Contradicción: El diputado de Libre y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, aseguró a Criterio.hn que los vehículos asignados a los diputados corresponde a la Secretaría de Seguridad, pero esta institución nos remitió al Poder Legislativo afirmando que esta entidad es la encargada de dicha función, mientras el diputado Jari Dixon Herrera dice que la asignación de los vehículos es potestad del presidente del Congreso, Luis Redondo, porque así lo contempla la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tegucigalpa, Honduras. – Con la llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre), los hondureños tenían la plena confianza de un gobierno al servicio del pueblo, que reivindicara las luchas sociales con las que se identificó desde su fundación, en 2011, el partido rojinegro que nació en las calles bajo el clamor de la “resistencia popular”.
Luego de la derrota en las urnas del derechista Partido Nacional (PN), que gobernó a Honduras por tres periodos consecutivos [12 años] y que estuvo bajo el ojo del huracán por su desmedida corrupción, los diputados de Libre, Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional (CN) y Sergio Castellanos, presentaron el proyecto de ley de austeridad para la administración pública.
La propuesta fue presentada a poco más de un mes de haber llegado al poder, con el fin de que ningún funcionario tenga un salario mayor al de la presidenta de la República, Xiomara Castro [137,600 lempiras], como reducir o eliminar el uso de vehículos de lujo conocidos popularmente como “camionetas blindadas” asignados a funcionarios.
Compañeros, lo dijimos Ley de Austeridad, cero carros blindados, esa cantidad de guardaespaldas que andan aquellos [nacionalistas], los de la dictadura, no van con este servidor del pueblo, nosotros somos el Congreso del pueblo, sirviéndoles a ustedes”: Rasel Tomé, diputado del partido Libre y vicepresidente del Congreso Nacional.
[video TikTok de Rasel Tomé del 20 de marzo de 2022]
El diputado Rasel Tomé aseguró que la propuesta de austeridad, surgió a raíz del informe presentado en febrero de 2022 por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el cual evidenció que la administración del exgobernante Juan Orlando Hernández –extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico—dejó una nación en bancarrota, saqueada y endeudada.
En ese sentido, Criterio.hn hace una verificación sobre la propuesta de ley y el discurso del diputado Rasel Tomé, quien aseguró que dicho planteamiento era para los tres poderes del Estado [Ejecutivo, Legislativo y Judicial], debido a la crisis económica en la que se encontraron las arcas del Estado.
Para conocer sobre la propuesta del proyecto de ley Criterio.hn entrevistó al diputado Rasel Tomé, quien ha sido fuertemente cuestionado por el uso de vehículos de lujo, pese a haber asegurado que dichos beneficios “no van con este servidor”.
El vicepresidente del Congreso Nacional, señaló que la propuesta, que aún sigue sin discutirse por el pleno de diputados, fue enviada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, a una comisión dictaminadora.
Criterio.hn le consultó de manera directa a Tomé sobre los cuestionamientos del uso de carros blindados y en tono burlesco respondió, “sólo los cachurecos han cuestionado eso”, con esta respuesta el diputado de Libre, minimiza el hecho que un ciudadano –pese a su afiliación política— sea veedor y fiscalizador de los fondos de Estado.
Además, argumentó que fue el Partido Nacional el que decretó el uso de vehículos blindados en el Congreso Nacional. “Es el Partido Nacional el que montó eso y eso está en decreto y todos los altos dignatarios lo tienen”.
El decreto al que hizo referencia el diputado es el que contienen la Ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en riesgo extraordinario, contemplado en el Decreto Nº 93-2014, mismo que sufrió reformas en los artículos 3 y 4, en diciembre de 2021, junto con el Decreto 184-2016. La reforma fue cuestionada y catalogada por sociedad civil como una ley que favorece a los intereses y conveniencia del Partido Nacional ya que estaban a pocos días de despedirse del poder.
Además, se creó la Unidad Especial de Protección (UEP) para funcionarios y exfuncionarios públicos dependiente de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y financiada con recursos del presupuesto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras con un costo de 250 millones de lempiras anuales, los cuales fueron catalogados como “intocables”.
Nuevamente Criterio.hn, le consultó al vicepresidente del Legislativo sobre los cuestionamientos, pero sencillamente –entre risas—, respondió: “los cachurecos que les gané las elecciones, todavía están resentidos, pero perdieron las elecciones en noviembre del 2021”.
CONGRESO NACIONAL: NO HAY CARROS ASIGNADOS
Criterio.hn, solicitó al Congreso Nacional a través del Sistema de Información Electrónico deHonduras (SIELHO), el listado de diputados que utilizan vehículos de lujo, así como los contratos ya sea de renta o de compra, contratos de mantenimiento y el modelo y marca de dichos vehículos.
Como respuesta obtuvimos: “ningún diputado tiene asignados vehículos del Congreso Nacional”. La respuesta genera más dudas, debido a que ningún diputado que tienen asignado una unidad lo ha negado, de hecho, el mismo diputado Rasel Tomé justificó que dicho beneficio está consignado en un decreto aprobado por el Congreso Nacional en 2021.
En este caso, volvemos al diputado Rasel Tomé, quien, en un programa de televisión nacional, transmitido en agosto pasado, al ser interpelado por el diputado nacionalista Antonio Rivera, quien en el pasado gozó del privilegio que hoy cuestiona, respondió con ironía: “espérenme en cada municipio en el carrito rojo, lo que necesito es que venga cargado de votos”, dejando entrever que usaría el bien asignado con los fondos del Estado para campañas proselitistas.
Tomé tiene asignada una camioneta roja de lujo que, según el diputado Antonio Rivera, es blindada, extremo que no negó Tomé pese a que a inicios del gobierno fue enfático en señalar que no usaría carros blindados.
Por otro lado, la respuesta del Congreso Nacional entra en contradicción con las declaraciones del diputado Jari Dixon Herrera, quien entrevistado por Criterio.hn dijo que la asignación de vehículos es “una decisión muy propia del presidente del Congreso Nacional, poder que le da la ley orgánica del Congreso, así que él tiene la discrecionalidad de a quién asignarle vehículo”.
La suspicacia sobre los vehículos asignados toma fuerza ya que al revisar el Portal Único de Transparencia, Criterio.hn encontró que en el balance general del Congreso Nacional existe una línea presupuestaria de 254,850.00 lempiras para vehículos, sin embargo, no se especifica si es para mantenimiento de los mismos.
En junio de 2022, la línea presupuestaria de vehículos era de 131,870.03 lempiras, pero cinco meses después esa línea presupuestaria aumentó 122,979.97 lempiras mensuales, pues a partir de diciembre de 2022 el balance general sobre vehículos era de 254,850.00.
PERO, ¿QUIÉN ASIGNA LOS VEHÍCULOS EN EL CONGRESO NACIONAL?
Durante la escueta entrevista que brindó el vicepresidente del Congreso Nacional este señaló a Criterio.hn que la asignación de los vehículos la realiza la Secretaría de Seguridad.
En ese sentido, Criterio.hn, solicitó a la Secretaría de Seguridad por medio del Sistema de Información Electrónico deHonduras (SIELHO), la asignación de los vehículos de lujo en el Congreso Nacional.
Sin embargo, la Oficina de Transparencia de la Secretaría de Seguridad respondió: “no es competencia de la Secretaría de Seguridad dar respuesta a su solicitud por eso, se le recomienda realizar la solicitud al Oficial de Información Pública del Congreso Nacional con la abogada María Cristina Padilla Contreras”.
Con estas respuestas se crean más dudas que confianza, ya que el Congreso Nacional está demostrando que la rendición de cuentas y la transparencia no está en su agenda, específicamente sobre la asignación de vehículos a los diputados.
Ante esta falta de información, el director legal de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, señaló que el gobierno debe ser “muy puntual entre el discurso y la realidad”, ya que, si el gobierno está hablando de austeridad, de igual manera la información debe estar al servicio de la ciudadanía hondureña.
En el tema concreto del Congreso Nacional, expresó “toda política de ejecución presupuestaria que realice el Poder Legislativo debe estar en los portales de transparencia, toda la ejecución del gasto, porque así todos los hondureños podemos conocer cómo se ejecuta el gasto”.
DOBLE DISCURSO
Una de las características principales del Partido Libre fue la crítica al Partido Nacional y la manera en la que guiaron al país, que se caracterizó por actos de corrupción y la creación de un narcoestado.
Ante la constante critica del Partido Libre hacia los gobiernos anteriores y la promesa de la materialización de la austeridad –que aún está lejos de cumplirse—, Kenneth Madrid, expresó a Criterio.hn “esperábamos ver un cambio significativo en esa política, pero obviamente austeridad no hemos visto en el actual gobierno”.
En junio de 2022, circuló en las redes sociales un video que muestra el instante cuando un ciudadano interpela al diputado Rasel Tomé, al verlo en un automotor blanco Land Cruiser Prado. Pero el congresista respondió “siempre he andado en Prado”.
En la escena el diputado Rasel es acompañado por el diputado Juan Ramón Flores, también del partido Libre, a quien le preguntan que, si él quería una camioneta Prado y responde, sin dar mayor explicación, “dos de esas tengo”.
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE), define austeridad como: la cualidad de ser austero, consiste en renunciar a gastar dinero en determinadas cosas de las que podemos prescindir con el objetivo de disponer de ese dinero que no gastamos.
Para la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Liliana Castillo, la falta de austeridad en las instituciones públicas se debe a la “falta de voluntad política”.
Es decir, si en Honduras se implementa una política de austeridad, la economía tendría beneficios por la liberación de recursos y se utilizarían para generar inversiones que realmente aporten al desarrollo del país.
Y en consecuencia esas inversiones, de acuerdo con Liliana Castillo, contribuirían a generar empleos y por ende los hogares hondureños tendrían más ingresos económicos.
Para Kenneth Madrid, una verdadera ley de austeridad, permitiría que los recursos se puedan implementar en cubrir las falencias existentes en el sector salud –donde a diario los ciudadanos denuncian que no hay medicamentos y una mala calidad de atención— además se podrían utilizar en educación, es decir, en la construcción o reparación de la infraestructura escolar, o como señala Madrid, en una estrategia para que más de 1,200,000 niños –fuera del sistema educativo— puedan retornar a las aulas.
O, por otro lado, dichos recursos se pudieran asignar al Ministerio Público o al Poder Judicial para la administración de justicia, y como refiere Madrid “garantizar una lucha efectiva contra la corrupción”.
Kenneth Madrid, además, considera que el problema radica en tener una excesiva burocracia porque “no vemos que los recursos sean trasladados directamente al pueblo, no vemos que los recursos estén llegando a la población que lo necesita”.
Tanto Kenneth Madrid como Liliana Castillo, consideran que cuando hay un presupuesto que no se distribuye de manera balanceada y equitativa, afecta a los diferentes sectores de la sociedad.
Criterio,hn, concluye que el discurso del diputado Rasel Tomé es Falso, ya que pese a prometer una política de austeridad, esta no se ha materializado, de manera particular en el Congreso Nacional donde, además, se está incumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Amante de la lectura y la naturaleza, una mujer con la convicción firme que todos podemos hacer cambios significativos en la sociedad, por eso mi objetivo es exponer las injusticias que adolece la ciudadanía.
Busco incidir, a través del periodismo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, evitando caer en la complicidad de callar ante las injusticias y la corrupción.
