La denuncia es por alquiler de escáneres para el proceso electoral de 2017 identificando un perjuicio por más de 41 millones de lempiras
Por: Redacción CRITERIO
- El Pleno de magistrados alquiló más de 2 mil máquinas digitales que fueron utilizadas para fines contrarios a los estipulados en el contrato
- Quien recomendó la adjudicación para el arrendamiento de este equipo fue un comerciante individual que el CNA ya había denunciado anteriormente por haber sido beneficiado en contrataciones irregulares en el TSE
Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó hoy ante el Ministerio Público (MP) una nueva denuncia contra el pleno de exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del periodo 2014-2019, por el delito de fraude en el alquiler de escáneres que no fueron utilizados como estaba estipulado en el contrato que suscribieron con un comerciante individual hondureño, generando un perjuicio económico por más de L. 41 millones.
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Los dispositivos se iban a emplear para desarrollar un sistema de escrutinio automatizado para escanear los votos de los tres niveles electivos de las votaciones internas y generales celebradas en 2017, según el acuerdo contractual.
De acuerdo con la documentación presentada por el CNA, exfuncionarios del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral del TSE recomendaron en 2016 al pleno de magistrados, mediante un informe de evaluación de simulacros y pruebas controladas elaborado por la empresa del profesional independiente, que en ese momento era consultor técnico del pleno, la adjudicación directa del contrato millonario para el arrendamiento de 2,711 aparatos a una empresa colombiana.
La propuesta técnica de la compañía extranjera fue considerada como la más viable, porque su equipo cumplía con los requerimientos necesarios a fin de usar un software desarrollado por el empresario nacional, que permitía al escáner realizar el escrutinio automatizado, lo que demuestra que todo se trataba de un plan preconcebido con la intención de favorecer a este particular, dice la organización de sociedad civil en la denuncia.
Otro hecho relevante que arroja esta investigación es que la representante en Honduras de la sociedad colombiana fue la apoderada legal de la empresa del comerciante, situación que muestra que ambas partes estaban confabuladas con el objetivo de asegurar el contrato objeto de la presente investigación.
El pleno del TSE celebró una sesión que comenzó el 1 de noviembre de 2016 y se reanudó el 4 del mismo mes y año, en la que resolvió que no se le podía adjudicar el contrato de alquiler de las herramientas a la empresa colombiana debido a que si lo hacía se tenía que crear por medio de una licitación pública internacional, lo que era imposible desarrollar debido a que no se iba a poder cumplir con el cronograma electoral establecido, en vista que las elecciones estaban pronto a celebrarse.
El 2 de noviembre de 2016, durante el impasse de la sesión antes mencionada, el contratista remitió un oficio al pleno definiendo el monto por el cual se tenía que suscribir el alquiler de los 2,711 escáneres, y que correspondía a L 41 millones.
Además, en la misma nota, el negociante accede a ser contratado por el TSE para alquilar los equipos de escaneo de papeletas de votación y servicio de escrutinio automatizado, por las razones que imposibilitaron al pleno para contratar el servicio con la compañía colombiana.
Es por ello que el TSE resuelve efectuar la contratación directa con la empresa del proveedor debido a que resultó ser la más ventajosa para los intereses que pretendía hacer cumplir este ente electoral con el desarrollo de las elecciones primarias y posteriormente las generales.
El TSE no cuenta con un informe final y liquidación del proyecto que determine cuál fue el porcentaje real del uso de los instrumentos digitales.
Aunque parte de los equipamientos se usaron para digitalizar actas de cierre de los comicios primarios y generales, con esto no se logró el objetivo de transparentar el proceso eleccionario transmitiendo en tiempo real los votos.
El actual gobernante, Juan Hernández, fue declarado ganador de las elecciones del 26 de noviembre por el TSE, el 17 de diciembre, 21 días después de los comicios, que estuvieron marcados por una ilegitima reelección y por un fraude electoral que hizo que la población hondureña se lanzara masivamente a las calles. Ese mismo día, la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en el informe de la misión de observación, sugirió que se repitieran los comicios porque no había certeza en los resultados.
Con la denuncia del CNA toma vigencia las denuncias del fraude electoral que generó una crisis política y social sin precedentes en Honduras. En esta oportunidad la gente salió masivamente a las calles a rechazar el fraude, que se concretó 21 días después cuando el TSE declaró ganador a Hernández, pese a que los primeros conteos, con el 76 % de los votos escrutados, daban como ganador a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.
