Por: Eva Joly
PARÍS – Cuando alguien intenta combatir la corrupción, la corrupción se defiende. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia podría contárnoslo… si los socios de las personas a quienes estaba investigando no la hubieran asesinado. El abogado anticorrupción ruandés Gustave Makonene, a quien estrangularon y tiraron desde un automóvil, tampoco puede hablar; al igual que el activista brasileño Miguel D’Elia, a quien le dispararon varias veces en un campo de caña de azúcar cerca de su casa.
Los policías, fiscales y funcionarios públicos también enfrentaron graves consecuencias por tratar de atacar a la corrupción. Uno de ellos es Ibrahim Magu, quien asumió como presidente interino de la principal agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por su sigla en inglés), en 2015. En 2017, unos pistoleros atacaron su casa y mataron a uno de los policías que la custodiaban. Pero no fueron las balas las que terminaron neutralizando a Magu sino una persecución judicial con fines políticos, que logró destituirlo de su cargo.
El año pasado —cuando supuestamente la EFCC investigaba acusaciones de corrupción contra el fiscal general Abubakar Malami— Magu fue arrestado y detenido por cargos de corrupción e insubordinación impulsados por el propio Malami. Aunque lo habían investigado por lo mismo tres años antes y desestimado los cargos, Magu fue suspendido de sus funciones hasta que se expidiera un grupo de investigación designado por el presidente Muhammadu Buhari.
Las opciones que le dejaron a Magu para defenderse fueron escasas. Durante varias semanas le impidieron acceder a las pruebas en su contra, y en reiteradas ocasiones le negaron la autorización para dirigirse al grupo de investigación y hacer repreguntas a los testigos.
Además, nunca se revelaron las instrucciones, los términos de referencia ni el cronograma que debía respetar el grupo de investigación. Esto no solo impidió a Magu —quien supervisó el enjuiciamiento exitoso de numerosos políticos de alto rango por cargos de corrupción y la confiscación de millones de dólares de activos obtenidos ilícitamente— seguir haciendo su trabajo, sino que además lo dejó expuesto a un incesante proceso de intimidación.
Olanrewaju Suraju, uno de los activistas anticorrupción más famosos de Nigeria, enfrenta actualmente un patrón de ataques de persecución judicial similar. Este año, el ex fiscal general nigeriano Mohammed Adoke acusó a Suraju de forjar evidencia para un juicio por corrupción en Milán, Italia, que involucra a las multinacionales Shell y Eni. Las acusaciones contra las empresas —que finalmente fueron absueltas— se relacionaban con la adquisición de un bloque petrolero nigeriano en alta mar conocido como OPL 245.
Después de las acusaciones de Adoke, una unidad policial dedicada a investigar negligencias policiales y supervisada directamente por el líder de las fuerzas policiales nigerianas detuvo a Suraju para interrogarlo, quien demostró que había obtenido los documentos en cuestión de las autoridades italianas, gracias a una solicitud de asistencia legal mutua al Reino Unido. (Los documentos se habían hecho públicos en un caso en los tribunales de Londres que Nigeria había iniciado contra JP Morgan Chase, el banco que se ocupó de los pagos por la adquisición del campo OPL 245).
Gracias a eso se desestimaron las acusaciones de falsificación contra Suraju, pero sus problemas distaban de haber terminado. En los meses siguientes la unidad policial lo obligó a viajar reiteradamente 300 millas (480 km), desde su casa en Lagos hasta la central en Abuja, para interrogarlo nuevamente. El hostigamiento continuó incluso después de que Suraju obtuvo una orden judicial para impedirlo.
Actualmente Adoke enfrenta cargos criminales en Nigeria por acusaciones de delitos durante el acuerdo del OPL 245, pero eso tampoco ayudó demasiado a Suraju, que ahora enfrenta otras acusaciones: el acoso cibernético a Adoke y su difamación.
La demanda señala que Suraju hizo circular un correo electrónico falso y manipuló conversaciones telefónicas para implicar a Adoke en el asunto del OPL 245. De hecho, lo único que hizo fue difundir documentos que se habían publicado durante el juicio en Milán y repetir declaraciones realizadas por el gobierno nigeriano en un tribunal abierto.
Las nuevas acusaciones contra Suraju forman parte de una cláusula de una ley contra delitos informáticos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de Estados de África Occidental instó a Nigeria a revocar o enmendar porque infringe el derecho a la libertad de expresión. Y el gobierno nigeriano prometió hacerlo.
Mientras tanto, en Italia, Fabio De Pasquale —el fiscal en el juicio de Milán contra Shell y Eni— y su colega Sergio Spadaro enfrentan acciones judiciales porque supuestamente no compartieron evidencia con la defensa. La evidencia en cuestión incluye una filmación cuya transcripción, según los registros del tribunal, Eni tuvo en su poder durante años.
La oficina del fiscal de Milán y la República Federal de Nigeria están presentando una apelación en el caso contra Shell y Eni, pero debido a las acusaciones que enfrenta es probable que De Pasquale —quien previamente logró enviar a la cárcel a dos primeros ministros italianos acusados de corrupción— sea retirado como fiscal principal en la apelación.
También hay motivos para desconfiar de la legalidad del primer juicio: Desde la absolución, la prensa italiana se llenó de acusaciones que, de confirmarse, plantean serias dudas sobre la integridad del fallo judicial.
Las primeras dudas sobre la probidad del juicio surgieron en febrero de 2020. De Pasquale trató de incluir una declaración de Piero Amara —ex abogado externo de varios gerentes de Eni— que confirmaba que la empresa había vigilado a los fiscales, jueces y testigos clave. Su pedido fue rechazado.
Amara supuestamente afirmó también que los abogados de Eni tuvieron acceso «preferencial» a los jueces durante el caso del OPL 245, algo que Eni rechaza. Pero quien por entonces dirigía la fiscalía de Milán, Francesco Greco, confirmó que tanto De Pasquale como Spadaro sufrieron «intimidaciones» y que hubo intentos por «deslegitimar al fiscal de Milán».
Claramente, la corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan para mejorar sus chances, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho.
Eva Joly, abogada, fue miembro del Parlamento Europeo, donde se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión de Investigación de Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales.
