalista y caudillesco que ha impuesto su dirigente principal. Es un extraño modelo de caciquismo urbano, con el autoritarismo incuestionable del cacicazgo rural pero con rasgos de supuesta modernidad gerencial y mediática. Una aberración alimentada por el ego desmesurado y la ingenua pretensión de creer que el mundo es una pelota de futbol.
Pero no hay duda que el gobierno aprovecha oportunistamente las deficiencias internas del PAC para estimular falsas corrientes de disidencia política, creando “movimientos” tan artificiales como imaginarios con el único fin de anular a su líder principal y fraccionar hasta la desaparición al joven partido. Para ello, el gobierno cuenta con personas de dudosa credibilidad que se encargan de cumplir la ingrata tarea de debilitar al partido y simular una inexistente disidencia. Toda una trama en la que el organismo responsable de una sana gestión del proceso electoral, conspira y se suma a la conspiración orquestada desde el poder presidencial. He aquí una muestra de la forma en que el gobernante subordina la institucionalidad estatal y la utiliza para fines estrictamente partidarios y continuistas.
Todo esto quiere decir que el debilitamiento de las instituciones públicas, su deterioro y desnaturalización, provienen desde el mismo Estado, son promovidas por el gobierno que, de esa manera, fracciona y debilita al Estado de derecho, corrompiendo la calidad de lo que debería ser una sociedad plural, respetuosa de la ley y democrática.
El excesivo presidencialismo que padece nuestro país, se traduce cada vez más en la deformación y anulación del Estado de derecho. Se convierte así en un peligro para la gobernabilidad democrática de la sociedad hondureña. Es el mismo Estado, mal utilizado por el gobierno, el que conspira contra sí mismo, se corrompe y autodestruye, en aras de favorecer los mezquinos intereses de una élite política que más parece un minúsculo clan de parientes y amigos que han virtualmente secuestrado la institucionalidad estatal.
El caso del PAC debería servirnos de advertencia sobre los graves riesgos que corre el proceso de construcción democrática en nuestro país. La gradual edificación de un régimen clánico, absorbente e intolerante, autoritario y vertical, concentrador desmesurado de poder presidencial, una especie de sultanato tropical, es el preámbulo de una dictadura personal y personalista que no respeta la ley ni respeta a la ciudadanía. Un régimen político que significa un condenable retroceso, un volver atrás, reanimando la vieja tentación autoritaria que, al parecer, late siempre en el atribulado corazón de los aprendices de dictadores. Estamos a tiempo de salirle al paso y evitar lo peor. Recordemos los versos del poeta: “…caballo que se desboca/ encuentra por fin el mar/ y se lo tragan las olas…”
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Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. Ver todas las entradas
Un comentario
La impunidad diria yo x eso la desesperacion, pero al pueblo ya no nos engañan.