Por: Rodil Rivera Rodil
(Foro Movimiento Mesa Ciudadana)
Dada la trascendencia del tema que hoy nos ocupa, he considerado necesario, queridos amigos, comenzar por lo toral, y expresar mi firme opinión de que lo más sano para la democracia hondureña, independientemente de cualquiera otra consideración, es que la ley especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sea derogada totalmente y el mismo suprimido de una vez por todas de nuestra Constitución Política. He aquí las razones:
Su origen, para empezar, es espurio. Los antecedentes de este y de varios otros organismos similares se remontan a la segunda mitad del siglo pasado cuando fueron creados por los gobiernos complacientes y las dictaduras militares instauradas en casi toda América Latina por los Estados Unidos, en el marco de su enfrentamiento con la Unión Soviética, durante la llamada “Guerra Fría”. Y cuyo sostén ideológico terminó siendo la tristemente célebre “Doctrina de la Seguridad Nacional”, una aberrante mezcla de enseñanzas neonazis con entrenamiento para torturar y asesinar a toda clase de opositores.
No debe olvidarse que esta doctrina se impartía a las fuerzas armadas de la región en la Escuela de las Américas del ejército estadounidense en Panamá y en otros centros militares del continente. Su lamentable historia fue resumida así por el congresista estadounidense, Joseph Kennedy, nieto del asesinado Robert Kennedy: “La Escuela de las Américas del Ejército de EE. UU es una escuela que ha producido más dictadores que cualquier otra escuela en la historia del mundo”.
Al final de la Guerra Fría en la década de los noventa, al haber perdido estos consejos su razón de ser, en lugar de disolverlos, como era lo lógico, se les conservó, no sin que se generara confusión en cuanto a los nuevos destinos que podría dárseles. Y, por su parte, el diplomático argentino, Juan Carlos Puig, ya desaparecido, acuñó la teoría de la “autonomía heterodoxa”, con la que pretendía demostrar que, en la nueva coyuntura, los países latinoamericanos, considerados periféricos en el contexto de la correlación de fuerzas entre las grandes potencias, podrían acceder a un cierto grado de independencia que les permitiera atender sus intereses nacionales.
Como puede apreciarse, la teoría de Puig, en las circunstancias de la nueva guerra fría en la que se han embarcado los Estados Unidos con Rusia y China, puede también ser utilizada para justificar el renacimiento de estos viejos mecanismos de alineamiento y represión y hasta para reimplantar la nefasta doctrina de la seguridad nacional. No le veo, entonces, ningún sentido a que nosotros mismos nos adelantemos a resucitarlo.
El Consejo de Defensa y Seguridad fue introducido en nuestro país, como un extraño injerto, en la Constitución de 1982, en plena Guerra Fría, por exigencia del embajador norteamericano John Dimitri Negroponte, sin determinarse su composición ni sus funciones, las que se dejaron para una ley ordinaria especial. Sin embargo, en los 30 años transcurridos hasta el 2011, dicha normativa nunca fue emitida. Y tampoco a las Fuerzas Armadas les interesó promoverla, por cuanto en aquella época seguían teniendo el control casi total del Estado que se habían arrogado 20 años atrás mediante el golpe de Estado contra el presidente Ramón Villeda Morales. Pero, igualmente, porque quien se convirtió en su jefe, el general Gustavo Álvarez Martínez, de doloroso recuerdo, no necesitaba de nadie para aplicar, en toda su crudeza, la doctrina de la seguridad nacional que aprendió en el Colegio Militar de Argentina.
En el año 2011, el expresidente Hernández, como titular del Congreso Nacional, promulgó la ley especial del Consejo para el único propósito de supeditar a su régimen autoritario a los otros dos Poderes del Estado, al Ministerio Público y, de paso, al ejército nacional, y montar el aparato que, según el diario El Heraldo de hoy, y lo cito literalmente: “estuvo en manos de políticos vinculados al tráfico de narcóticos, que definieron las políticas de seguridad nacional, repartieron más de 30,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, fomentaron la militarización, la corrupción y atentaron contra la institucionalidad del país”.
El proyecto de la nueva ley del Consejo elaborado por el Poder Ejecutivo contiene, como cambio fundamental, la restitución de la independencia de poderes al descartar de su estructura al fiscal general y a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional. Las críticas que se le han formulado a algunas de sus disposiciones me parecen, en su mayoría, correctas y fácilmente subsanables.
Pero la virulencia de los ataques contra la misma luce totalmente desproporcionada si se la compara con la ley actual. Lo que solo se explica porque, en realidad, esta iniciativa de la presidenta Castro está siendo utilizada como un ingrediente más en la campaña contra su gobierno orquestada, principalmente, por el Cohep, los medios de comunicación y el Partido Nacional, o más exactamente, por la facción de Juan Orlando Hernández que lo sigue controlando.
No obstante, lo expuesto, debo admitir que es posible que la mandataria, por circunstancias que desconozco, haya decidido que es necesario conservar el consejo y, como consecuencia, renunciar a su eliminación, tanto de la ley como del ámbito constitucional.
Pero en tal caso, si aun con las reformas que se le hagan, no se logra su aprobación por el Congreso Nacional, siempre puede la gobernante recurrir a la atribución que le confiere la Ley de la Administración Pública para cumplir con el mandato constitucional de “mantener la paz y la seguridad interior de la República”, y constituir de este modo un órgano ejecutivo especial para tal finalidad, excluyendo al Procurador General de la República, por no ser de su dependencia, y siempre, desde luego, que las funciones que le asigne se enmarquen dentro de los límites de la jurisdicción constitucional del Poder Ejecutivo.
Tegucigalpa, 30 de agosto de 2022.
