Por: Javier San Vicente Maeztu
El pasado 1 de septiembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump escandalizó a la comunidad internacional al atacar una lancha procedente de Venezuela que supuestamente transportaba drogas con destino a Estados Unidos y en la que fueron asesinadas 11 personas. Desde entonces, Trump ha bombardeado otras 30 lanchas, ejecutando a más de 100 personas. Sin pruebas, sin juicio, sin garantía alguna.
Estas ejecuciones extrajudiciales, realizadas contraviniendo el derecho internacional, han ido acompañadas de un discurso amenazante, en el que Trump ha culpado al gobierno de Venezuela, y de otros países como Colombia o México, de no ser capaces de controlar el narcotráfico. Al mismo tiempo, Trump se ha arrogado el derecho de intervenir militarmente en terceros países para atacar a los cárteles de la droga.
El presidente estadounidense no ha tardado en poner en práctica sus amenazas. El 3 de enero de 2026, lanzó un operativo militar en Venezuela en el que fueron bombardeadas diversas infraestructuras civiles y militares, al tiempo que un comando armado dirigido por la CIA secuestró al presidente venezolano Nicolas Maduro.
Tras el ataque, que causó más de 80 muertos, Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo en una Corte de Nueva York. Estas acciones del gobierno estadounidense, han causado profunda preocupación en América Latina y el mundo, debido a que podrían indicar el inicio de un periodo de intervención militar estadounidense en la región, no visto desde hace décadas.
Pero ha habido otra decisión de la Casa Blanca que ha causado profundo estupor a nivel internacional: la coincidencia en el tiempo de la cruzada contra el narcotráfico en Venezuela con la decisión del presidente Trump del pasado 28 de noviembre de 2025 de otorgar el perdón presidencial al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Hernández fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y tráfico de armas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York (el mismo tribunal en el que se va a juzgar al presidente venezolano Nicolás Maduro, que, de hecho, está detenido en la misma cárcel en la que estuvo recluido el ex presidente de Honduras).
El perdón presidencial se produjo tan solo dos días antes de las elecciones de Honduras, en las que el gobernante Partido Libre (de izquierda), se enfrentaba a dos partidos de derecha: el Partido Liberal y el Partido Nacional. Trump liberó a Juan Orlando Hernández antes de la votación, alegando que había sido condenado en un proceso injusto, al tiempo que pedía el voto por Nasry Asfura, candidatado del partido del expresidente Hernández.
Para completar su habitual actitud injerencista en comicios de terceros países, Trump afirmó que, si no ganaba el candidato del partido de Hernández, Estados Unidos retiraría cualquier forma de apoyo económico a Honduras. Tras un turbio proceso electoral, rodeado de irregularidades, fue declarado ganador el derechista Nasry Asfura. Gracias en parte al apoyo de Trump, Honduras, que vivió una década de narco violencia bajo la hegemonía política de Juan Orlando Hernández, volvió a caer en las manos de un Partido Nacional altamente penetrado por el crimen organizado. En este caso la lucha contra el narcotráfico no parece la prioridad.
Los motivos por los que Trump decidió indultar a Juan Orlando Hernández son difíciles de descifrar. Es probable que considera al exmandatario y a su partido como la mejor apuesta para frenar a la izquierda en Honduras. Lo que resulta inverosímil es creer que Trump considere a Hernández verdaderamente inocente. Durante los juicios en Estados Unidos al ex mandatario y personas de entorno (el de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, el del jefe de policía Juan Carlos “Tigre” Bonilla…), el Departamento de Justicia presentó pruebas y testimonios que revelaron una trama criminal iniciada en 2009, bajo la presidencia de Pepe Lobo y llegaron hasta la salida del poder de Hernández en 2020.
Durante este periodo, el poder ejecutivo de Honduras patrocinó una ruta de narcotráfico, que movió 500.000 kilos de cocaína sudamericana con el apoyo de militares, policías, alcaldes y diputados oficialistas. Se hizo público que el hermano del presidente marcaba los paquetes de la droga con sus iniciales (TH), al tiempo que participaba en la planeación de asesinatos de alto impacto dentro de Honduras.
La DEA también demostró la presencia de un importante narcotraficante en la Casa Presidencial de Honduras, que fue a reunirse con el entonces presidente de Honduras e incluso un testigo del gobierno federal afirmó que Hernández le había dicho que iba a “meter la droga en las narices de los gringos”. Por lo demás, al tiempo que Hernández y su entorno eran investigados en Estados Unido, los asesinatos de narcotraficantes vinculados a su grupo y que podían contar con información clave contra el expresidente se sucedieron.
En una de esas ocasiones, se filtró un video de la ejecución de Magdaleno Meza, un narco detenido en una cárcel hondureña y sobre el que se había publicado información que indicaba que iba a convertirse en colaborador de la DEA para ofrecer información del papel de Juan Orlando Hernández en el narcotráfico. La muerte del reo se produjo con la complicidad del director del presidio en el que estaba encarcelado, que acompañó a Meza al pasillo de la cárcel donde fue tiroteado y macheteado.
El video del asesinato se filtró a las pocas horas de producirse el crimen, y fue retransmitido por todos los grandes medios de Honduras, enviando un mensaje inequívoco a la población. Con posterioridad, fueron asesinados el director de la cárcel, la esposa de Magdaleno Meza y su abogado. El sistema de narco corrupción liderado por Hernández abarcó más de una década, incluyó a Pepe Lobo (anterior presidente de Honduras), alcaldes como Alexander Ardón o Arnaldo Urbina Soto, ministros y decenas de diputados oficialistas. Incluso hay una conexión de las narco-tramas de Hernández con el chavismo: su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, fue acusado por un informante del Departamento de Justicia de Estados Unidos de facilitar el uso del territorio hondureño a los sobrinos de Nicolás Maduro, detenidos por la DEA en Haití en 2014 y condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico.
Toda esta información, fue conociéndose desde comienzos de la presidencia de Hernández, a través de reportes publicados por grandes medios estadounidenses (The New York Times, Associated Press, Los Angeles Times, Miami Herald o Insight Crime) y por el Departamento de Justicia, que no hicieron flaquear el apoyo del gobierno estadounidense al mandatario, especialmente durante el primer gobierno de Trump.
También tuvo un papel clave en la revelación de toda esta estructura el trabajo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dirigida por entonces por Geoffrey Berman. Este fiscal, adscrito al Partido Republicano, fue al mismo tiempo responsable de liderar otras investigaciones al entorno de Trump, relacionadas con la financiación irregular de la campaña para el primer mandato del republicano. Berman, un enemigo declarado del actual inquilino de la Casa Blanca, fue cesado en junio de 2020, en un movimiento que se interpretó dirigido a frenar las investigaciones contra Trump. Es probable que la animadversión a Berman haya influido en la aparente amistad que Trump y Hernández han exhibido en los últimos años. Esta cercanía de se hizo patente en agosto de 2019, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo público un documento judicial del juicio a Tony Hernández, en la que su hermano Juan Orlando aparece identificado como co-conspirador-4 (CC-4) en el caso de narcotráfico.
Al poco tiempo de conocerse este documento, Juan Orlando viajó a Washington, donde publicó fotografías en redes sociales y sostuvo reuniones con el Departamento de Estado, que sirvieron para rebajar el impacto de las acusaciones vertidas en su contra por el Departamento de Justicia. Posteriormente, la relación entre Trump y Hernández siguió siendo cordial, e incluso en abril de 2020, Trump contó a la prensa que había conversado con Hernández, y este le había recomendado utilizar hidroxicloroquina contra el COVID-19, remedio que Trump encomió a utilizar a los estadounidenses. Finalmente, la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández no fue recibida por Honduras hasta abril de 2022, ya con Joe Biden en la presidencia. Con estos antecedentes, el indulto a Juan Orlando Hernández, aunque indignante, no resulta tan sorprendente.
Por otro lado, a estas alturas el propio Trump ha dejado clara su prioridad en Venezuela: disciplinar a una potencia petrolera díscola, cada vez más alineada con China. Ni el retorno a la democracia, ni la lucha contra el narcotráfico figuran entre las prioridades expresadas por el mandatario, que asegura controlar Venezuela a través de la chavista Delcy Rodríguez. Por el momento, se descarta un cambio de régimen en favor de la oposición, y no se realizarán elecciones hasta que el presidente de Estados Unidos lo considere.
En todo caso, las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Maduro son, por lo que sabemos hasta ahora, vagas, y no existen investigaciones periodistas y judiciales que demuestren la existencia de un sistema político cooptado por el narcotráfico como ocurría en la Honduras de Juan Orlando Hernández. Es cierto que Venezuela es un país de tránsito de la cocaína colombiana que viaja en dirección a Europa y Estados Unidos, pero ni siquiera esta es la principal ruta que lleva la cocaína hacia Estados Unidos (la que si lo hace discurre por el Océano Pacífico, desde Sudamérica y hacia México).
Para justificar sus acusaciones, el gobierno estadounidense ha recurrido a una quimera: el “Cartel de los Soles”. Esta denominación, comenzó a utilizarse a medidos de los años 90, antes de la llegada del chavismo al poder, para referirse a la implicación de algunos militares venezolanos de alta graduación en el narcotráfico. Tras años sin saberse mucho más sobre esta supuesta organización, las autoridades estadounidenses comenzaron a referirse a la misma de nuevo tras la llegada del chavismo al poder, y utilizaron la utilizaron en una acusación de 2019 contra un grupo de militares chavistas dirigidos por Hugo Carvajal.
Posteriormente, el termino ha seguido utilizándose, señalando de formar parte de esta supuesta organización a varios dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, aunque sin aportar claridad en ningún momento sobre la estructura de este “cartel”. El 6 de enero, el Departamento de Justicia retiró buena parte de las referencias al “Cartel de los Soles” de la acusación contra Nicolás Maduro, demostrándose la falta de claridad que hay sobre la existencia de esta organización.
Tras la acción militar del 3 de enero (el mismo día que en 1990 Noriega se entregó a Estados Unidos tras la invasión de Panamá), Nicolás Maduro ha sido trasladado a Nueva York, para ser recluido en la misma cárcel en la que cumplía condena Juan Orlando Hernández. ¿Se puede esperar que la salida de Maduro del poder tenga algún impacto en las dinámicas del narcotráfico? Probablemente no. Trump ha declarado tras el secuestro del mandatario que a partir de ahora su gobierno va a tomar las decisiones en Venezuela, y que habrá grandes oportunidades para las empresas petroleras estadounidenses. También ha dejado en claro que no ha intervenido en el país para dar el poder a la oposición y restaurar la democracia en el país, y que permitirá a Delcy Rodríguez hacerse con el control de Venezuela siempre que se someta las directrices de Estados Unidos.
¿Por qué Trump ha decidido invadir Venezuela?
Es difícil saber las razones de una medida como esta, en Estados Unidos no dudan en achacar la misma a un intento de desviar la atención del público norteamericano sobre asuntos internos, o incluso sobre el proceso de revelación de los documentos de Epstein. Sin embargo, se pueden buscar las verdaderas razones de esta acción revisando la nueva estrategia de seguridad Nacional aprobada por Trump en noviembre de 2025.
En este documento, el asunto del narcotráfico aparece mencionado varias veces, sobre todo como una consecuencia de la migración descontrolada, aunque no constituye ninguna de las 5 prioridades que define. La palabra “droga” aparece solo 3 veces en el documento, frente a las 11 veces de “migración” o las 20 veces de “energía”. El foco de la estrategia de Trump está centrado en ampliar la influencia estadounidense en el exterior, para lograr detener la migración masiva, asegurar el acceso a materias primas y recursos energéticos (se habla incluso de “dominación energética”) e imponer a los aliados de Estados Unidos la obligación de realizar mayores aportes en la gestión de los asuntos globales.
Al referirse a su política para América Latina y el Caribe, el documento se autodefine como el “Corolario Trump” a la “Doctrina Monroe”, dirigido a restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Las reminiscencias a esta doctrina, utilizada como justificación de numerosas intervenciones militares y golpes de estado no deja espacio a la interpretación: se deben esperar cambios de gobierno por la fuerza para alinear a los países de la región con los intereses de Trump. Ya lo hemos visto en Venezuela.
La lucha contra el narcotráfico figura solo como una herramienta clave para implementar esta agenda política, económica y militarmente expansiva. Los objetivos en las Américas se definen claramente: limitar la influencia de sus “competidores” en la región (léase China y Rusia) y aumentar la presencia militar estadounidense en terceros países, incluyendo el despliegue de la Guardia Costera y la Marina en los mares de toda la región, así como garantizar un acceso expandido a determinados puntos estratégicos del hemisferio occidental (¿Panamá?, ¿Groenlandia?).
De esta forma, se puede concluir que Trump está instrumentalizando descaradamente la lucha contra el narcotráfico para imponer su agenda a nivel local y regional. No solo eso, la desvergüenza de la administración estadounidense llega a tal nivel, que mientras utiliza la guerra contra las drogas para derrocar a un presidente contrario a sus intereses, libera a un expresidente y narcotraficante convicto, responsable de múltiples asesinatos de transportar miles de toneladas de cocaína a su país.
¿Es la primera vez que Estados Unidos actúa de una manera tan contradictoria dentro de su cruzada contra las drogas?
Desde luego, el mundo no está acostumbrado (o al menos no hasta el inicio de la segunda presidencia de Trump) a una desfachatez de tal calibre en el manejo de la agenda antinarcóticos por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena realizar un breve análisis histórico para entender que, más allá de las formas, lo ocurrido en las últimas semanas se encuadra en un patrón que se ha repetido continuamente desde el lanzamiento de la guerra contra las drogas. Los ejemplos son tantos que no caben en un artículo, pero si vale la pena hacer referencia a algunos de los casos más sonados.
El caso con el que más paralelismos se han realizado es la invasión de Panamá y el encarcelamiento del que era su hombre fuerte en 1990: Manuel Noriega. Igual que hoy en Venezuela, entonces se justificó la invasión de Panamá como una misión contra el narcoestado panameño. Si bien es cierto que Noriega había convertido a su país en un gran centro de lavado de activos del narcotráfico y en un centro logístico y refugio seguro para narcotraficantes colombianos, no parece que la intervención militar fuera dirigida a poner fin a esta dinámica, sino más bien a deshacerse de un socio incomodo, que había demostrado hacer un doble juego durante el conflicto centroamericano en los años 80.
Prueba del poco interés de los estadounidenses en poner fin a la influencia del narco en Panamá la constituye el hecho de que el gobierno nombrado tras la caída de Noriega, juramentado en la base militar estadounidense de Fort Clayton, escogió como fiscal general de la república a Rogelio Cruz, miembro del consejo de administración del First Interamericas Bank, banco panameño propiedad de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali. Cruz tuvo que renunciar años después, cuando se supo que como fiscal había descongelado varias cuentas del Cartel de Cali. Tras la caída de Noriega, el papel de Panamá en el lavado de activos para el narcotráfico aumentó no disminuyó, sin que Estados Unidos mostrase preocupación alguna. Por lo demás, hoy sabemos que Noriega fue un agente a sueldo de la CIA durante décadas y que Estados Unidos vio con buenos ojos su llegada al poder en Panamá tras la sospechosa muerte del nacionalista Omar Torrijos, a pesar de que el gobierno estadounidense contaba con información que vinculaba a Noriega con el narcotráfico desde los años 70.
Este tipo de actitud del gobierno norteamericano viene produciéndose desde los inicios de la guerra contra las drogas. Tras la II Guerra Mundial, la CIA no dudó en apoyarse en la Francia liberada en un clan criminal de origen corso liderado por los hermanos Guerini. Estos mafiosos recibieron carta blanca para convertir Marsella en el mayor centro de producción de heroína del mundo, a cambio de reprimir a la izquierda en la ciudad portuaria y colaborar en la caída del alcalde comunista electo tras la II Guerra Mundial. De la actividad del clan Guerini surgió una gran trama de narcotráfico, conocida como “Conexión Francesa”, que alió a los corsos con Cosa Nostra de Sicilia y Norteamérica para garantizar un flujo de heroína estable a la costa este de Estados Unidos. Las conexiones políticas de esta trama fueron innumerables. La propia Cosa Nostra siciliana tuvo un papel clave en la represión del movimiento comunista en Italia, y logró incrustarse con fuerza en el sistema político de su país, una vez más con el beneplácito del gobierno norteamericano.
Del otro lado del charco, Cosa Nostra norteamericana también mantuvo relaciones con el gobierno estadounidense. Lucky Luciano, uno de los principales cabecillas del tráfico de heroína en Estados Unidos antes de la II Guerra Mundial, fue liberado de la cárcel tras el conflicto y deportado a Italia por los servicios que prestó durante la guerra al gobierno norteamericano. Poco después, estableció su base de operaciones en la Cuba de Batista, donde el juego, la prostitución y el tráfico de drogas se convirtieron en el motor económico de la isla.
En los años 60, con Estados Unidos metido de lleno en la Guerra de Vietnam, las contradicciones de la política antinarcóticos se hicieron aún más evidentes. Durante este conflicto, que tuvo importantes ramificaciones en Laos, Tailandia o Myanmar, una buena parte de los aliados militares estadounidenses tuvieron un rol clave en el desarrollo de la producción de opio y heroína en la región.
El investigador estadounidense Alfred McCoy, reveló en su obra “The politics of heroin in Southest Asia” muchos aspectos de esta trama. Según este autor, en Laos, el líder militar Ouane Rattikone y el paramilitar Vang Pao, ambos firmes aliados de Estados Unidos, se enriquecieron y financiaron su esfuerzo bélico contra los comunistas con el dinero de la droga.
En ambos casos la aerolínea Air America, propiedad de la CIA, facilitó la logística de las operaciones de narcotráfico de los lideres anticomunistas, transportando armas y drogas desde las montañas hasta ciudades costeras del sudeste asiático. Estos actores, junto con algunas unidades militares del Kuomintang desplegadas de forma irregular en Myanmar y Tailandia, así como altos cargos del gobierno de Vietnam del sur (Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ o Trần Thiện Khiêm), llegaron a conformar una macroestructura criminal, que convirtió a la región en una de las mayores productoras de opio y heroína de la época. El éxito de esta empresa fue total y para finales de los años 60, las tropas estadounidenses en Vietnam tenían un acceso tan fácil y barato a la heroína que se produjo una epidemia de drogadicción entre los soldados.
La degradación de la moral y la corrupción fue tal que incluso un grupo de criminales logró enviar heroína desde Vietnam del Sur a Estados Unidos en los ataúdes de los soldados muertos en combate. Tras el fin del conflicto, nunca se abrió juicio contra los grandes beneficiarios del narcotráfico en la contienda, aunque investigaciones tan lúcidas como la de Alfred McCoy ya habían revelado sus nombres y acciones. El líder paramilitar laosiano Vang Pao, uno de los mayores beneficiados por el tráfico de drogas durante la guerra, se exilió en California durante los años 70, donde residió hasta su muerte en 2011. Nunca fue juzgado por su pasado como narcotraficante.
La revolución cubana de 1959 provocó también una importante sacudida en el mundo criminal estadounidense, ya que la isla caribeña se había convertido en refugio y plataforma logística para las actividades de Cosa Nostra estadounidense durante la dictadura de Batista. Tras la caída del dictador, importantes figuras de la mafia como Santo Trafficante Jr se asentaron en Florida, donde continuaron con sus actividades, al tiempo que se convertían en piezas clave de la lucha contra el régimen de Fidel Castro. Trafficante Jr estuvo involucrado en varios planes organizados por la CIA para asesinar al líder cubano, y logró mantenerse en libertad hasta su fallecimiento en 1987.
En el ínterin, fue señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Kennedy, y como participe en acuerdos de narcotráfico en Vietnam y Costa Rica. Su organización fue el paraguas en el que miembros de Cosa Nostra y cubanos anticastristas con vínculos criminales comenzaron a llevar una droga hasta entonces relativamente desconocida en Estados Unidos, pero muy popular en la Cuba de Batista: la cocaína.
Ya en los años 70, con un consumo de cocaína al alza en Estados Unidos, se produjo un aumento drástico del cultivo de coca y producción de cocaína en Sudamérica. Este crecimiento fue liderado por Bolivia, gobernada por el firme aliado estadounidense Hugo Banzer, que llegó al poder tras un golpe de estado en 1971 financiado por narcotraficantes como Roberto Suarez. Durante la dictadura de Banzer, según Los Angeles Times, la participación de los militares en el negocio de la droga pasó de consistir en “sobornos aislados a convertirse en beneficios multimillonarios”. Estados Unidos no tuvo queja alguna contra el dictador boliviano, firme en la lucha contra el comunismo. A principios de los 80, se produjo un nuevo golpe de estado en Bolivia, financiado por los narcotraficantes y conocido como “golpe de la cocaína”. Según Michael Levine, agente de la DEA responsable de Bolivia durante los 70, meses antes de la narco-asonada, avisó personalmente a sus superiores de la inminencia de un cambio de gobierno que llevaría a los narcotraficantes al poder en el país andino.
Según Levine, tras informar sobre estos hechos fue inmediatamente trasladado a Estados Unidos, donde se le abrió un procedimiento disciplinario que acabó arruinando su carrera como agente antinarcóticos. El golpe sirvió para frenar la llegada de la izquierda al gobierno boliviano. En su libro “La Guerra Falsa”, Levine narra muchos otros detalles del caso, que deja en muy mal lugar al trabajo de la DEA.
Similares situaciones se dieron en el Paraguay de Stroessner, que convirtió su país en un punto de tránsito de heroína, de la mano de militares y policías del régimen, al tiempo que se convertía en referente anticomunista a nivel mundial de la mano de su socio, Estados Unidos. En Jamaica, la violencia política contra la izquierda gobernante a finales de los 70, fue financiada por el dinero de la droga, sumiendo al país en una violencia endémica que sigue afectando a la isla caribeña en nuestros días. Aunque diversos informes apuntan a que esta violencia fue ejercida por grupos criminales como la Shower Posse en favor de la derecha jamaicana, Estados Unidos nunca cuestionó al líder derechista jamaicano Edward Seaga. A pesar de que estas bandas jamaicanas fueran responsables de traficar una parte importante de las drogas que entraban a Estados Unidos durante la época.
Ya en los 80, con la Guerra Fría desbocada en Centroamérica, Estados Unidos vivió sus contradicciones más profundas. La operación ilegal que el gobierno de Ronald Regan lanzó para financiar a la contra nicaragüense, acabó convirtiéndose en una oportunidad de oro para narcotraficantes de todo el hemisferio occidental, que pasaron de simples delincuentes, a integrarse en mayor o menor medida en el esfuerzo bélico estadounidense contra los sandinistas. Tal y como reveló la comisión de investigación sobre el Irán Contra dirigida por John Kerry, el gobierno estadounidense entregó cientos de miles de dólares a varios narcotraficantes, como el hondureño Juan Ramon Matta, para que usasen sus flotas de aviones para transportar armas a la contra nicaragüense (disfrazada de ayuda humanitaria). Esta decisión se tomó a pesar de que había constancia del historial delictivo de hombres como Matta, Michael Palmer o Floyd Carlton y que se contaba con información que certificaba que los aviones utilizados para transportar armamento a los contras eran también usados para llevar drogas a los Estados Unidos. Otro caso fue el de Barry Seal, un narcotraficante estadounidense al que se permitió continuar su actividad a cambio de servir como piloto para el suministro de armas a la contra. Según diversos reportes, Seal transportó drogas desde Centroamérica y Colombia hasta Mena, Arkansas, sin ser perseguido por ello. Por lo demás, Seal fue utilizado como topo en el Cártel de Medellín, y participó en un montaje con el que Oliver North pretendió vincular al gobierno sandinista con Pablo Escobar. Para ello, Seal realizó unas fotografías con una cámara oculta en su avión, en las que se ve descargar drogas de la aeronave a Pablo Escobar, junto con el que se presentó como un supuesto alto cargo sandinista, Federico Vaugh. Por la publicación de las mencionadas fotos, Seal fue asesinado en Estados Unidos a manos de sicarios del Cártel de Medellín. Por lo demás, una comisión de investigación del Congreso estadounidense calificó toda la operación, así como las acusaciones contra los sandinistas, de un engaño urdido por Oliver North, y se estableció que en realidad Federico Vaughn era un agente estadounidense. Las narco-conexiones no terminaron ahí. Según denunció el agente de la DEA Celerino Castillo III, un hangar utilizado por la CIA en el aeropuerto de Ilopango (San Salvador) para operaciones logísticas de la contra, dirigido por el agente cubano americano Félix Rodríguez, fue un espacio seguro utilizado por traficantes de drogas para sus operaciones. Según el agente de la DEA, cuando trató de investigar el caso se encontró con un “muro de resistencia” institucional.
El mismo Félix Rodríguez fue posteriormente acusado de haber participado en la sesión de tortura que precedió al asesinato del agente de la DEA en México Kiki Camarena. La versión oficial de esta muerte de Camarena es que se debió a que el agente había afectado los intereses del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Sin embargo, Héctor Berrellez, agente de la DEA encargado de investigar su asesinato, ha señalado en múltiples ocasiones que la verdadera razón del crimen contra Camarena fue que descubrió la implicación de destacados miembros del Cártel de Guadalajara (el predecesor del Cártel de Sinaloa) en la financiación y entrenamiento de la Contra nicaragüense. Berrellez también afirma que Félix Rodríguez fue el responsable de la tortura y asesinato del agente de la DEA. Por lo demás, Ramon Milian Rodríguez, un cubano considerado como el contable del Cártel de Medellín, declaró haber entregado 10 millones de dólares de los narcos colombianos al propio Félix Rodríguez para financiar a la contra. El omnipresente Félix Rodríguez también tuvo un papel en la gestión de ARDE, el frente sur de la contra, desplegado en Costa Rica, y que fue manejado directamente por el agente de la CIA tras expulsar al nicaragüense Edén Pastora del control de la milicia paramilitar. Pues bien, cuando Rodríguez tomó el control de ARDE puso a su cabeza a un conocido terrorista y narcotraficante anticastrista: Frank Castro, quien según la propia CIA montó un narco-laboratorio en Costa Rica. Al mismo tiempo, en California, los activistas antisandinistas Norwin Meneses y Danilo Blandón actuaron con amplia impunidad, inundando Los Ángeles de crack, al asociarse con el traficante local “Freeway” Rick Ross, y colaborando a extender la epidemia de consumo de esta droga. Por los delitos cometidos, Meneses nunca fue condenado y Blandón pasó muy poco tiempo en prisión, al colaborar con la justicia para apresar a Rick Ross, el último en la cadena de suministro de la droga y sin conexiones políticas. Cuando el periodista Gary Webb sacó a la luz este caso, la congresista demócrata Maxine Waters exigió responsabilidades a la CIA por la ola de muerte y violencia que generó la llegada del crack a South Central Los Ángeles. La CIA elaboró un informe en el que reconoció trabajar con numerosos criminales, aunque negó la existencia de un plan del gobierno de Estados Unidos para introducir drogas en el país o destruir las comunidades afroamericanas.
Mientras, en Honduras, varios militares cercanos al gobierno estadounidense como Leónidas Torres Arias, trabajaban al mismo tiempo para el narcotraficante Juan Ramón Matta. Tal vez el caso mas paradigmático del apoyo que Estados Unidos dio a los narco-militares de Honduras es el de José Bueso Rosa. Este hombre fue acusado de participar en un complot de 1984 para asesinar al presidente hondureño Roberto Suazo Córdova, con dinero proveniente del trafico de cocaína. Aunque inicialmente fue condenado a varios años de cárcel, Bueso Rosa salió de prisión en menos de 3 años, tras las presiones realizadas por Oliver North, que consideraba que el militar hondureño podría llegar a hacer revelaciones explosivas sobre el Irán-Contra.
El caso del embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, también sirve para comprender las verdaderas motivaciones de la guerra contra las drogas. Como Embajador en Colombia, Tambs empujó con fuerza al estado colombiano a enfrentar a los narcotraficantes, y llegó a acuñar el termino “narcoterrorismo”, para tratar de establecer un vínculo entre las FARC y el mega-laboratorio de drogas del Cártel de Medellín denominado “Tranquilandia”. Sin embargo, tras su salida del país andino fue destinado como Embajador en Costa Rica, donde fue declarado persona non grata, y debió salir del país acusado de favorecer las actividades del narcotráfico en Centroamérica y en relación al Irán Contra.
Ya en el siglo XXI, la política antidrogas de la primera potencia mundial siguió siendo profundamente contradictoria. El Plan Colombia, un proyecto de ayuda militar masiva, que fue acompañado de la creación de numerosas bases militares norteamericanas en este país, ha sido presentado como un rotundo éxito en la política de interdicción de drogas estadounidense. Esto a pesar de que, a su cierre en 2016, la producción de cocaína en el país había crecido, pasando de 622 toneladas métricas en 2000, a 772 toneladas el año en el que este programa concluyo formalmente. En lo que sí tuvo éxito el Plan Colombia fue en acorralar a la guerrilla de las FARC, a la que Estados Unidos responsabilizaba del narcotráfico en el país andino. La ejecución del plan también sirvió para fortalecer al paramilitarismo colombiano, organizado alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este grupo, que tuvo un papel fundamental en la lucha contra las FARC, estuvo constituido por terratenientes y narcotraficantes, y logró incrustarse con fuerza en el sistema político colombiano durante la aplicación del Plan Colombia, generando graves problemas a la gobernanza del país. El concepto de parapolítica saltó a la actualidad social en Colombia cuando se descubrió que los narco-paramilitares habían conseguido infiltrarse en varios partidos políticos, controlando alcaldías, diputaciones y gobernaciones por todo el país. Durante la aplicación del Plan Colombia, los narco-paramilitares de las AUC trabajaban mano a mano con el ejercito colombiano, con quien compartían inteligencia y objetivos militares. La ayuda estadounidense fue clave para lograr que este grupo irregular hiciese retroceder a las FARC con tanto éxito. Una vez más, el tráfico de drogas se estimó como un objetivo secundario.
Los casos referidos en este articulo son solo algunos de numerosos ejemplos de las profundas contradicciones de la guerra contra las drogas. En realidad, qué podía esperarse de una política lanzada por una figura como Richard Nixon, un político corrupto y mentiroso, con documentados vínculos con el crimen organizado. La DEA, una creación de Nixon, estuvo desde su origen rodeada de polémica. De hecho, John Bartels, su primer director, tuvo que renunciar al poco de tomar el cargo, tras ser acusado de frenar investigaciones sobre corrupción dentro de la agencia. Con estos antecedentes, no es de extrañar que pasase casi inadvertida la noticia de que Nicholas Palmeri, jefe de la DEA en México, renunció recientemente a su cargo, tras conocerse que se reunía con los abogados de los grandes narcotraficantes latinoamericanos en los Cayos de Florida. El propio congreso estadounidense ha puesto en duda la transparencia con la que la DEA maneja fondos del gobierno federal, que utiliza sin rendir las cuentas legalmente previstas para oscuras operaciones de lavado de activos que supuestamente sirven en la lucha contra el narcotráfico.
En años recientes, en México se ha puesto en duda la idoneidad de las decisiones de esta agencia, tras lamentables sucesos como la masacre de Allende, que provocó cientos de muertos para conseguir que la DEA localizase a un líder del cartel de los Zetas. Sin duda, la lucha contra los narcóticos sigue siendo una importante herramienta para presionar a gobiernos extranjeros, y en los últimos años se ha podido constatar como la agencia realiza investigaciones prospectivas contra lideres incomodos como Andrés Manuel López Obrador, para tratar de desacreditarlos y eliminarlos del mapa político.
Desde su lanzamiento, la guerra contra las drogas ha sido una política contraproducente, que ha asolado a decenas de países como Colombia, México, Honduras o Afganistán. En estos y otros lugares, un narcotráfico cada vez más empoderado y violento ha provocado cientos de miles de muertos, ha alimentado guerras y ha causado una descomposición política y social que no permite el avance de una agenda de justicia social, democracia y derechos humanos. Por tratarse de una política altamente instrumentalizada por su principal valedor, Estados Unidos, ha sido además un foco de inestabilidad, y una de las causas del aumento del militarismo y la escalada armamentística en el mundo. No sorprende pues, que una política como la guerra contra las drogas esté siendo instrumentalizada por Trump para derrumbar el orden internacional vigente desde el fin de la II Guerra Mundial. La principal diferencia entre Trump y sus predecesores es el desparpajo, grosería y actitud provocadora con la que el presidente avanza sus propios intereses, aunque los medios sigan siendo los mismos a los que Estados Unidos nos ha tenido acostumbrados durante décadas. ¿Hasta cuando el mundo se plegará a esta política criminal, inhumana y autodestructiva?
