Foto portada: En esa camioneta asesinaron a José Luis Hernández Suyapa Guillén.
Tegucigalpa, Honduras. –– Violencia contra integrantes de las cooperativas campesinas en el Bajo Aguán se extendió el viernes, con el asesinato de José Luis Hernández, socio de la cooperativa Gregorio Chávez, y su pareja Suyapa Guillén.
La información fue divulgada por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que señaló la acción violenta como “[o]tro crimen contra el movimiento campesino que aglutina la Plataforma Agraria que se suma a una larga lista de ataques de ataques perpetrados en el Bajo Aguán”.
El doble crimen se suma a las acciones violentas contra integrantes de organizaciones campesinas que inició en la víspera de Navidad del año pasado, 24 de diciembre, con el desplazamiento forzado de las y los integrantes de la cooperativa Camarones, y que se ha extendido en contra de las cooperativas Tranvío y Chile.
El BED cuestionó la incapacidad gubernamental para frenar la violencia, señalando que esta se convierte en complicidad dado que la estructura criminal de “Los Cachos” fue denunciada desde 2022, sin que se tomaran acciones.
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“El grupo criminal ‘Los Cachos’ ha impuesto el terror en la región [del Bajo Aguán], ejecutando impunemente ataques con extrema violencia contra las cooperativas campesinas”, señaló en redes sociales el Bufete Estudios para la Dignidad.
El BED, representante legal de las cooperativas campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria, exigió “respuestas inmediatas, justicia para las víctimas y la garantía real de protección para las familias campesinas”.
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) apuntaron, en redes sociales, que el crimen no es un hecho aislado, y se enmarca en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades campesinas “con la complicidad de empresas privadas de seguridad vinculadas a la corporación DINANT […]”.
La organización popular señaló, además, que en el Bajo Aguán se vive un escenario de campañas de odio y desinformación que busca desacreditar a quienes defienden sus derechos en beneficio de intereses agroindustriales.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó el asesinato de la pareja, subrayando el “acto de extrema violencia” como una “escalad de agresiones contra varias cooperativas campesinas del Bajo Aguán”, que inició con la incursión de grupos armados.
Desde la OACNUDH se exigió “al Estado de Honduras una investigación rápida y rigurosa, la captura de los responsables y medidas urgentes para detener la violencia en la zona, prevenir nuevos ataques y proteger la vida de las familias afiliadas a las cooperativas campesinas”.
