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Por Katharina Pistor

NUEVA YORK – Las olas de calor, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales están devastando comunidades en todo el mundo, y se volverán más severos. Si bien los negadores del cambio climático siguen siendo poderosos, la necesidad de una acción urgente hoy se reconoce mucho más allá de los círculos activistas. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y hasta las empresas y las finanzas se están inclinando ante lo inevitable –o al menos eso es lo que parece.

De hecho, el mundo ha perdido décadas debatiendo planes de comercialización de carbono y rótulos financieros “verdes”, y la moda actual consiste simplemente en diseñar estrategias de protección sofisticadas (“compensaciones de carbono”) desafiando el simple hecho de que la humanidad está sentada en el mismo bote. Una “compensación” puede servirles a los tenedores de activos individuales, pero hará poco para evitar el desastre climático que nos espera a todos.

La adopción por parte del sector privado del “capitalismo verde” parece ser otro artilugio para evitar un reconocimiento como corresponde. Si los líderes empresariales y financieros hablaran en serio, admitirían la necesidad de cambiar el curso drásticamente para garantizar que este planeta siga siendo hospitalario para toda la humanidad ahora y en el futuro. Esto no tiene que ver con sustituir activos marrones por activos verdes, sino con compartir las pérdidas que el capitalismo marrón les ha impuesto a millones de personas y con garantizarle un futuro aún a los más vulnerables.

La noción de capitalismo verde da a entender que los costos de abordar el cambio climático son demasiado elevados como para que los gobiernos los asuman por sí solos, y que el sector privado siempre tiene mejores respuestas. En este sentido, para los defensores del capitalismo verde, la alianza público-privada garantizará que la transición de un capitalismo marrón a un capitalismo verde no tenga costos. Las inversiones valuadas de manera eficiente en nuevas tecnologías supuestamente impedirán que la humanidad caiga al abismo.

Pero esto suena demasiado bueno para ser verdad, porque lo es. El ADN del capitalismo hace que no sea hábil para lidiar con las consecuencias del cambio climático, que en gran medida es el resultado del propio capitalismo. Todo el sistema capitalista se basa en la premisa de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas –no de una manera maliciosa, sino con la bendición de la ley.

La ley ofrece licencias para externalizar los costos de saquear el plantea a cualquiera que sea lo suficientemente inteligente como para crear un fondo o una entidad corporativa antes de generar contaminación. Alienta el no cumplimiento de las responsabilidades ambientales generadas mediante una reestructuración en bancarrota. Y hace que países enteros resulten rehenes de reglas internacionales que privilegian la protección de los retornos de inversores extranjeros por sobre el bienestar de su propio pueblo. Varios países ya han sido demandados por empresas extranjeras según el Tratado de la Carta de la Energía por intentar reducir sus emisiones de dióxido de carbono.

Dos tercios de las emisiones totales desde la Revolución Industrial han sido producidas por apenas 90 corporaciones. Sin embargo, aún si los gerentes de los peores contaminadores del mundo estuvieran dispuestos a implementar una rápida descarbonización, sus accionistas se opondrían. Durante décadas, ha reinado el góspel de la maximización del valor para los accionistas, y los gerentes han aprendido que si se desvían de la ortodoxia serán demandados por violar sus obligaciones fiduciarias.

No sorprende entonces que las Grandes Empresas y las Grandes Finanzas ahora defiendan las divulgaciones climáticas como una salida. El mensaje es que los accionistas, no los gerentes, deben espolear el cambio conductual necesario; las soluciones se deben encontrar a través del mecanismo de precios, no de políticas basadas en la ciencia. Lo que queda por responder es el interrogante de por qué los inversores con una opción de salida fácil y muchas oportunidades de protección deberían preocuparse por la divulgación de un daño futuro para algunas compañías en su portfolio.

Obviamente, existe una necesidad de cambios más drásticos, como impuestos al carbono, una moratoria permanente sobre la extracción de recursos naturales, entre otros. Estas políticas muchas veces se descartan por considerarse mecanismos que distorsionarían los mercados y, sin embargo, idealizan mercados que no existen en el mundo real. Después de todo, los gobiernos han subsidiado generosamente a industrias de combustibles fósiles durante décadas, gastando 5,5 billones de dólares (pre y post-impuestos), o 6,8% del PIB global, en 2017. Y si las compañías de combustibles fósiles alguna vez se quedan sin ganancias para compensar estas exenciones tributarias, simplemente pueden autovenderse a una compañía más rentable, recompensando así a sus accionistas por su lealtad. El guion para estas estrategias está escrito desde hace mucho tiempo en la ley de fusiones y adquisiciones.

Pero la madre de todos los subsidios es el proceso centenario de codificar capital legalmente a través de la ley de propiedad, de empresas, de derecho fiduciario y de quiebra. Es la ley, no los mercados o las empresas, la que protege a los dueños de activos de capital aún si ellos le endilgan a otros enormes responsabilidades.

Los defensores del capitalismo verde esperan seguir con este juego. Es por eso que ahora están haciendo lobby con los gobiernos para subsidiar la sustitución de activos de manera que, en tanto baje el precio de los activos marrones, el precio de los activos verdes aumente para compensar a los tenedores de activos. Una vez más, el capitalismo tiene que ver con esto. Si representa o no la mejor estrategia para garantizar la habitabilidad del planeta es una cuestión totalmente diferente.

En lugar de abordar estas cuestiones, los gobiernos y los reguladores una vez más han sucumbido al canto de sirenas de los mecanismos amigables con el mercado. El nuevo consenso hace foco en la divulgación financiera porque ese camino promete cambio sin tener que ejecutarlo. (Resulta que también genera empleo para industrias enteras de contadores, abogados y consultores de empresas con poderosos ejércitos de cabildeo propios).

Era de esperarse que el resultado haya sido una ola de enverdecimiento. La industria financiera se mostró feliz de derramar billones de dólares en activos catalogados como verdes que resultaron no ser tan verdes. Según un estudio reciente, el 71% de los fondos catalogados como ESG (que supuestamente reflejan criterios ambientales, sociales o de gobernanza) están alineados negativamente con los objetivos del acuerdo climático de París.

Nos estamos quedando sin tiempo para estos experimentos. Si enverdecer la economía realmente fuera el objetivo, el primer paso sería eliminar todos los subsidios directos y los subsidios impositivos para el capitalismo marrón y ordenar que se interrumpa la “proliferación” de carbono. Los gobiernos también deberían imponer una moratoria a los contaminadores protegidos, sus dueños e inversores de responsabilidad por daños ambientales. De paso, estas medidas también eliminarían algunas de las peores distorsiones del mercado que existen.

*Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparativo en la Facultad de Leyes de Columbia, es la autora de The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality.

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