Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa Honduras—. El 17 de septiembre se conmemora en Honduras el Día del Maestro, una fecha oficial establecida en 1923 en honor a José Trinidad Reyes, figura histórica reconocida por su papel en el desarrollo de la educación superior y por su vinculación con la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Esta fecha conmemorativa fue declarada como feriado para el sector educativo tras la reforma del Artículo 47 del Código del Trabajo mediante el Decreto 288-98, vigente desde 1999, la conmemoración se realiza anualmente en todos los centros educativos públicos y privados del país, y forma parte del calendario oficial de feriados del sistema educativo nacional.
Más allá del reconocimiento formal, el gremio docente en Honduras continúa planteando demandas estructurales relacionadas con el sistema de pensiones y jubilaciones. Su objetivo principal es asegurar cumplimiento de derechos adquiridos, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).
Especialmente en lo relacionado con los criterios de jubilación, el cálculo de pensiones y la sostenibilidad financiera del sistema, además, persisten quejas sobre demoras en los procesos administrativos para acceder a beneficios de retiro, falta de actualización en la normativa previsional y limitada transparencia en la gestión de los fondos.
Paralelamente, los docentes han señalado deficiencias en las condiciones laborales, incluyendo infraestructura escolar inadecuada, carencia de recursos didácticos y tecnológicos, así como retrasos en el pago de salarios o contratación irregular de personal.
Estas situaciones son objeto de reclamos periódicos por parte de organizaciones magisteriales ante las autoridades correspondientes, tanto del gobierno central como de la Secretaría de Educación, a pesar de múltiples mesas de diálogo instaladas en los últimos años, no se han registrado avances significativos en la implementación de soluciones duraderas.
Sin embargo, a pesar de las constantes demandas del gremio magisterial por mejores condiciones, muchos expertos y sectores sociales señalan que el sistema educativo en Honduras carga con un peso financiero considerable derivado de los múltiples beneficios que reciben los docentes, especialmente en el sector público.
Además, la rigidez del sistema laboral docente ha generado poca eficiencia en el desempeño educativo, los contratos permanentes y las protecciones sindicales excesivas dificultan la evaluación y depuración de personal con bajo rendimiento, lo que termina afectando directamente la calidad educativa.
MAESTROS BIEN PAGADOS, PERO POCO EFECTIVOS
En este contexto, los altos sueldos y beneficios no siempre se traducen en una mejora tangible en la enseñanza, lo que ha generado malestar en la ciudadanía, que percibe una relación desigual entre lo que se invierte en salarios y lo que se obtiene en resultados académicos.
La educación en Honduras atraviesa una crisis preocupante, muchos niños y jóvenes terminan sus estudios sin comprender lo que leen ni resolver problemas básicos de matemáticas o ciencias, las evaluaciones internacionales reflejan que estamos muy por debajo de otros países de la región, esto limita seriamente las oportunidades de desarrollo para millones de estudiantes.
A pesar de estos resultados, muchos docentes reciben salarios por encima del promedio nacional, sin que esto se traduzca en una mejor calidad educativa, no existe una conexión clara entre el pago y el rendimiento en el aula, urge mejorar la formación y evaluación docente, así como garantizar escuelas dignas y recursos adecuados para aprender, solo así se podrá construir un futuro más justo y con oportunidades reales para todos.
En muchas escuelas públicas, los docentes cumplen horarios mínimos, se ausentan con frecuencia y en ocasiones ni siquiera desarrollan contenidos completos durante el año lectivo.
Mientras tanto, los sueldos y beneficios se mantienen intactos, protegidos por leyes laborales y acuerdos sindicales que impiden sancionar a quienes no cumplen con su labor educativa, esto ha creado un sistema ineficiente, donde los estudiantes son los más perjudicados y el presupuesto nacional para educación se diluye sin lograr mejoras reales.
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PESE A CRISIS EDUCATIVA DOCENTES PREFIEREN LEY DEL INPREMA DE 1980
La preferencia de los maestros hondureños por jubilarse bajo las condiciones de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)de 1980 ha reabierto el debate sobre los beneficios que recibe el gremio magisterial en un contexto donde la educación pública del país enfrenta una profunda crisis.
La reforma a la Ley del INPREMAde 2012, que elevó la edad de jubilación y redujo las prestaciones para los docentes, fue ampliamente rechazada por los educadores, quienes argumentaron que se vulneraban sus derechos laborales adquiridos.
Sin embargo, esta demanda por conservar las condiciones de la ley de 1980, que les garantiza pensiones equivalentes al 90% del salario promedio de sus últimos tres años de trabajo, se da en un momento en que el sistema educativo hondureño muestra signos claros de deterioro.
Críticos del sector educativo señalan que muchos docentes en Honduras reciben jugosos salarios y bonos adicionales que no se reflejan en una mejora significativa de la calidad educativa.
Pese a estas críticas, la Corte Suprema de Justicia respaldó en 2019 a un grupo de educadores que impugnaron la reforma, sentando un precedente que permite a quienes cumplieron con los requisitos de la ley de 1,980 mantener sus beneficios, para los maestros, esta decisión es vital para garantizar una jubilación digna después de años de servicio.
El debate sigue abierto: mientras los docentes luchan por conservar sus derechos laborales, la comunidad hondureña exige mayor transparencia y resultados efectivos en un sistema educativo que necesita con urgencia reformas integrales y compromiso real para salir de la crisis educativa.
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DE LA EXPANSIÓN AL ABANDONO: CIFRAS QUE PREOCUPAN
Honduras enfrenta una preocupante disminución en su planta docente, de acuerdo con los datos más recientes, en 2023 el país contaba con 70,097 maestros en funciones, una caída significativa respecto a los 90,836 registrados en 2020.
Esta reducción de más de 20,000 docentes en apenas tres años se atribuye a jubilaciones no reemplazadas, migración hacia otros países en busca de mejores condiciones laborales y, un creciente desinterés por la carrera debido al desgaste físico, emocional y profesional que implica enseñar en contextos precarios.
Del total de maestros activos, la mayoría se concentra en el sector público, que atiende a más del 90% de los estudiantes hondureños, en educación prebásica laboran aproximadamente 4,000 docentes, en básica unos 32,339 y en media cerca de 9,000, cifras que reflejan una sobrecarga para quienes se mantienen en el sistema.
Pese a esta realidad, el sistema educativo hondureño sigue sin garantizar los 200 días de clases establecidos por ley, en la práctica, los niños y jóvenes no reciben el año lectivo completo debido a constantes suspensiones de clases, huelgas, asambleas informativas y otras irregularidades, muchas veces vinculadas a la falta de compromiso tanto de las autoridades educativas como de los propios docentes. Y cabe señalar que en el presente gobierno esas actividades de protesta han bajado.
Esta situación agrava aún más la crisis educativa, especialmente en zonas rurales y empobrecidas donde las oportunidades de aprendizaje ya son limitadas.
La falta de planificación, inversión y seguimiento efectivo por parte del Estado contribuye a mantener un sistema frágil, desigual y con pocas perspectivas de mejora a corto plazo, mientras no se tomen decisiones estructurales para recuperar y fortalecer la carrera docente, así como garantizar la continuidad del calendario escolar, el futuro de la educación en Honduras seguirá marcado por la exclusión, la improvisación y la pérdida de oportunidades para miles de niños y adolescentes.
En resumen, en el Día del Maestro, docentes hondureños reclaman mejoras laborales y la conservación de beneficios previsionales, como los establecidos en la Ley del INPREMAde 1980, mientras tanto, la educación pública enfrenta una crisis severa por falta de maestros, bajo rendimiento académico y condiciones precarias y esto pese a altos salarios en el sector, la calidad educativa sigue en declive.
