Tomado de: TeleSur
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo el anuncio en respuesta a una investigación sobre su Ejército en Afganistán.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, debido a una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la invasión a Afganistán, desde 2001.
Al justificar la decisión, el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó durante una rueda de prensa en Washington este miércoles que: «Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, el cual creó esa Corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción».
Las acciones punitivas, según Pompeo, llegarán también hasta el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, quien ha trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre las prácticas de los soldados estadounidenses.
Esta medida da continuidad a las acciones que comenzaron en abril de 2019, cuando el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera ingresar en el país.
Seguidamente, en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la cual se autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados.
Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998. Sin embargo, hasta ahora Washington se había limitado a ignorarla y nunca antes una Administración había adoptado una actitud tan beligerante.
Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha arremetido contra la CPI por lo que considera «decisiones contra Washington y sus aliados», como Israel, en lo que estima un «intento del Tribunal por socavar la soberanía estadounidense».
La investigación de la CPI abarca los crímenes cometidos en el territorio de Afganistán después del 1 de mayo de 2003 por las tropas de ocupación de Estados Unidos y sus aliados. La sentencia que autorizó la indagación expresa que, existe «una base razonable para considerar que se cometieron hechos de lesa humanidad», en un país que sí es signatario de la Corte Internacional.
