Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La práctica inhumana e inconstitucional que continúa la línea de la privatización en el sistema de salud pública de Honduras, sigue poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que asisten a los centros de salud y hospitales del país en busca de atención sanitaria.
Una de las tantas historias injustas es la que pasan constantemente los más de 2.800 pacientes renales, ante el continuo chantaje emocional al que son sometidos por la empresa Diálisis de Honduras S.A. de C.V., quien desde el año 2012 se ha convertido en la suplidora de hemodiálisis de la secretaría de Salud.
El contrato se viene renovando todos los años, favoreciendo a un grupo económico y evadiendo la responsabilidad del Estado de garantizar un servicio de salud gratuito a la población, ya que además de las cifras onerosas que se erogan de las arcas públicas para pagar el convenio, los pacientes no reciben desde hace dos meses el medicamento restante para completar el tratamiento.
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La empresa presta los servicios de hemodiálisis a los pacientes del Hospital Escuela Universitario, en Tegucigalpa y Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde se atiende a los enfermos de los riñones de otras diez ciudades a nivel nacional.
A los pacientes se les administra tres hemodiálisis cada semana. Sin embargo, Diálisis de Honduras ha amenazado con disminuir el tratamiento a dos a partir del viernes 6 de julio porque el Gobierno no les paga una deuda de 234 millones de lempiras que vienen arrastrando desde inicios del año.
Sin denotar la más mínima consideración por los pacientes, la administradora general de la empresa, Claudia Patricia Molina Ortíz, advirtió que no queda otra alternativa más que reducir los tratamientos, porque el medicamento es caro y los proveedores internacionales se niegan a continuar proveyéndolos de los insumos, lo que ha puesto al almacén en un peligroso límite de existencias.
Al ver la displicencia de la empresa y del gobierno, el paciente David Turcios Rodríguez, imploró al gobierno que favor pague la deuda porque de lo contrario su vida y la del resto de los pacientes estará en riesgo, como ya lo ha estado en el pasado cuando la empresa ha suspendido los tratamientos.
Turcios Rodríguez, es miembro de la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Escuela (ADERHE). Su queja fue compartida por Walter Amaya, otro paciente, quien denunció que por las presiones de pago ejercidas en el pasado, varios pacientes murieron.
En otro conflicto, siempre por la falta de pagos, Diálisis de Honduras suspendió los tratamientos a los pacientes en el año 2014, sin que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) o la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos hicieran algo al respecto y garantizara el derecho a la salud e incluso el de la vida.
En aquel entonces, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, anunció que procedería a investigar a la empresa y aclarar con sus propietarios por qué no estaban asistiendo a los pacientes.
La empresa paralizó, en aquella oportunidad, los tratamientos en al menos siete clínicas a nivel nacional alegando una deuda de 53 millones de lempiras que hasta julio de 2014 mantenía el gobierno.
Derivado de aquella crisis, en agosto de 2014, la diputada del Partido Nacional, Leda Pagán, introdujo ante el Congreso Nacional una moción para la creación de un comité que supervisara los servicios brindados por la empresa Diálisis de Honduras. La moción se aprobó, pero nunca se conoció dicha supervisión.
Posteriormente, en octubre siempre del año 2014, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, anunció que esa institución estaría abriendo una línea de investigación en el área de salud, específicamente, en la entrega de informes relacionados con el uso de recursos y entrega de servicios a los pacientes con insuficiencia renal.
“En el caso de la hemodiálisis nosotros conocemos a dos empresas que el Estado les paga de manera anual más de 200 millones de lempiras y estas empresas no se abren, no rinden cuentas de los recursos que el gobierno les paga, pero estamos a la espera de reunirnos con la ministra de Salud (Yolani Batres) para ofrecer este apoyo”, explicó Castellanos.
La funcionaria se refirió a las empresas Diálisis de Honduras y Dicosa. Esta última ya no brinda el tratamiento.
La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, ha denunciado en reiteradas ocasiones el daño que le está haciendo a la población de Honduras la privatización de los servicios de salud, ya que pese a que la Constitución de la República atribuye como obligación del Estado brindarle un servicio gratuito y de calidad a la población, no se está cumpliendo.
«Hemos llegado a un punto donde la prestación de servicios de salud no garantiza la vida de los ciudadanos que acuden a los centros asistenciales de todo el país. Creo que llegamos a un punto de irresponsabilidad y falta de toma de decisiones oportunas», apuntó.
Figueroa dijo que no es posible que los pacientes renales estén suplicando para que la próxima semana no les suspendan el tratamiento, ya que su atención es una garantía constitucional que no debería ser parte de negociaciones políticas como ocurre actualmente.
La presidenta de los médicos no descartó que atrás de las amenazas de la empresa Diálisis de Honduras, existan componendas con el gobierno. Sin embargo, consideró que dicha suposición debería ser investigado por los entes del Estado, al igual que los insumos que suple la empresa y los pagos que el gobierno le hace a ésta.
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CONTRATO
En el 2015 el contrato entre el Gobierno y Diálisis de Honduras ascendió a L.300, 756,976.72. El pago se dio en el marco del contrato 1310, aprobado por el presidente, Juan Hernández y suscrito entre la secretaria de Salud, Yolani Batres y la administradora general de Diálisis de Honduras, S.A. de C.V., Claudia Patricia Molina Ortiz.
PROMESA DE PAGO
En conferencia de prensa el secretario de Salud, Octavio Sánchez, prometió este miércoles el desembolso de 80 millones de lempiras para la próxima semana para honrar parte de la deuda con la empresa, que asciende a 234 millones de lempiras.
Sánchez señaló que en el año 2012 la obligación con la empresa fue de 82.7 millones de lempiras y que en virtud que la enfermedad va en ascenso, en el 2017 el contrato fue de 437 millones y para este año, estimó que la cifra rondará los 625 millones.
Al ser increpado por qué el gobierno no asume la responsabilidad directa de suministrar el tratamiento en vez de acudir a la empresa privada, respondió diciendo “ahorita estamos tratando un problema puntual” e insistió en que por ahora la Secretaría de Salud está “viendo el último momento de la complicación renal”.
Finalmente., apuntó que aunque no se descarta abordar lo relacionado al servicio privado, lo que se está analizando en la actualidad y con visión a largo plazo, es la realización de un estudio para hacer un mapeo sobre la enfermedad, a fin de detectar las causas que la están favoreciendo y las zonas con mayor incidencia.
Se estima que a diario, entre nueve y diez hondureños son diagnosticados con insuficiencia renal.
ROBO DE MAQUINAS
En agosto del 2012, el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, denunció el robo de siete máquinas, que habían sido donadas por la cooperación internacional, para atender a los pacientes con insuficiencia renal.“Algo raro está sucediendo ahí, me dice que hubo una donación de 7 máquinas y ahora no están, alguien tiene que dar explicaciones” dijo el mandatario al lamentar la pérdida del equipo que se desapareció de los hospitales públicos de Honduras.
El robo de las máquinas que eran propiedad del Estado sigue motivando la contratación millonaria de la empresa privada para suplir el servicio a más de 2.800 hondureños que sufren de enfermedades renales crónicas.
3 respuestas
Completamente de acuerdo Mario Barahona, muchas enfermedades y pacientes huérfanos, a la espera de la evolución natural de la enfermedad, que en caso de estas enfermedades es la muerte, sin que nadie haga algo por la situación tan lamentable en la que hoy están ellos, pero podríamos ser nosotros o un ser querido.
Esto no solo le pasa a los que necesitan dialisis, sino a todo paciente de una enfermedad cronica en Honduras, estan por ejemplo los pacientes con Cancer del Hospital San Felipe, los pacientes de esclerosis multiple en San Pedro Sula, y un sinnumero de otros que por su condicion cronica necesitan abastecimiento continuo de medicamentos. Sin embargo la mala administracion de nuestro sistema de salud, no se pone la mano en el corazon y utiliza respuestas burocráticas a un problema serio y contra la humanidad de los mas necesitados.
Sres. Periodistas, en vez de criticar y amenazar a la empresa de Hemodiálisis, pónganse en su lugar y preguntense si a Uds les debiera el Estado Lps 200 Millones de Lempiras estarían felices. Esas Empresas trabajan con proveedores del exterior que exigen el pronto pago de sus compras, por lo que el pago de los Insumos es expedito pero en cambio el pago del Estado a la Compañía no lo es.