Al proclamar la reelección de su presidente, el país ha entrado en una peligrosa situación y es probable que el mandato de Hernández se consolide, pero en medio de gran inestabilidad.
El domingo 17 de diciembre, el mismo día en que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se declaró imposibilitado de “dar certeza” sobre el resultado electoral en Honduras y llamó a nuevas votaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó oficialmente la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en los comicios del 26 de noviembre. De este modo, se consumó un hecho sumamente grave para la democracia, la legitimidad política, la cohesión social y la estabilidad en ese país, con implicaciones que trascienden su territorio; entre otras cosas, vulneran la institucionalidad y la dinámica –de por sí muy compleja– de las relaciones centroamericanas.
Como es de sobra conocido, y comentamos en un reciente editorial, el proceso electoral hondureño ha estado marcado por dos graves situaciones. La primera, de origen, fue la eliminación, mediante decisiones judiciales tomadas por magistrados afines a Hernández, de la cláusula constitucional que impedía la reelección, la cual, al ser definida como una “norma pétrea”, era legalmente imposible variarla. Fue bajo esta sombra que se celebraron los comicios. Se generó entonces el segundo problema, detonante de la crisis actual: luego de que, con el 57 % de las mesas escrutadas, el principal candidato opositor Salvador Nasralla mostrara, la noche del 26, una sólida ventaja, se suspendió el conteo por varias horas. Luego continuó en medio de serias dudas y cuestionamientos, hasta que el TSE divulgó datos provisionales que daban una ligera ventaja al presidente.
Las misiones observadoras de la OEA y de la Unión Europea (UE) formularon documentadas críticas sobre este manejo, y recomendaron un reconteo de las 4.753 mesas que volcaron la tendencia inicial. El TSE dijo aceptar, pero la forma como procedió al presunto recuento no despejó las dudas, como dio a conocer un segundo informe de la OEA, emitido el 17 de este mes, del que se hizo eco el secretario Almagro. Según la declaratoria del Tribunal, Hernández ganó con un 42,95 % de los votos, y su Partido Nacional logró mayoría en el Congreso y las alcaldías; a Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, le otorgó el 41,24 %.
Con tan endebles bases constitucionales para la reelección, unos comicios altamente cuestionados y una oposición endurecida que se niega a aceptar los resultados oficiales, un mínimo de sensatez y respeto a la pureza del sufragio debió conducir a buscar una salida pactada antes de proclamar al triunfador. Que el TSE, donde la influencia presidencial es fuerte, optara por lo contrario es inquietante y augura un comprometido futuro para Honduras, donde la violencia callejera ha reaparecido. Por desgracia, Estados Unidos ha avalado la decisión del Tribunal, y al menos los mandatarios de Guatemala y Colombia han felicitado a su colega. Además, es posible que muchos países se plieguen a la tendencia, ante el hecho indiscutible de que, aunque su mandato carezca de legitimidad, Hernández sigue en el poder.
Para Costa Rica, la situación es particularmente delicada. No podemos dar por buenos resultados cuestionados por la máxima organización hemisférica, pero tampoco podemos asumir un liderazgo en rechazarlos, porque es muy probable que esto nos enfrente al resto de los países centroamericanos y, además, carezca de suficiente eco hemisférico. Ante esta disyuntiva, no existe una opción ideal. Lo mejor será mantener una extrema prudencia, apoyar los esfuerzos de la OEA encaminados a una salida razonable, consultar permanentemente con nuestros aliados en la UE, abstenernos de un reconocimiento explícito antes de algún desenlace satisfactorio, pero, a la vez, interactuar, inevitablemente, con la cabeza del Ejecutivo hondureño.
Si a lo ocurrido en Honduras sumamos el creciente cerco antidemocrático de Daniel Ortega en Nicaragua, la debilidad del presidente Jimmy Morales en Guatemala, la polarización creciente en El Salvador y los graves retos económicos, sociales y de seguridad que afligen a todos esos vecinos, particularmente el llamado Triángulo Norte, la conclusión es tan clara como inquietante: un entorno de inestabilidad regional que difícilmente tenderá a reducirse. Hay que tomarlo muy en cuenta al definir nuestra acción externa y, sobre todo, centroamericana.
