Por. Javier Suazo
Hay un interés manifiesto de la presidenta electa, Xiomara Castro (2022-2026), por dar vigencia a una política forestal y ambiental que involucre directamente las comunidades locales, ya no solo como receptoras de “prebendas”, entrega de áreas de bosque para su explotación, sino como sujetos de desarrollo. La ley forestal de 2007 contempla que las comunidades y cooperativas forestales tengan mayores beneficios al explotar el bosque en forma racional con la ejecución de planes de manejo supervisados por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), pero no ha funcionado.
Hubo tres fallas de origen. La primera es que, con la nueva legislación forestal, donde participaron en su elaboración miembros de los colegios forestales y demás actores, siguió creyéndose que, para el caso de Honduras, el bosque es un recurso ilimitado. El bosque es un recurso natural que no es producto del trabajo humano, lo que lo hace un bien diferenciado, por lo que debe tener un tratamiento también diferenciado. Debe haber un límite a su explotación, y en ciertos casos como las áreas protegidas donde hay cuencas y microcuencas generadoras de agua, ser prohibitiva con sanciones económicas y legales severas para quienes incurran en este delito. El año pasado se denunció que un ministro del Gobierno y un político del Partido Nacional, habían cortado y descombrado áreas de bosque para sembrar café. Ha trascendido que la “sanción” aprobada fue la siembra de nuevos arbolitos (¿Una especie de Plantaton.hn individualizado?), pero sin pagar directamente con cárcel por el delito cometido.
Una segunda falla es que se desconoció que los mayores beneficiados con el corte de madera son los propietarios de grandes aserraderos y exportadores. Si bien se acusa a la pequeña y mediana industria de la madera y campesinos de “depredadores”, incluyendo el tráfico con madera de color, sus operaciones no son del tamaño de las grandes empresas comercializadoras.
Y la tercera, la creciente expansión de la frontera agrícola –ganadera que usa la tierra forestal para siembra de café, granos básicos y pastos para el ganado. No obstante, a excepción del café, hay evidencia de una fuerte caída en la producción de granos básicos donde las importaciones vía RD-CAFTA tienen parte de culpa, pero también una reducción del hato ganadero. Entonces, destruimos el bosque para consumir café y granos básicos, carne y derivados de la leche, pero la oferta de estos bienes es menor.
Las comunidades agroforestales con los contratos de usufructo esperan explotar el bosque en forma racional y vivir de ello, pero a diferencia de la siembra de maíz u hortalizas, no siempre los ingresos obtenidos por cada explotación o corte son iguales; siendo necesario esperar un tiempo para obtener beneficios iguales o superiores que el primer corte.
El gobierno de la Republica no ha podido garantizar con los planes de manejo del bosque la sostenibilidad de la explotación e ingresos monetarios de las familias, por lo que la población se desalienta para seguir conservando y protegiendo el recurso forestal.
La valorización económica de este recurso limitado es importante, en el sentido que su explotación racional o irracional (esta es la visión de muchos dirigentes de patronatos y cooperativas forestales en municipios de Olancho, La Paz, Lempira e Intibucá), no implica el abandono de otras actividades productivas más sostenibles, como la producción de granos u hortalizas. Un punto central para desarrollar las potencialidades de las comunidades, cooperativas y Mis pymes forestales que dependen de los productos derivados del bosque, es el convencimiento que el bosque será un negocio sostenible a futuro, como mensaje alentador por el gobierno central, municipalidades e incluso de la cooperación internacional.
Se hace necesario fortalecer la institucionalidad forestal. El presupuesto del ICF se ha sostenido en algunos años con apoyo de la cooperación externa que ejecuta proyectos forestales bajo la modalidad de apoyo presupuestario, en otros años, los recursos provienen de fondos públicos que han venido disminuyendo. En 2020, el presupuesto aprobado para el ICF fue de 366.1 millones de lempiras, el 82% corresponden a fondos nacionales (Suazo: 2019). El Estado no ha podido cumplir con la asignación de los fondos forestales que contempla la Ley, lo que debilita el accionar en cuanto a protección de los recursos forestales y las cuencas y mico cuencas generadoras de agua para consumo humano.
A nivel regional, departamental y local la organización del sector forestal sigue débil, ya que no se han podido conformar los consejos de desarrollo forestal. Se espera que esto cambie con el nuevo gobierno, en tanto la elaboración y ejecución de políticas, programas y proyectos forestales debe hacerse desde los territorios con la participación de actores directos, especialmente las comunidades, cooperativas forestales y Mi pyme.
Hay que integrar las cadenas forestales a nivel de cada región, alimentadas con la participación de actores comunitarios y municipales. Como parte de la agenda a desarrollarse, donde el gobierno actúa como coordinador, facilitador y regulador, un punto es la cuantificación de los beneficios que se otorgan a los eslabones más débiles de la cadena al explotar los recursos forestales, así como el valor agregado generado. Honduras no debe seguir exportando madera en rollo (disminuir su exportación gradualmente), cuando hay nuevas oportunidades de negocios en mercados internacionales al transformarse la madera y vender subproductos de ella, ejemplo cobertores o timones para carros de lujo.
El PIB forestal ha venido cayendo, ya que es menor de 1%/PIB total. Un punto crítico es la competitividad del sector. Se habla de competitividad del sector agroalimentario, industrial, maquilas y los servicios, pero muy poco de la competitividad del sector forestal. ¿Acaso hablamos de la silvicultura como sector forestal? ¿Dónde está la contribución del bosque de mangle que ha ido en disminución? Hay que hablar de un sector forestal en sentido amplio, lo que implica un estudio para medir la contribución real de dicho sector al PIB. No hay que perder de vista que en tiempos de crisis el llamado sector forestal de la economía hondureña en muy potente en la generación de empleos de buena calidad, incluso más que turismo, agricultura e industria.
Dentro del Plan Estratégico de mediano plazo 2022-2026, que elabora la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), derivado de las orientaciones de la propuesta de gobierno de la presidente electa presentada a la colectividad nacional, un sector importante es el ambiental y dentro de este el forestal. Igual, se contemplan acciones para un mejor ordenamiento territorial del país desde los gobiernos y actores locales y mayor regulación del extractivismo que afecta el ambiente; también asignar más recursos a estos sectores y subsectores y fortalecer la agenda forestal con la cooperación internación, donde la UE es un actor habilitante; lo que contribuirá a la protección de los recursos forestales y de las fuentes de agua.
Los actores del sector forestal sin excepción deben aportar a estas acciones para el beneficio de las generaciones actuales y futuras. Ello es extensivo a los militares en las laborales de protección, pero ubicados en aldeas y municipios de Honduras.
