Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- El Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) podría ser sancionado con una multa de hasta 370.000 lempiras si persiste en su negativa de entregar información sobre sus operaciones financieras y administrativas, advirtió el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La advertencia la hizo el IAIP tras declarar al IPP institución obligada a ofrecer información pública debido a que el organismo recibe fondos del Estado.
La directiva del Instituto de Previsión de los periodistas se ha negado reiteradamente a entregar información solicitada por afiliados sobre la gestión institucional, como es el caso de los dos últimos estudios actuariales del sistema, vitales para saber acerca de la sostenibilidad del Instituto, amparándose en una interpretación de la ley del IPP que los exime de la fiscalización externa.
La decisión de obligar al IPP a entregar la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, fue adoptada por el IAIP tras comprobar que el órgano de jubilación de los periodistas recibe por ley fondos públicos y por tanto es una institución obligada a atender las peticiones de información.
“Debido a que el Instituto de Previsión de los Periodistas recibe fondos del Estado, son sujetos obligados de la ley de Transparencia y se les ha requerido para que entreguen la información solicitada y que se han negado a suministrar hasta ahora”, dijo en una conferencia de prensa el Comisionado del IAIP, Damián Pineda.
El funcionario aseguró que el gerente, Omar Calderón, y el IPP se someten a sanciones administrativas y multas si se niegan a acatar la resolución del IAIP dirigida a que entreguen la información solicitada u otra que se requiera en el futuro.
“El reglamento de sanciones establece multas, llamados de atención si es por primera; si es por segunda vez que no hace caso a los requerimientos hay una sanción que va desde medio salario mínimo (3.700 lempiras) hasta 50 salarios mínimos (370.000 lempiras) si no responden” al requerimiento, agregó el Comisionado.
El IPP recibió del Estado entre 1987 y 2013, un monto de 53.2 millones de lempiras en aportaciones establecidas en la ley de creación del Instituto de Previsión Social de los Periodistas. El ente captó del Estado en promedio en los últimos 14 años 2.3 millones anuales, según informes del mismo IPP.
El gobierno del presidente Juan Hernández ha consignado fondos en los presupuestos nacionales del 2014 y 2015 para aportar al IPP, pero la junta directiva del Instituto, violentando la ley, no ha requerido los fondos debilitando así la viabilidad financiera del sistema de previsión de los periodistas.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que son instituciones obligadas a ofrecer información al público, además de los tres poderes del Estado, los entes autónomos y descentralizados y las alcaldías, los organismos privados de desarrollo y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos.
Gerente se niega a recibir requerimiento de IAIP
Un funcionario del IAIP intentó entregar el viernes pasado un requerimiento al gerente del IPP, Omar Calderón, pero éste se negó a recibirlo, alegando que a quien se le debe entregar es al presidente de la junta directiva, Edwin Natividad Romero.
Calderón recibió anteriormente del IAIP las notificaciones previas de este organismo sobre el recurso presentado por el periodista al que se le negaba la información.
El IPP a partir de la entrega del requerimiento tiene tres días para entregar la información al peticionario o al IAIP.
Los directivos del IPP en su perseverante evasión de la fiscalización externa de las operaciones financieras del ente, incluso han desistido ilegalmente de retirar, a partir del 2014, las aportaciones del Estado pretendiendo evadir una nueva ley que obliga a los entes de previsión que reciben fondos públicos a someterse a la fiscalización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
La abusiva determinación de la junta directiva del IPP de abstenerse de requerir las aportaciones estatales establecidas en la ley de creación del ente, erosiona la capacidad financiera del sistema de ofrecer una pensión por jubilación digna a los periodistas, que es el principal objetivo de su operación.
Las aportaciones del Estado desde 1987 a 2013 sumaron 53.2 millones de lempiras, cantidad que permitió en esos años pagar los seguros de vida y hospitalario, el auxilio funerario y más de un 50 por ciento de las jubilaciones y pensiones por invalidez.
