El Chipote: mazmorra, tribunal y morgue del régimen de Nicaragua

Portada: Única vía de ingreso y salida del Complejo Policial «Evaristo Vásquez» en Managua | Fotografía de Coyuntura

 Por Jairo Videa | @JairoVidea

Crónica

Managua, Nicaragua.-Estando aún a tres kilómetros de distancia, las manos ya tiemblan, la ansiedad eleva el ritmo cardíaco y la adrenalina supone una fortaleza. Sin embargo, muy en el fondo sabes que la misión es suicida, porque es la nueva zona roja de Managua. Ni taxistas, caponeras y mucho menos conductores particulares quieren acercarse. No porque sea un barrio periférico en donde la delincuencia haga de las suyas. Al contrario, es una de las áreas más resguardadas por la Policía de Nicaragua en la capital, casi tanto como la casa presidencial en El Carmen.

Se trata de la Dirección de Auxilio Judicial «Evaristo Vásquez» en Managua, lugar en donde se encuentran en encierro 30 presas y presos políticos. Según anécdotas de familiares de quienes están secuestrados en el lugar, la zona «es como el camino al infierno». Una ruta que madres, defensores y algunos periodistas se atreven a transitar por necesidad.

Muchos lo conocen como «el nuevo Chipote», título otorgado como forma de rechazo ante las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas en el lugar, como pasaba incluso en la antigua ubicación, abierta originalmente como penal por el somocismo. Ahí han sido recluidos decenas de nicaragüenses como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Pero desde febrero de este año también es utilizado como tribunal, para condenar a quienes fueron detenidos ilegalmente desde mayo de 2021.

Desde la Pista Suburbana, 1.5 KM de incertidumbre, taquicardia, predios baldíos y una sola carretera. No hay hacia donde más ir. Es un camino sin retorno.

Al acercarse, un silencio incomodo embarga todos los sentidos, concentración que es interrumpida abruptamente por las camionetas llenas de policías o los civiles en motocicletas, quienes rondan la zona las 24 horas del día, con la potestad de detener e interrogar a cualquier persona que cruce el perímetro y, peor aún, con la orden de trasladar al complejo policial a cualquiera que ose aproximarse.

Sin vías alternas o edificios que disminuyan el riesgo de llamar la atención de los merodeadores, como si se tratase de las mortíferas celdas de Azkaban, o menos ficticias pero igual de reales, las de Yaroslavl.

Sin previo aviso, el jueves 07 de febrero de 2019 el régimen de Daniel Ortega inauguraba en la capital nicaragüense este nuevo complejo policial. Según información oficialista, su costó fue de C$ 183 millones de córdobas (más de cinco millones de dólares). Y desde entonces, las instalaciones en el barrio Memorial Sandino sirven de mazmorra para toda aquella persona que ose oponerse a la fantasiosa realidad de la autocracia Ortega-Murillo.

Desde su apertura, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales han documentado y denunciado las atrocidades cometidas en el lugar contra las y los rehenes de conciencia, cuya salud poco a poco se deteriorara en medio de esas tenebrosas paredes. Uno de los informes más escalofriantes sobre ello fue el emitido por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, el cual recopila una lista de 38 formas distintas en las que el régimen ha torturado a un sinnúmero de personas. Violaciones con fusiles AK-47, abortos forzados, golpizas, estrangulación, levantamiento de uñas, quemaduras. Métodos que no solo han sido usados en «el Chipote», sino también en otras prisiones, oficiales y clandestinas, en todo el país.

Pero entre tanta lobreguez, y a pesar de su delicado estado de salud, conmueve como doña Pinita Gurdián no descansa en la denuncia de las terribles condiciones en las que se encuentra ahí dentro su hija, la activista y dirigente de UNAMOS (Unión Democrática Renovadora), Ana Margarita Vijil. Tras más de 50 días sin poder verla, Gurdián constató el pasado 18 de marzo que las torturas contra Vijil no han cesado desde su secuestro el 13 de junio de 2021. «Desde su detención ilegal, la han mantenido encerrada en una celda aislada e incomunicada. Continúa teniendo gastritis y reflujo y me preocupa mucho que no sabemos cómo se encuentra su problema de anemia extrema que padece desde hace muchos años».

Al igual que Vijil, otras presas y presos son sometidos casi todos los días a tratos inhumanos, y las secuelas físicas y psíquicas son la principal preocupación de sus familiares, como es en el caso del abogado y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Roger Reyes, quien fue declarado culpable el 01 de marzo, por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», en dicho recinto.

Reyes, de 36 años, sufre de ansiedad y depresión, y su esposa, Fernanda Guevara, ha constatado que también padece de pérdida de memoria. «No recuerda cuando fue su captura ni otros recuerdos familiares», aseguró Guevara.

A otros como Irving Larios, Víctor Hugo Tinoco y Dora María Tellez se les niega sus pensiones correspondientes del Seguro Social, y a la mayoría las y los aíslan, e incluso les prohiben conversar entre sí. «Un acto profundamente inhumano», señalan familiares.

Ni comida, ni agua, ni medicina, ni visitas de hijas o hijos.

De mazmorra a tribunal

Con innumerables irregularidades, negando el acceso a familiares, con pruebas sin fundamentos jurídicos y argumentos carentes de toda credibilidad. Hasta la fecha han sido declaradas culpables 47 personas, de las cuales 32 ya han sido sentenciadas, con condenas de entre 8 y 15 años de cárcel, la mayoría de ellas por «menoscabar la integridad nacional». Una ola de veredictos considerados por el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) como una «farsa judicial» del más alto nivel.

Vilma Núñez, presidenta de dicha organización de sociedad civil, asegura que incluso los juzgados del país están siendo instrumentalizados por el régimen como «centros de torturas judiciales». «Estás simulaciones de juicios no se están llevando a cabo solo en ‘el Chipote’. De repente nos sorprenden anunciando que están juzgados en algún lugar tras un juicio del que ni sus familiares tenían conocimiento», explicó.

Aberraciones procesales que solo se asimilan a las generadas por los regímenes de Cuba, Venezuela y China, en donde ni siquiera existe la presunción de inocencia, e incluso se judicializa en bloque. Tal es el caso de Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. Siete opositores cuyo juicio fue suspendido en varias ocasiones, pero concluido sin sustento alguno. «Van a juzgar a estas siete personas en una misma causa, sin que entre todos ellos haya vinculación de los hechos que les imputan. Fueron capturados en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. ¿Por qué juntarlos a todos?», dijo en su momento la abogada Núñez sobre este caso en particular.

«Han caído en el mayor ridículo del mundo. Al estar imputándole a todos los presos conspiración, asociación para cometer tráfico de drogas, y todo eso, en donde para poder cometer eso se necesita la participación coludida o junta de varia gente, y como no lo han podido probar van a tratar de hacerlo; establecer ese tipo de relaciones», aclaró Núñez en una entrevista al medio de comunicación Confidencial.

Y mientras adentro de la hoguera se realizaba el teatro judicial, durante las primeras tres semanas de febrero fue del conocimiento de COYUNTURA que se retuvieron en la zona aledaña a Auxilio Judicial a cuatro periodistas, uno de ellos corresponsal de este medio, a quienes los movilizaron hasta una oficina dentro del complejo, cuestionándolos y robando sus pertenencias y equipos de trabajo, para dejarlos en libertad tras casi tres horas de interrogatorio.

«Hola. Si gusta conversamos», escribió una persona desconocida a la redacción de COYUNTURA tras arrebatar al reportero su teléfono celular. «¿Cómo está?», insistieron. Y la misma situación se repitió con otros periodistas. «Nos retuvieron unas dos horas. Infinidad de preguntas y amenazas. Y literalmente no podés hacer nada, ni ver nada. Solo pensás en que te podés volver otro de los reclusos», comentó uno de los reporteros, quien solicitó anonimato por temor a más represalias.

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De tribunal a morgue

La muerte del exguerrillero Hugo Torres dentro de las celdas de Auxilio Judicial tambaleó al país, y generó el repudio internacional. Y aunque esta lamentable situación generó la reubicación de varios presos cuya salud está sumamente deteriorada, y quienes ahora tienen casa por cárcel, por ahora es utópico pensar que el régimen Ortega-Murillo permitirá una investigación sobre el caso, o detendrá las torturas contra las y los activistas, precandidatos presidenciales, líderes universitarios, exdiplomáticos, juristas, campesinos, contadores, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios y estudiantes que se encuentran recluidos en las oscuras celdas de ese lugar.

«Nosotros sabemos que Nicaragua no nos va a dar un visto bueno para que un grupo de expertos independientes investigue. Pero creo que hay hoy una responsabilidad compartida con los organismos de Naciones Unidas y creo que podríamos hacer un trabajo en conjunto para pedirle a Nicaragua, y ofrecerle desde nuestras herramientas una coadyuvancia en una investigación independiente, imparcial y pronta, para que estos hechos sean investigados con la celeridad y la imparcialidad que se requiere, y como demandan efectivamente los familiares, seguidores de colectivos, el propio pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional», declaró Esmeralda Arosemena, Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mientras tanto, el Artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe explícitamente todo tipo de tortura. «Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley», cita la carta magna.

Además, el primer principio de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como las Reglas Nelson Mandela, también establece dicha restricción. «Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario».

Sin embargo, la «modernidad» de las instalaciones de Auxilio Judicial no representan ningún avance para el país. De forma contraria, simbolizan un retroceso abismal para los derechos humanos. Un verdadero centro de torturas.

«Los crímenes de lesa humanidad no fueron únicamente los 355 asesinatos que se cometieron desde abril de 2018. Todo lo que están cometiendo dentro de el Chipote, dentro de las cárceles de la dictadura, son crímenes de lesa humanidad. Ese aislamiento por más de siete meses de incomunicación en el que mantiene a cuatro mujeres detenidas (Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Támara Dávila y Dora María Téllez), ese encierro en celdas de castigo, ese ocultamiento de lo que pasa con los presos», dijo Núñez.

Pero en cambio, Ortega celebra las perversidades desarrolladas por sus lacayos. “Tenemos que reconocer la labor de los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario, los esfuerzos que hacen para poder cohabitar allí con los prisioneros, poder atender a las familias de los prisioneros, poder atender las visitas, enfrentar situaciones difíciles que se presentan de vez en cuando, aunque no con la frecuencia de otros lugares”, subrayó el mandatario nicaragüense en una de sus nauseabundas comparecencias.