Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- El proceso de selección y elección que concluirá próximamente con la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia ha tenido para la Junta Nominadora dos presiones sociales interesantes: el papel de la sociedad civil por medio de la herramienta conocida como “Judileaks” de la ASJ y el del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al grado que al parecer estarían por volarse la cabeza de la comisionada presidenta, Doris Imelda Madrid.
Estos dos actores sociales que han jugado, uno el rol que por ley le corresponde, y el otro la vigilancia ciudadana de un proceso que tiene que ver con la impartición de justicia para que ésta no siga picando a los descalzos, es un aliciente en el proceso de configuración social de una Honduras más activa, vigilante y menos desentendida.
Desde que se instaló el proceso de la Junta Nominadora, sus integrantes nunca imaginaron que un IAIP les iba a tomar el pulso con la transparencia y la rendición de cuentas, en especial con su deber de publicar en un portal de transparencia la información pública que demanda la ley de transparencia y acceso a la información pública, vigente desde el 2006.
El IAIP comenzó a tomarles el pulso con información de interés pública y los miembros de la Junta Nominadora se incomodaron, su tono de enojo subió más cuando les pidió una versión pública—que no una divulgación total—de las hojas de vida de los aspirantes al proceso y del resultado de las pruebas de confianza sin caer en la violación de los datos personales confidenciales que ya la misma ley de transparencia protege.
Pero los nominadores, poco acostumbrados al avance del llamado derecho positivo y de los alcances del derecho de y a la información, casi pegan el grito al cielo, dijeron que su trabajo era voluntario, que no devengaban salario y que las peticiones del IAIP solo les quitaban el tiempo y no estaban para perderlo.
Su inmadurez y desconocimiento los hizo caer en desacato y todo parece indicar que aunque entre sus miembros existen destacados juristas, poco o nada conocen de la ley de transparencia y acceso a la información pública, en especial, de todo lo que engloba el derecho de acceso de y a la información, las limitantes, la rendición de cuentas y la transparencia.
Y como hacen muchos con las leyes secundarias en Honduras, se la pasaron por alto, sin percatarse que cuando se registre la historia de esta Junta Nominadora, ello será una opacidad que marcará su desempeño que no ha sido tan malo. La ley de transparencia incluso dice que quienes actúen ad honorem en un cargo son también servidores públicos el tiempo que duren en su gestión, por ende, deben rendir cuentas.
Hoy trasciende que por estas exigencias de ley que ha hecho el IAIP, la cabeza de la comisionada presidenta, Doris Imelda Madrid, estaría por rodar, pues los nominadores se habrían incomodado y el congreso también porque en su papel de regular y monitorear el cumplimiento de la ley de transparencia, se ha pronunciado en contra de la ley de secretos y la opacidad con que está actuando en muchas líneas del presupuesto muchas dependencias del Estado.
Esta etapa del IAIP con la Junta Nominadora parece que ha sido el vaso que rebalsó el agua en la clase política y la “renuncia forzada” que le estarían pidiendo a la comisionada presidenta se da justo cuando está por llegar la Misión de Apoyo en la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), donde el IAIP jugará un papel trascendental.
El otro actor social que marcó también los pasos de la Junta Nominadora es el papel realizado por la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) al presentar su herramienta de medición del proceso llamado Judileaks en el cual rankearon el resultado de las audiencias públicas a 97 aspirantes tomando como criterios lineamientos internacionales para la elección de altas Cortes.de Justicia.
Ese lineamiento lo ha diseñado la Fundación para el Debido Proceso Legal con sede en Washington, además de conocer otros mecanismos internacionales. Esta Fundación goza de mucho prestigio e incidencia política no solo en Washington sino que también en América.
La herramienta del Judileaks que no solo midió el resultado de las audiencias públicas sino que también tomó pulso al proceso colgando en su sitio web información de interés público y el cumplimiento o incumplimiento que la Junta Nominadora hizo o dejó de hacer en este proceso, tomó por sorpresa a algunos de los candidatos a la magistratura en el poder judicial cuando les develaron sus falencias.
Pero ha sido la colocación en el Judileaks del listado de las personas que por una u otra razón al parecer fueron objetados por la embajada de Estados Unidos en Honduras para ser considerados por la Junta Nominadora al momento de la selección y elección, lo que calentó los ánimos en el país.
Ni la Junta Nominadora ni la propia embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa han dicho que esas listas son falsas, tampoco que sean ciertas, dejando ahí la duda que se disipará con el tiempo seguramente.
Pero el Judileaks también reveló la inequidad de género en las propuestas de los precandidatos mismas que incluso fueron impulsadas por los mismos integrantes de la Junta Nominadora; reveló además como la equidad de género si se cumplió en los auto propuestos y como muchos de ellos lograron pasar el primer filtro sin haber salido por la propuesta de los nominadores.
Son muchas las aristas que desde la sociedad civil y los órganos de control como el IAIP se pueden escribir sobre este proceso de selección y elección de la nómina de 45 candidatos que hará la Junta Nominadora, misma que cuando se repita en siete años, probablemente encontrará una ciudadanía más vigilante y con herramientas más afiladas tras la valiosa experiencia que ha dejado el Judileaks. ¡Honduras está cambiando!
