Docentes de ciencias sociales de la UPN-FM argumentan lucha en defensa de la salud y educación

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) han emitido un pronunciamiento público mediante el cual argumentan la lucha social emprendida en Honduras por los gremios de la salud y educación.

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CRITERIO comparte con sus lectores el contenido íntegro del pronunciamiento:

El personal docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Tegucigalpa, ante la grave crisis socio política que actualmente está afectando a la sociedad hondureña, se pronuncia llamando a la reflexión a la sociedad en general y a los tomadores de decisiones en particular, a partir de los siguientes considerandos:

CONSIDERANDOS:

1. Honduras tiene más de una década de padecer una aguda y creciente crisis socio económica
   Pese a que la economía hondureña ha crecido a un ritmo moderado de alrededor de 3% y 4% anual durante la última década, más del 60% de la población vive actualmente en condiciones de pobreza, y esta situación está relacionada con el hecho de ser la sociedad con la mayor desigualdad económica de América Latina (datos del Banco Mundial, Abril 2019). Una expresión reciente de esta situación de pobreza, temor y desesperanza que padece la población hondureña, la constituyen las multitudinarias “caravanas” de compatriotas que huyen del país en busca de mejores oportunidades.
2. Salud y Educación son dos Derechos Humanos fundamentales, y en Honduras sus indicadores están entre los más bajos de América Latina
   A nivel mundial se valora la Educación y la Salud como Derechos Humanos inalienables, y por ello constituyen dos de los tres componentes del índice que mide la calidad de vida de la población a nivel mundial (Índice de Desarrollo Humano IDH, PNUD, 1990). De acuerdo con este índice, desde el año 2016 Honduras tiene la peor calidad de vida de toda América Latina, con excepción de Haití. Los datos son ilustrativos: El 30% de los menores entre 3 y 17 años, están fuera del Sistema Educativo, el 23% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica (Observatorio de la Educación UPNFM, 2018; FAO, 2018).
3. Privatizar el acceso a los Derechos Humanos fundamentales de Educación y Salud, es un atentado contra la gran mayoría de la población hondureña, que vive en condiciones de pobreza
   Las recientes iniciativas de ley del Estado hondureño, tales como la Ley Marco de Protección Social y acuerdos de consejos de ministros (PCM), orientadas a privatizar el acceso de la población a los servicios de salud y educación, convirtiendo estos dos Derechos Humanos fundamentales en simples “servicios” o “mercancías” bajo la lógica del mercado de “puede pagar/recibe, no puede pagar/ no recibe”, es un grave atentado contra la gran mayoría de la población hondureña, que vive en condiciones de pobreza. A pesar del discurso político, la acentuada tendencia decreciente de los presupuestos de educación y salud como porcentaje del PIB durante la última década, muestran claramente la poca valoración gubernamental de estos Derechos Fundamentales de la población hondureña.
4. La ciudadanía hondureña tiene el derecho legal y la obligación moral, de pronunciarse y protestar contra las leyes que mercantilizan sus Derechos Humanos fundamentales a la Salud y la Educación.
   Tanto en la normativa internacional como en la legislación hondureña, incluyendo la Constitución de la República (artículos 3, 78 y 79 en particular), al igual que en cualquier sociedad que se auto denomine “democrática”, se reconoce el derecho de la población a protestar y expresar públicamente su desacuerdo contra iniciativas del gobierno o de cualquier otro grupo, que intente afectar sus derechos o intereses. Por ejemplo, es legítimo que la población proteste contra la continua disminución del presupuesto anual de salud y educación, que impide atender satisfactoriamente estos Derechos Humanos fundamentales en el sector público (para educación, Honduras asignó el 8.0% del PIB en el año 2009, pero ha venido bajando para un 5.4% en el 2015 y un 5.9% en el 2017).
5. Con sus acciones, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública, se ha convertido en un legítimo representante no solo de los gremios de salud y educación, sino de la población hondureña en general.

La representatividad es un elemento básico del funcionamiento de las democracias modernas, pero en sociedades de institucionalidad muy débil como la hondureña, ocurre con frecuencia la usurpación de esa representación. Durante la actual crisis, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública, ha demostrado ser un legítimo representante de los intereses de la población hondureña, en particular de la gran mayoría que vive en condiciones de pobreza. Por el contrario, cierta dirigencia gremial pretende continuar usurpando la representación de sus afiliados desarrollando sus reconocidas prácticas caudillistas, corruptas y clientelistas, representando únicamente sus intereses personales.

6. La “estrategia” que ha venido desarrollando el Gobierno hondureño para enfrentar la crisis solo ha servido para agudizarla y evidenciar la precariedad de nuestra democracia. En lugar de establecer un diálogo claro y directo con la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública, el Gobierno hondureño ha implementado una “estrategia” basada en difamar, amenazar y reprimir a la ciudadanía que protesta, infiltrar las manifestaciones para generar caos y violencia, desconocer a la Plataforma como interlocutor legítimo, usar los cuerpos de seguridad como grupos de choque propios de regímenes dictatoriales que aterrorizan a la población, etc. El resultado de esta actividad gubernamental y sus colaboradores interesados, ha sido agravar y alargar la crisis, y generar espacios para que amplios sectores de la población expresen su frustración por la prolongada crisis social, económica y política de la última década, y pasen a plantear una gran diversidad de demandas al Gobierno.

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SE SOLICITA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

A partir de esta grave situación antes descrita, que está destruyendo la economía y el tejido social de la sociedad hondureña, y recordando que la salud y la educación han sido declaradas, como parte de los derechos fundamentales de los seres humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos convenios internacionales), los que los transforma en temas sensibles para los gobiernos, de manera que cualquier decisión a tomar al respecto, deberá hacerse de forma colegiada con los actores intervinientes, con el objeto de lograr el beneficio común.
Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de Honduras para que, actuando en representación de los intereses de toda la población hondureña y no solo de los pequeños grupos allegados al poder gubernamental que vienen haciendo negocios con la miseria de los hondureños más desfavorecidos, proceda a la mayor brevedad y:

1. Se anule la actual Ley Marco de Protección Social y se revise la Ley Fundamental de Educación, para establecer un nuevo marco normativo que lejos de mercantilizar los Derechos Fundamentales a la Educación y la Salud, realmente garantice el cumplimiento de esos Derechos desde el sector público, protegiendo a esa gran mayoría de hondureños que viven en condiciones de pobreza.
2. Se reconozca a la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública como interlocutor legítimo para el establecimiento de las mesas de trabajo que construirán los lineamientos del nuevo marco jurídico para la Política Pública en salud y educación en Honduras.
3. Se establezca una normativa para garantizar que los presupuestos anuales de salud y educación no puedan ser menores a un valor establecido como porcentaje del PIB nacional, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales especializados. El énfasis presupuestario debe ser el desarrollo de la sociedad hondureña, y por ello la inversión principal debe ser salud y educación, no compra de armas ni ampliación de los cuerpos de seguridad.
4. Se abandone la estrategia de amenazar, reprimir y difamar, como forma de enfrentar las legítimas demandas de la población y sus organizaciones representativas.
5. Se establezcan controles a los cuerpos de seguridad del Estado para que cumplan el papel que les corresponde en una sociedad democrática del siglo XXI, y dejen de actuar como grupos de choque que aterrorizan a la población por sus prácticas de violencia desmedida e inhumana, contra la misma ciudadanía que con sus impuestos, paga sus salarios.

Dado en Tegucigalpa MDC, a los catorce días del mes de Junio del año 2019.