El Bloque Popular Campesino e Indígena de Honduras denuncia el rotundo fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, creada hace un año
Señalan que la comisión ha intensificado la violencia y el despojo en el sector agrario, con más de 50 desalojos violentos registrados y la criminalización de líderes comunitarios, además exigen al gobierno justicia y transparencia en la adjudicación de tierras, así como el cese inmediato de los desalojos abusivos.
Tegucigalpa, Honduras. — El Bloque Popular Campesino e Indígena ha denunciado el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, a un año de creación de la misma.
A través de un pronunciamiento, el sector campesino, señaló el fracaso de la comisión implementada a inicios de junio de 2023 en el marco del Consejo de Defensa y Seguridad.
De acuerdo con el bloque, esta entidad no sólo ha sido ineficaz en garantizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, sino que ha intensificado un período de violencia y despojo en el sector agrario, agravando la problemática agraria que sigue sin ser una prioridad para el gobierno, mientras miles de familias enfrentan desalojos violentos y criminalización de sus líderes.
El último desalojo que vivieron los campesinos y campesinas, se ejecutó el pasado cinco de junio en la comunidad de La Guacamaya, ubicada al sur de El Progreso en el departamento de Yoro, Honduras, un día antes que la Comisión de Seguridad agraria cumpliera su primer año, que ha significado la amenaza de desplazamiento forzado, inseguridad alimentaria y violaciones de derechos humanos de los movimientos campesinos.
En dicho desalojo, ejecutado por la Policía Nacional, tanto campesinos, campesinas y hasta periodistas sufrieron las agresiones de los agentes policiales. De acuerdo con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, al menos unas 150 familias perdieron sus viviendas y sus cultivos.
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ROTUNDO FRACASO
El panorama de violencia, criminación y violación de los derechos humanos que se ha agudizado con la Comisión de Seguridad Agraria, sugiere que la comisión, en lugar de proteger a estos sectores vulnerables, ha reforzado el control del sector agroindustrial y terrateniente, ignorando las legítimas demandas del campesinado y los pueblos indígenas.
Además de acuerdo con las organizaciones campesinas, la situación de vulnerabilidad ha sido evidenciada por la ineficacia de instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA), cuyas autoridades se limitan a hacer declaraciones sin traducirlas en acciones concretas. Pese a los llamados contantes de los movimientos los campesinos.
El fracaso, de la comisión que se implementó con el objetivo aparente de revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente y además, de velar por la seguridad en el campo, se traduce en la política represiva de los desalojos. “El gobierno ha intensificado los desalojos violentos y desmedidos, y continúa criminalizando a nuestros liderazgos”, denuncia el movimiento campesino.
De junio a diciembre de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH), 24 desalojos. Por su parte, el Bloque Popular Campesino e Indígena, documenta más 50 desalojos desarrollados en solo un año de funcionamiento de la Comisión de Seguridad Agraria.
Ante este panorama violento y criminalizante, los movimientos campesinos cuestionan a la presidenta Xiomara Castro: “¿Cuándo ordenará el desalojo de las empresas agroindustriales corruptas y violentas de las tierras de reforma agraria?, ¿cuándo ordenará a los funcionarios demagógicos del INA para que inicien las investigaciones sobre la verdadera propiedad de las tierras?”
Ante ello, los campesinos, campesinas e indígenas recalcan a la máxima autoridad del país que “no le estamos pidiendo que nos regale tierras, estamos pidiendo justicia y transparencia en torno a la adjudicación de tierras”.
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EXIGENCIA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO
El Bloque Popular Campesino e Indígena rechaza la política de desalojos, que, de acuerdo con ellos, es justificada en nombre de la «gobernabilidad del país» y, además, exige el cese inmediato de estos desalojos abusivos y una investigación sobre las prácticas fraudulentas de las empresas agroindustriales.
“Deploramos el uso para fines político-partidarios por parte del gobierno de muchos temas o necesidades sociales; incluyendo el derecho a la tierra y a la reforma agraria”, enfatizan, al tiempo que reclaman dignidad para las comunidades campesinas e indígenas y pidiendo al gobierno que rectifique su rumbo. “Los y las Campesinas e indígenas tenemos una dignidad que, bajo ninguna excusa o práctica política utilitarista, debe ser mancillada. La tierra es un derecho de los pueblos, más allá de vulgares y ordinarias pretensiones político-partidarias”, ratifica el Bloque Popular Campesino e Indígena.
Por otro lado, el Bloque reafirma su compromiso de fortalecer la organización y articulación de otras organizaciones campesinas e indígenas afectadas por las políticas de desalojo, insistiendo en que la tierra pertenece al movimiento campesino y a los pueblos indígenas.
En ese contexto, exigen al Estado de Honduras una política agraria que garantice la tenencia pacífica de la tierra, respetando los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas e indígenas.
